Judicial
Joven que busca justicia después de que un grupo de policías y militares lo torturaron
Los golpearon en el cuerpo varias ocasiones, lo intentaron ahogar en una quebrada y lo amenazaron con cortarle la lengua, esas fueron algunas de las acciones que un joven de un municipio de San Salvador señaló que un grupo de policías y militares supuestamente cometieron en su contra luego de arrestarlo bajo la sospecha de ser informante de las pandillas que operan en su comunidad.
Otoniel, nombre modificado por cuestiones de seguridad, tiene 16 años de edad y vive con su madre en una pequeña casa hecha de barro y varas de bambú en medio de una zona boscosa de un cantón al occidente del país. Hasta hace algunos años, la zona era tranquila y sin problemas, pero tras la llegada de las pandillas comenzó a cambiar todo el ambiente del lugar.
Su Madre, Antonia (nombre cambiado por protección) siempre se preocupó por cuidar de ellos. Sin embargo, las pandillas le quitaron la vida al resto de sus hijos, quedándose sola con Otoniel. Un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a su hijo a cargo de la casa para que nada malo le sucediera.
Según el expediente judicial, eran las 11:30 de la mañana, Antonia caminó sobre una calle empolvada cuando miró a lo lejos un grupo de ocho soldados y dos policías que venían en dirección hacia ella; cuando se encontraron ellos le preguntaron:
– ¿Es usted Antonia? -le dijo uno del grupo.
– Soy yo -le dijo ella con un tono de extrañeza.
– Vámonos para su casa -le exigió otro obligando a Antonia para que se regresara a su casa junto con ellos.
Ella se dio la vuelta y comenzaron a caminar. Durante el trayecto la cuestionaron sobre cuántos hijos tenía. Ella fue honesta y les explicó que sus hijos habían sido asesinados y que solo le quedaba uno de 16 años.
Según el expediente judicial, al llegar al lugar, entraron a la casa y ella les mostró donde estaba su hijo. “Veni muchacho, queremos hablar con vos”, le dijo un soldado a Otoniel.
“¿Vos sos el que avisa a los pandilleros cuando llegan los policías?”, preguntó el soldado. Otoniel lo negó. Ante la negativa del muchacho, ellos le pidieron que saliera al patio, él obedeció.
Se llevaron a Otoniel
Durante la declaración Otoniel expuso que estando en el patio uno de los soldados le clavó un puñetazo en el pecho, patadas en la cabeza y en la espalda. Antonia afligida les pidió que dejaran de golpearlo que no era culpable de nada. Sin embargo, las palabras de ella no calaron en el grupo de los soldados y policías quienes lo arrestaron de inmediato.
En el expediente judicial consta que Antonia en su relato dijo que suplicó que no se lo llevaran. El grupo de hombres le sugirió que no se metiera en el arresto porque si no sería la siguiente. Aquellos hombres escoltaron a Otoniel y se lo llevaron por la calle de tierra rumbo a la delegación policial.
-“Si te corrés te vamos a matar” -le advirtió uno del grupo, amenazándolo.
Según los del grupo de seguridad, Otoniel era uno de los sospechosos, ya que horas antes se registró un tiroteo entre policías y pandilleros que operan en la misma zona donde él vive. En el enfrentamiento, murió un pandillero.
Otoniel explicó en su declaración que después de varios minutos de recorrido, se detuvieron y lo hincaron sobre el suelo. Uno de los soldados desenfundó su cuchillo y le dijo que le cortaría la lengua. Ese momento dio el paso para que otro soldado le presionara los ojos con los dedos ejerciendo mucha fuerza hacia dentro, el gritaba del dolor. Jamás imaginó que esto le llegaría a suceder.
Luego de eso, lo sacaron del camino y lo metieron a un potrero que estaba a un costado. Lo acostaron debajo del sol y le tiraban agua en la nariz y en la boca con el propósito de ahogarlo. Otoniel dijo que uno de los soldados se paró en su abdomen mientras que otro le proporcionaba patadas.
“¿Dónde tienen las armas los pandillero?”, “¿a dónde se corrieron los pandilleros?”, eran los cuestionamientos del grupo de hombres. Él negó en todo momento las acusaciones.
De la tortura a la bartolina
Él señaló que luego de los golpes lo introdujeron a unos matorrales y uno de los hombres le colocó una chaqueta en el cuello para asfixiarlo.
Aquel hombre le preguntó:
-¿Dónde se corrieron los demás?
-No sé, no sé nada -les dijo angustiado.
-“¡No seas pendejo! Vos sabes para dónde se fueron los otros delincuentes si vos participaste en intercambio de disparos -le enfatizó.
Otoniel le aclaró nuevamente que no tenía nada que ver pero que había visto que unos salieron corriendo hacia una quebrada. Cuando el policía encontró una respuesta le dijo que le mostrara la quebrada junto con los otros soldados.
Lo llevaron a la orilla de la quebrada y le sumergieron la cabeza en una poza de agua y luego uno del grupo le colocó el pie en la cabeza mientras que otro le proporciona un puntapié en el estómago para ahogarlo, según señala el expediente.
Pasaron varios minutos ahí hasta que uno de los agentes le colocó a una venda en los ojos y se lo llevaron nuevamente a la calle. Ahí lo esperaba una patrulla para llevárselo a la subdelegación, donde pasó sentado y esposado por varios minutos hasta que lo pasaron a una bartolina.
A los pocos minutos, Antonia llegó al lugar y preguntó por su hijo. Según el testimonio de Antonia, el policía de guardia le contestó riéndose que él estaba ahí y que debía llamar para ver la condición de Otoniel, pero ella le explicó que no tenía dinero para comunicarse con ellos.
Horas más tarde, Otoniel contó y denunció lo que el grupo de policías y soldados hicieron en su contra cuando lo traían detenido desde su casa. Él explicó que no logró reconocer a ninguno de ellos, ya que todos traían gorro navarone, excepto a uno: el policía que le proporcionó un puntapié dentro de su casa.
A Otoniel y a su madre les mostraron una serie de fotografías donde identificaron al agente que supuestamente lo había agredido. Se trataba de David Esteban Guevara Ascencio, a quien acusaron de realizar, junto con los otros agresores, un mal procedimiento y actos de tortura en su contra.
Debido a que es el único que logró identificarse, Amaya Villlalta es el único procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por delito de tortura en este caso. La audiencia está programada para el 29 de julio de este año, donde se espera se determine la participación o no de este imputado en el hecho.
Por: El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
