Judicial
Madre perdona al asesino de su hija universitaria en Prados de Venecia, Soyapango
Después de 26 meses de haber sufrido el asesinato de su hija, Emely Astrid Castro Sandoval, Shelvi Sandoval decidió por medio de una carta, perdonar al asesino de su primogénita, una joven universitaria estudiante de periodismo que fue ultimada a balazos, el 21 de enero de 2019, en una parada de buses de la colonia Prados de Venecia en Soyapango.
Emely fue asesinada cuando solo le faltaban tres meses de graduarse como licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica.
La familia de la joven tiene como recuerdo el título que tristemente recibieron el día de la graduación.
Emely tenía muchos sueños por cumplir y un mes antes de ser asesinada, escribió una carta de agradecimiento a su madre y familia, por el sacrificio que hicieron en pagarle sus estudios universitarios.
Dicha carta fue encontrada entre sus pertenencias semanas después de su muerte.
Para sorpresa de mucho y un caso inusual, la madre de Emely, perdonó al asesino de su hija.
A Emely la mató un pandillero de la MS identificado como William Alexander López Montano, alias “Trucha”, quien vivía en la misma colonia donde residía Emely. Ambos eran amigos desde su infancia, de pequeños, solían jugar en los reducidos pasillos de la colonia. En la adolescencia acostumbraban conversar de vez en cuando.
Pero años después, William Alexander sufrió la muerte de su mejor amigo a manos de pandilleros contrarios a donde él vivía, algo que el sujeto no perdonó y decidió vengar ingresando a la clica de la Mara Salvatrucha de Prados de Venecia, una zona que ha permanecido atestada de mareros en las últimas dos décadas, según lo relatan sus vecinos.
A Shelvi le causó asombro quién mató a su hija, no lo podía creer, ya que recordaba a William con mucho aprecio, sobre todo cuando de niño solía ayudarle a cargar las bolsas del supermercado y le ayudaba a cualquier mandado.
Sin embargo, a William no le importó el cariño de la familia Sandoval y aquel lunes 21 de enero de 2019, le asestó a quemarropa dos disparos a Emely, uno en la espalda y otro en la cabeza. En el mismo ataque, también le disparó a otro joven que acompañaba a la universitaria.
William nunca huyó, siguió viviendo en la zona y el domingo 26 de mayo de 2019, cuatro meses después del hecho, los detectives lo acorralaron y lo detuvieron en la misma colonia donde mató a su vecina y amiga. Al sujeto los policías le encontraron varios audios en su celular donde se arrepentía de haber cometido el asesinato de Emely. William tenía todo en contra ante los jueces.
El asesino al final fue condenado a 33 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y ocho años cuatro meses por homicidio tentado. El convicto guarda prisión en el penal de Izalco, según fuentes judiciales.
Shelvi ha encontrado un poco de paz y resignación en su fe cristiana, pero aún recuerda aquella fría madrugada cuando recibió la trágica noticia del asesinato de su hija. Temblaba de dolor, y aún más triste, no pudo despedirse del cadáver de su hija.
Ahora, la doliente asegura que debe cerrar un ciclo de dolor por eso “no le cabe odio para William, al contrario, quiere recordarlo como aquel adolescente con raíces cristianas que era muy atento y no como el asesino de su hija”.
Shelvi resalta mucho la belleza natural que le admiraban en las calles a su hija. Nunca supo cuál fue en realidad el motivo de William para matar a su hija, dice que no le sirve de nada saberlo, ya que en su corazón ha perdonado.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
