Internacionales
La defensa del Donald Trump volvió a interrogar al ex editor del National Enquirer
Los abogados del ex mandatario estadounidense Donald Trump interrogan nuevamente a David Pecker, ex editor de The National Enquirer, con el propósito de desacreditar el testimonio del principal testigo de la Fiscalía en el juicio por “dinero en secreto”. El ex jefe de Estado está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar dinero que habría pagado para silenciar a dos mujeres durante su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Trump buscó este viernes socavar el testimonio de Pecker de que la práctica de un tabloide ayudó a enterrar historias vergonzosas sobre Trump como “parte de un plan” para colaborar en la campaña republicana de 2016.
David Pecker, ex editor del National Enquirer, regresó al estrado de los testigos por cuarto día consecutivo mientras los abogados defensores intentaban encontrar lagunas en su testimonio sobre los esfuerzos de su tabloide para proteger a su viejo amigo.
El testimonio de Pecker es crucial para los fiscales, quienes alegan que el esfuerzo fue una forma de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Trump están tratando de demostrar que cualquier trato que Trump haya tenido con Pecker tenía como objetivo proteger a Trump, su reputación y su familia pero no su campaña.
Pecker ha testificado que tramó un plan con Trump y el entonces abogado del ex mandatario Michael Cohen, en agosto de 2015, para que el National Enquirer ayude en la campaña presidencial de Trump.
Pero, al ser interrogado por el abogado de Trump, Emil Bove, Pecker reconoció que en esa reunión no se mencionó el término “atrapar y matar”, que describe la práctica de los tabloides que compran los derechos de las historias para que nunca vean la luz del día.
En la reunión tampoco se discutió ninguna “dimensión financiera”, como que el National Enquirer pagara a personas en nombre de Trump por los derechos de sus historias, dijo Pecker.
Bove también confrontó a Pecker con las declaraciones que hizo a los fiscales federales en 2018 que, según el abogado defensor, eran “inconsistentes” con el testimonio del ex editor a principios de esta semana. Pecker testificó anteriormente que Trump le agradeció durante una visita a la Casa Blanca en 2017 por su ayuda.
Sin embargo, según notas citadas por Bove en el tribunal, Pecker había dicho previamente a las autoridades federales que Trump no le expresó ningún agradecimiento durante la reunión.
Pecker se ciñó a la historia que contó en el tribunal. “El FBI observa que alguien que está escribiendo aquí podría estar equivocado”, dijo; y agregó: “Sé cuál es la verdad”.
El contrainterrogatorio de Pecker culmina una semana trascendental en los casos penales que enfrenta el ex presidente mientras compite por recuperar la Casa Blanca en noviembre.
“Disgustado”
Este jueves, David Pecker recordó a un iracundo Donald Trump llamándole un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016 que denunciaba el pago de USD 150.000 del tabloide National Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy que afirmaba haber tenido un affaire con el candidato presidencial.
“Donald Trump estaba muy disgustado, diciendo: ‘¿Cómo ha podido pasar esto? Creía que lo tenías bajo control. O tú o uno de los tuyos filtró la historia’”, declaró Pecker. Dijo que le respondió a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo que fue muy inusual”, testificó Pecker.
El periodista declaró también que la respuesta del propietario del National Enquirer, American Media, al Journal de que la compañía “no había pagado a gente para matar historias perjudiciales sobre el señor Trump” era mentira. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y quería también proteger a Donald Trump”, explicó Pecker en el estrado.
Poco después, el tribunal hizo una pausa para almorzar y Trump abandonó la sala sin dirigirse a los periodistas en el pasillo.
Escépticos sobre la inmunidad
Por otro lado, en Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el jueves escéptico ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre Trump por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos al pedido de Trump de inmunidad absoluta al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
