Judicial
Fiscalía acusa a 1,739 pandilleros de 14 clicas de la MS a nivel nacional
La Fiscalía General de la República presentó, ante tribunales contra el crimen organizado, el segundo paquete de solicitudes para agrupar en una sola causa a 1,739 pandilleros de la MS, quienes pertenecen a 14 clicas que operaban en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
La institución pública informó que de los 1,739 mareros acusados, 637 pandilleros delinquían en San Marcos, Soyapango, Apopa, Mejicanos y San Salvador. De ese total, 104 pertenecían a la clica Santomas Locos Salvatruchos; 34 a la clica Alaska Criminal Locos Salvatruchos y 56 integraban la clica Delicias Buenos Criminales Locos Salvatruchos.
Otros 180 pertenecen al programa Centro de la clica City Paradise Locos Salvatruchos, 235 de la clica Centrales Locos Salvatruchos y 28 de la clica Altos Crazy Locos Salvatruchos.
«De la zona Paracentral, se pidió el agrupamiento de 61 imputados de la clica Centrales Locos Salvatruchos del Programa La Paz, que operaba en el distrito de San Francisco Chinameca del departamento de La Paz Oeste», indicó la Fiscalía.
La institución detalló que, en la zona oriental, presentaron otras tres solicitudes en contra 287 pandilleros, de los cuales, 85 imputados están vinculados a la clica Mirada Loca, 197 a la clica Molino locos Salvatruchos, y otros 5 mareros que pertenecen a la clica Guettos Criminal Locos Salvatruchos.
«De la zona occidental, se pidió el agrupamiento de 110 imputados de la clica Novena Locos Salvatruchos y en la zona central se requiere agrupar a 644 pandilleros, 106 de la clica Porteños Locos Salvatruchos, 126 de la clica Kaskajeras Locos Salvatruchos, 94 de la clica Villa Madrid Locos Salvatruchos y 318 de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos.
A todos los pandilleros se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas; el resto de los delitos que mantienen abiertos, seguirán el debido proceso paralelamente, señaló la FGR.
Este es el segundo paquete de acusaciones presentado por la Fiscalía ante Tribunales Contra el Crimen Organizado. Las primeras acusaciones fueron presentadas el pasado lunes 29 de abril contra 5 clicas.
📍Zona Central.
637 pandilleros que operaban en San Marcos, Soyapango, Apopa, Mejicanos y San Salvador serán agrupados en un solo proceso.
✅️235 de la Clica Centrales Locos Salvatruchos
✅️180 del Programa Centro y la clica City Paradise Locos Salvatruchos
✅104 terroristas… pic.twitter.com/RuxvgpdGrb— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 8, 2024
Ese lunes, la Fiscalía inició con la presentación de acusaciones en contra de las 230 clicas de la MS distribuidas en todo el país, en esa ocasión las estructuras operaban en La Libertad, San Salvador, San Vicente, San Miguel y Santa Ana.
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, explicó que seguirán presentando solicitudes de imposición de medidas hasta completar las 230 clicas, la acusación del 29 de abril, fue presentada contra de 1,589 pandilleros perteneciente a cinco clicas, que incluye a los Teclas Locos Salvatruchos en la que se procesará a 896 mareros.
«Con la presentación de estas solicitudes arrancan los procesos en contra de cada una de esas organizaciones criminales que operaban a un nivel local», indicó Delgado.
En el oriente se presentó la acusación contra 416 imputados pertenecientes a la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en San Miguel.
Mientras que, en San Salvador y San Vicente la acusación fue interpuesta contra 210 pandilleros. De los cuales 71 son de la clica Down Time y 139 de la clica Cristo Escalones Locos Salvatruchos.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana.
El fiscal general explicó que, en esta fase, están preparando e iniciando cada uno de los procesos, en los cuales ya están presentando evidencias y cargos correspondientes a cada una de las organizaciones o clicas que componen la MS.
Hasta, el momento y luego de 25 meses del régimen de excepción las autoridades de Seguridad han llevado tras las rejas a más de 80,000 pandilleros y colaboradores.
REFORMAS
En julio de 2023 fueron aprobadas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los jefes pandilleros y para agilizar los procesos penales por estructura delictiva, anulando los procedimientos individuales.
Desde entonces se estableció pena máxima para cabecillas: pasó de 45 a 60 años de prisión.
Ante, en marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. Antes de la reforma, la sentencia para los cabecillas era 6 a 9 años.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
