Judicial
Joven que busca justicia después de que un grupo de policías y militares lo torturaron
Los golpearon en el cuerpo varias ocasiones, lo intentaron ahogar en una quebrada y lo amenazaron con cortarle la lengua, esas fueron algunas de las acciones que un joven de un municipio de San Salvador señaló que un grupo de policías y militares supuestamente cometieron en su contra luego de arrestarlo bajo la sospecha de ser informante de las pandillas que operan en su comunidad.
Otoniel, nombre modificado por cuestiones de seguridad, tiene 16 años de edad y vive con su madre en una pequeña casa hecha de barro y varas de bambú en medio de una zona boscosa de un cantón al occidente del país. Hasta hace algunos años, la zona era tranquila y sin problemas, pero tras la llegada de las pandillas comenzó a cambiar todo el ambiente del lugar.
Su Madre, Antonia (nombre cambiado por protección) siempre se preocupó por cuidar de ellos. Sin embargo, las pandillas le quitaron la vida al resto de sus hijos, quedándose sola con Otoniel. Un día ella salió a comprar a la tienda y dejó a su hijo a cargo de la casa para que nada malo le sucediera.
Según el expediente judicial, eran las 11:30 de la mañana, Antonia caminó sobre una calle empolvada cuando miró a lo lejos un grupo de ocho soldados y dos policías que venían en dirección hacia ella; cuando se encontraron ellos le preguntaron:
– ¿Es usted Antonia? -le dijo uno del grupo.
– Soy yo -le dijo ella con un tono de extrañeza.
– Vámonos para su casa -le exigió otro obligando a Antonia para que se regresara a su casa junto con ellos.
Ella se dio la vuelta y comenzaron a caminar. Durante el trayecto la cuestionaron sobre cuántos hijos tenía. Ella fue honesta y les explicó que sus hijos habían sido asesinados y que solo le quedaba uno de 16 años.
Según el expediente judicial, al llegar al lugar, entraron a la casa y ella les mostró donde estaba su hijo. “Veni muchacho, queremos hablar con vos”, le dijo un soldado a Otoniel.
“¿Vos sos el que avisa a los pandilleros cuando llegan los policías?”, preguntó el soldado. Otoniel lo negó. Ante la negativa del muchacho, ellos le pidieron que saliera al patio, él obedeció.
Se llevaron a Otoniel
Durante la declaración Otoniel expuso que estando en el patio uno de los soldados le clavó un puñetazo en el pecho, patadas en la cabeza y en la espalda. Antonia afligida les pidió que dejaran de golpearlo que no era culpable de nada. Sin embargo, las palabras de ella no calaron en el grupo de los soldados y policías quienes lo arrestaron de inmediato.
En el expediente judicial consta que Antonia en su relato dijo que suplicó que no se lo llevaran. El grupo de hombres le sugirió que no se metiera en el arresto porque si no sería la siguiente. Aquellos hombres escoltaron a Otoniel y se lo llevaron por la calle de tierra rumbo a la delegación policial.
-“Si te corrés te vamos a matar” -le advirtió uno del grupo, amenazándolo.
Según los del grupo de seguridad, Otoniel era uno de los sospechosos, ya que horas antes se registró un tiroteo entre policías y pandilleros que operan en la misma zona donde él vive. En el enfrentamiento, murió un pandillero.
Otoniel explicó en su declaración que después de varios minutos de recorrido, se detuvieron y lo hincaron sobre el suelo. Uno de los soldados desenfundó su cuchillo y le dijo que le cortaría la lengua. Ese momento dio el paso para que otro soldado le presionara los ojos con los dedos ejerciendo mucha fuerza hacia dentro, el gritaba del dolor. Jamás imaginó que esto le llegaría a suceder.
Luego de eso, lo sacaron del camino y lo metieron a un potrero que estaba a un costado. Lo acostaron debajo del sol y le tiraban agua en la nariz y en la boca con el propósito de ahogarlo. Otoniel dijo que uno de los soldados se paró en su abdomen mientras que otro le proporcionaba patadas.
“¿Dónde tienen las armas los pandillero?”, “¿a dónde se corrieron los pandilleros?”, eran los cuestionamientos del grupo de hombres. Él negó en todo momento las acusaciones.
De la tortura a la bartolina
Él señaló que luego de los golpes lo introdujeron a unos matorrales y uno de los hombres le colocó una chaqueta en el cuello para asfixiarlo.
Aquel hombre le preguntó:
-¿Dónde se corrieron los demás?
-No sé, no sé nada -les dijo angustiado.
-“¡No seas pendejo! Vos sabes para dónde se fueron los otros delincuentes si vos participaste en intercambio de disparos -le enfatizó.
Otoniel le aclaró nuevamente que no tenía nada que ver pero que había visto que unos salieron corriendo hacia una quebrada. Cuando el policía encontró una respuesta le dijo que le mostrara la quebrada junto con los otros soldados.
Lo llevaron a la orilla de la quebrada y le sumergieron la cabeza en una poza de agua y luego uno del grupo le colocó el pie en la cabeza mientras que otro le proporciona un puntapié en el estómago para ahogarlo, según señala el expediente.
Pasaron varios minutos ahí hasta que uno de los agentes le colocó a una venda en los ojos y se lo llevaron nuevamente a la calle. Ahí lo esperaba una patrulla para llevárselo a la subdelegación, donde pasó sentado y esposado por varios minutos hasta que lo pasaron a una bartolina.
A los pocos minutos, Antonia llegó al lugar y preguntó por su hijo. Según el testimonio de Antonia, el policía de guardia le contestó riéndose que él estaba ahí y que debía llamar para ver la condición de Otoniel, pero ella le explicó que no tenía dinero para comunicarse con ellos.
Horas más tarde, Otoniel contó y denunció lo que el grupo de policías y soldados hicieron en su contra cuando lo traían detenido desde su casa. Él explicó que no logró reconocer a ninguno de ellos, ya que todos traían gorro navarone, excepto a uno: el policía que le proporcionó un puntapié dentro de su casa.
A Otoniel y a su madre les mostraron una serie de fotografías donde identificaron al agente que supuestamente lo había agredido. Se trataba de David Esteban Guevara Ascencio, a quien acusaron de realizar, junto con los otros agresores, un mal procedimiento y actos de tortura en su contra.
Debido a que es el único que logró identificarse, Amaya Villlalta es el único procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por delito de tortura en este caso. La audiencia está programada para el 29 de julio de este año, donde se espera se determine la participación o no de este imputado en el hecho.
Por: El Salvador Times
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.
