Judicial
Pandilleros pagarán 90 años de cárcel por el homicidio de un sargente de la PNC en La Unión
El sargento José Enrique González libró en la cama de un hospital una lucha de supervivencia por más de tres meses contra las heridas mortales que le hizo un grupo de pandilleros que lo atacaron cuando cumplía su deber en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El 11 de diciembre de 2021, González no ganó la batalla y falleció.
Tres meses y seis días atrás, el 5 de septiembre, el sargento de la Policía Nacional Civil y otros dos agentes acudieron al barrio El Calvario, sobre la Ruta Militar en el municipio de Santa Rosa de Lima, para patrullar y atender una llamada anónima de emergencia: pandilleros intentaban privar de libertad a un trabajador de vigilancia privada.
Mientras se encontraban en el patrullaje, al menos cuatro pandilleros armados sorprendieron a los policías y les dispararon. Se abrió un tiroteo que terminó con tres heridos de gravedad: dos pandilleros y el sargento González. Los dos delincuentes fallecieron luego, mientras que el sargento sobrevivió a las heridas, pero fue ingresado en condición grave en un hospital.
Las autoridades detuvieron a los otros dos involucrados en el ataque a los policías: David Alexander Vanegas Serrano y Carlos Alfredo Bonilla Guzmán, miembros de la pandilla MS-13. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos pandilleros fueron por intento de homicidio contra el sargento y los agentes.
Sin embargo, cuando González falleció tres meses después, las imputaciones contra los criminales cambiaron a homicidio agravado en el caso del sargento y a intento de homicidio contra los otros dos policías.
Este miércoles 14 de junio, el Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 90 años de prisión a Vanegas Serrano y a Bonilla Guzmán por los crímenes que cometieron el 5 de septiembre de 2021. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los dos pandilleros en el homicidio agravado del sargento González, por el cual recibieron 60 años de cárcel, y también demostró su culpabilidad en los homicidios agravados tentados en perjuicio de los otros dos agentes, por los que fueron condenados a 30 años más.
El 11 de diciembre de 2021, la Policía hizo un entierro con honores al sargento González, quien murió en cumplimiento del deber. Fue el policía número 346 en la historia de la institución que había ofrendado su vida por el país, dijo ese día la institución, que dio sus condolencias a sus familiares y que se comprometió a ayudarlos a través de Bienestar Policial.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
