Judicial
Pandilleros pagarán 90 años de cárcel por el homicidio de un sargente de la PNC en La Unión
El sargento José Enrique González libró en la cama de un hospital una lucha de supervivencia por más de tres meses contra las heridas mortales que le hizo un grupo de pandilleros que lo atacaron cuando cumplía su deber en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El 11 de diciembre de 2021, González no ganó la batalla y falleció.
Tres meses y seis días atrás, el 5 de septiembre, el sargento de la Policía Nacional Civil y otros dos agentes acudieron al barrio El Calvario, sobre la Ruta Militar en el municipio de Santa Rosa de Lima, para patrullar y atender una llamada anónima de emergencia: pandilleros intentaban privar de libertad a un trabajador de vigilancia privada.
Mientras se encontraban en el patrullaje, al menos cuatro pandilleros armados sorprendieron a los policías y les dispararon. Se abrió un tiroteo que terminó con tres heridos de gravedad: dos pandilleros y el sargento González. Los dos delincuentes fallecieron luego, mientras que el sargento sobrevivió a las heridas, pero fue ingresado en condición grave en un hospital.
Las autoridades detuvieron a los otros dos involucrados en el ataque a los policías: David Alexander Vanegas Serrano y Carlos Alfredo Bonilla Guzmán, miembros de la pandilla MS-13. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos pandilleros fueron por intento de homicidio contra el sargento y los agentes.
Sin embargo, cuando González falleció tres meses después, las imputaciones contra los criminales cambiaron a homicidio agravado en el caso del sargento y a intento de homicidio contra los otros dos policías.
Este miércoles 14 de junio, el Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 90 años de prisión a Vanegas Serrano y a Bonilla Guzmán por los crímenes que cometieron el 5 de septiembre de 2021. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los dos pandilleros en el homicidio agravado del sargento González, por el cual recibieron 60 años de cárcel, y también demostró su culpabilidad en los homicidios agravados tentados en perjuicio de los otros dos agentes, por los que fueron condenados a 30 años más.
El 11 de diciembre de 2021, la Policía hizo un entierro con honores al sargento González, quien murió en cumplimiento del deber. Fue el policía número 346 en la historia de la institución que había ofrendado su vida por el país, dijo ese día la institución, que dio sus condolencias a sus familiares y que se comprometió a ayudarlos a través de Bienestar Policial.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
