Judicial
Mauricio Funes llama «descarada» a la Fiscalia tras operativo con fines de extinción de dominio
“¡Descarados!”, escribió el expresidente de la República, Mauricio Funes, en su cuenta de Twitter, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba un operativo de incautación con fines de extinción de dominio vinculados a las personas que son procesadas por el caso “Saqueo Público”, mismo en donde es señalado el exfuncionario.
Descarados! En la fotografía del operativo de hoy de la FGR aparece el Jefe fiscal de la Unidad Financiera que hace unos días dijo que la FGR no tenía pruebas en mi contra. Si no hay pruebas entonces ¿por qué me relacionan arbitrariamente con estos bienes y aseguran que son míos? pic.twitter.com/fLd2iQfrYZ
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 19 de junio de 2018
“Noten la magnitud del show mediático que continúa haciendo la FGR. Las propiedades incautadas este día no tienen nada que ver conmigo”, escribió Funes en horas de la tarde de hoy, quien desde que se inició el proceso judicial ha negado todos los señalamientos que tiene la FGR en su contra por los supuestos delitos de malversación de fondos, peculado entre otros.
Según la FGR, Funes habría desviado alrededor de 351 millones de dólares para beneficiar a sus amigos, allegados, funcionarios de gobierno y a familiares, quienes recibieron grandes sumas de dinero con los cuales se pagaron viajes, hicieron compras de vehículos, pago de cirugías cosméticas y compra de propiedades bajo de testaferros.
En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Douglas Menéndez, acompañado del jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, incautaron cerca de 20 manzanas en donde se ha cultivado caña de azúcar, ubicadas en La libertad. Ante esto el exfuncionario aclaró que: “Son bienes propiedad de una sociedad de Miguel Menéndez de la que no soy socio. No hay ni un tan solo dólar proveniente de fondos públicos en ellas”.
A través de su cuenta de Twitter, la FGR señaló que 14 de las 24 propiedades que fueron incautadas hoy, pertenecen a testaferros como Miguel Menéndez. “No tiene ni una prueba de que yo sea dueño de 14 inmuebles. Todas las propiedades con las que me relacionan son de Miguel Menéndez, quién estoy seguro que demostrará que las adquirió con sus propios recursos”, sentenció.
Sin embargo el fiscal general reafirma las acusaciones “El en rancho que procedimos, en la zona de Cangrejera, están relacionados al expresidente Funes con prestanombres. Esta propiedad si está relacionada con Miguel Menéndez, Mecafé”, reafirmó.
Menéndez aclaró que dentro de las próximas incautaciones se encuentra dos avionetas, una de ellas en un inicio estaba a nombre de Mecafé pero al iniciar las investigaciones por la FGR fue traspasada a otra sociedad en la que se ha identificado a una persona de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) quien se supone cambió el número de matrícula para no ser identificada. “Esta avioneta fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de Mecafé para uno de los hijos de Mauricio Funes”, apuntó el fiscal. La aeronave podría estar resguardada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.
