Judicial
Joven que busca justicia después de que un grupo de policías y militares lo torturaron
Los golpearon en el cuerpo varias ocasiones, lo intentaron ahogar en una quebrada y lo amenazaron con cortarle la lengua, esas fueron algunas de las acciones que un joven de un municipio de San Salvador señaló que un grupo de policías y militares supuestamente cometieron en su contra luego de arrestarlo bajo la sospecha de ser informante de las pandillas que operan en su comunidad.
Otoniel, nombre modificado por cuestiones de seguridad, tiene 16 años de edad y vive con su madre en una pequeña casa hecha de barro y varas de bambú en medio de una zona boscosa de un cantón al occidente del país. Hasta hace algunos años, la zona era tranquila y sin problemas, pero tras la llegada de las pandillas comenzó a cambiar todo el ambiente del lugar.
Su Madre, Antonia (nombre cambiado por protección) siempre se preocupó por cuidar de ellos. Sin embargo, las pandillas le quitaron la vida al resto de sus hijos, quedándose sola con Otoniel. Un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a su hijo a cargo de la casa para que nada malo le sucediera.
Según el expediente judicial, eran las 11:30 de la mañana, Antonia caminó sobre una calle empolvada cuando miró a lo lejos un grupo de ocho soldados y dos policías que venían en dirección hacia ella; cuando se encontraron ellos le preguntaron:
– ¿Es usted Antonia? -le dijo uno del grupo.
– Soy yo -le dijo ella con un tono de extrañeza.
– Vámonos para su casa -le exigió otro obligando a Antonia para que se regresara a su casa junto con ellos.
Ella se dio la vuelta y comenzaron a caminar. Durante el trayecto la cuestionaron sobre cuántos hijos tenía. Ella fue honesta y les explicó que sus hijos habían sido asesinados y que solo le quedaba uno de 16 años.
Según el expediente judicial, al llegar al lugar, entraron a la casa y ella les mostró donde estaba su hijo. “Veni muchacho, queremos hablar con vos”, le dijo un soldado a Otoniel.
“¿Vos sos el que avisa a los pandilleros cuando llegan los policías?”, preguntó el soldado. Otoniel lo negó. Ante la negativa del muchacho, ellos le pidieron que saliera al patio, él obedeció.
Se llevaron a Otoniel
Durante la declaración Otoniel expuso que estando en el patio uno de los soldados le clavó un puñetazo en el pecho, patadas en la cabeza y en la espalda. Antonia afligida les pidió que dejaran de golpearlo que no era culpable de nada. Sin embargo, las palabras de ella no calaron en el grupo de los soldados y policías quienes lo arrestaron de inmediato.
En el expediente judicial consta que Antonia en su relato dijo que suplicó que no se lo llevaran. El grupo de hombres le sugirió que no se metiera en el arresto porque si no sería la siguiente. Aquellos hombres escoltaron a Otoniel y se lo llevaron por la calle de tierra rumbo a la delegación policial.
-“Si te corrés te vamos a matar” -le advirtió uno del grupo, amenazándolo.
Según los del grupo de seguridad, Otoniel era uno de los sospechosos, ya que horas antes se registró un tiroteo entre policías y pandilleros que operan en la misma zona donde él vive. En el enfrentamiento, murió un pandillero.
Otoniel explicó en su declaración que después de varios minutos de recorrido, se detuvieron y lo hincaron sobre el suelo. Uno de los soldados desenfundó su cuchillo y le dijo que le cortaría la lengua. Ese momento dio el paso para que otro soldado le presionara los ojos con los dedos ejerciendo mucha fuerza hacia dentro, el gritaba del dolor. Jamás imaginó que esto le llegaría a suceder.
Luego de eso, lo sacaron del camino y lo metieron a un potrero que estaba a un costado. Lo acostaron debajo del sol y le tiraban agua en la nariz y en la boca con el propósito de ahogarlo. Otoniel dijo que uno de los soldados se paró en su abdomen mientras que otro le proporcionaba patadas.
“¿Dónde tienen las armas los pandillero?”, “¿a dónde se corrieron los pandilleros?”, eran los cuestionamientos del grupo de hombres. Él negó en todo momento las acusaciones.
De la tortura a la bartolina
Él señaló que luego de los golpes lo introdujeron a unos matorrales y uno de los hombres le colocó una chaqueta en el cuello para asfixiarlo.
Aquel hombre le preguntó:
-¿Dónde se corrieron los demás?
-No sé, no sé nada -les dijo angustiado.
-“¡No seas pendejo! Vos sabes para dónde se fueron los otros delincuentes si vos participaste en intercambio de disparos -le enfatizó.
Otoniel le aclaró nuevamente que no tenía nada que ver pero que había visto que unos salieron corriendo hacia una quebrada. Cuando el policía encontró una respuesta le dijo que le mostrara la quebrada junto con los otros soldados.
Lo llevaron a la orilla de la quebrada y le sumergieron la cabeza en una poza de agua y luego uno del grupo le colocó el pie en la cabeza mientras que otro le proporciona un puntapié en el estómago para ahogarlo, según señala el expediente.
Pasaron varios minutos ahí hasta que uno de los agentes le colocó a una venda en los ojos y se lo llevaron nuevamente a la calle. Ahí lo esperaba una patrulla para llevárselo a la subdelegación, donde pasó sentado y esposado por varios minutos hasta que lo pasaron a una bartolina.
A los pocos minutos, Antonia llegó al lugar y preguntó por su hijo. Según el testimonio de Antonia, el policía de guardia le contestó riéndose que él estaba ahí y que debía llamar para ver la condición de Otoniel, pero ella le explicó que no tenía dinero para comunicarse con ellos.
Horas más tarde, Otoniel contó y denunció lo que el grupo de policías y soldados hicieron en su contra cuando lo traían detenido desde su casa. Él explicó que no logró reconocer a ninguno de ellos, ya que todos traían gorro navarone, excepto a uno: el policía que le proporcionó un puntapié dentro de su casa.
A Otoniel y a su madre les mostraron una serie de fotografías donde identificaron al agente que supuestamente lo había agredido. Se trataba de David Esteban Guevara Ascencio, a quien acusaron de realizar, junto con los otros agresores, un mal procedimiento y actos de tortura en su contra.
Debido a que es el único que logró identificarse, Amaya Villlalta es el único procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por delito de tortura en este caso. La audiencia está programada para el 29 de julio de este año, donde se espera se determine la participación o no de este imputado en el hecho.
Por: El Salvador Times
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
