Política
Concluyen que Fiscalía debe continuar investigación en caso sobresueldos
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
A solicitud del Presidente de la República Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, herramienta con la que se eliminan los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a 120 productos, para asegurar el abastecimiento de los mismos a la población salvadoreña.
La exoneración de aranceles tendrá una vigencia de 10 años y también se aplicarán a insumos agrícolas y materias primas que garanticen la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Algunos productos que estarán libres del DAI son la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, leche fluida, huevos de mesa, papas, tomates, cebollas, repollo, frijoles, naranjas, maíz, arroz y azúcar. También a alimentos de animales, fertilizantes, insecticidas y herbicidas.
La normativa también establece que la Defensoría del Consumidor deberá monitorear y vigilar el mercado para constatar que las reducciones arancelarias se vean reflejadas en los precios al consumidor final.
Asimismo, se faculta a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería, para que cada uno, dentro de sus respectivas competencias y responsabilidades, puedan emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones y cualquier otra actuación administrativa, orientada a garantizar una correcta y efectiva aplicación de la ley.
La diputada Suecy Callejas expresó que la normativa aliviará la economía de los salvadoreños, en especial en este periodo de lluvias en el que los cultivos de granos u hortalizas se han visto afectados. Ella recordó que, en la legislatura pasada, se aprobó una Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, la cual fue prorrogada hasta 2026.
“Con esta propuesta se ampliará a 10 años más y se agregan todos los productos de la canasta básica ampliada que son 120. Además de la exoneración del DAI se excluye del pago de cuotas de salvaguardas”, señaló.
Callejas explicó que el decreto permitirá que la exoneración del arancel se aplique incluso a aquellos países con los que El Salvador no tiene tratados de libre comercio.
Por su parte, la diputada Norma Lobo destacó la importancia de que los salvadoreños tengan comida en su mesa y que se garantice la sostenibilidad de la misma.
“Este plan va a estar vigente por 10 años, porque de esa manera todos los empresarios y los mismos productores van a poder hacer sus planes de negocio con base a 10 años con la confianza de que hay estabilidad jurídica”, aseguró Lobo.
La parlamentaria sostuvo que la ley respalda la medida del Ejecutivo relacionada a la creación de los agromercados y la creación de centrales de abasto para cambiar la modalidad de comercialización de los productos de canasta básica.
“Vamos a tener varios centros de abasto para que la población sea la mayor beneficiada y garantizar a los productores que van a poder producir y comercializar sus productos a precios que los salvadoreños no golpeen sus bolsillos”, agregó la parlamentaria.
Mientras que la legisladora Sandra Interiano señaló que la aprobación de la normativa es una muestra del trabajo articulado entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y que este es un primer impulso para el plan económico anunciado por el Presidente Nayib Bukele.
“Ningún Gobierno en la historia nacional de este país había dado muestras de ser cercanos a la gente, de escucharle y de resolver sus necesidades más sentidas como el tema de la alimentación sostenible. Recordemos que las administraciones anteriores desmantelaron la producción agrícola nacional en función de intereses particulares. Hoy se empieza dar respuesta a 200 años de descuido y abandono”, apuntó Interiano.
Medida anunciada por el Presidente de la República
El pasado 16 de julio, a través de su cuenta de X, el Presidente Nayib Bukele anunció que la propuesta, que busca favorecer la economía de los salvadoreños, sería enviada a la Asamblea Legislativa.
“Hoy, enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años”, escribió.
Además, la mañana de este miércoles 17 de julio, el mandatario agregó que también se eliminarán los aranceles para productos agrícolas.
“Hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales (incluyendo aves y peces) y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores”, sostuvo Bukele.
Política
Buscan implementar programa de becas con reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa
Con el propósito de continuar aplicando la eficiencia del gasto público, la Asamblea Legislativa tuvo una disminución significativa del presupuesto para cada uno de los diputados, así como del costo del personal a su cargo.
Por ello, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen a favor de destinar $5 millones, durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027, para desarrollar un programa de becas.
De acuerdo al documento avalado en la mesa de trabajo, el presupuesto vigente de este año para ese fin, desde julio hasta diciembre, será de $792,000.
Estos recursos se asignarán a programas, planes y proyectos destinados a beneficio de la niñez y la juventud salvadoreña, con el fin de generar acciones positivas que posibiliten el desarrollo integral de este sector.
“Estos son los frutos de una política de austeridad que se ha venido siguiendo en esta Asamblea Legislativa y que vino de una sugerencia hecha por el Presidente de la República, Nayib Bukele, y que nosotros estamos dispuestos a apoyar con todo gusto, porque va a ser de beneficio para la juventud salvadoreña”, expresó el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Para 2025 y 2026, la cantidad que se destinará será de $1,584,000 por cada año; mientras que para el 2027, será de $1,040,000 desde enero a abril.
El nombre de este programa será «Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez», como lo dio a conocer en sus redes sociales, días atrás, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, tras haberse hecho público el fallecimiento del analista político, líder social y exguerrillero salvadoreño.
La Asamblea Legislativa está comprometida con el uso adecuado de los recursos públicos, es por eso que, siguiendo la línea del Gobierno, los parlamentarios avalaron en junio de 2023 –como primera medida- la reducción de 84 a 60 diputados.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminó a favor de declarar el 27 de julio de cada año se conmemore el Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental, con el objetivo de dignificar a este personal del sistema de salud.
Durante la discusión de la iniciativa, los parlamentarios resaltaron la labor que los inspectores técnicos de salud ambiental realizan en el país, como por ejemplo, ejecutar soluciones técnicas sobre el medio ambiente a través de la programación de actividades, para evitar así el mayor deterioro de la salud y del ambiente biofísico salvadoreño.
Además, se encargan de verificar la aplicación, cumplimento de las normas y reglamentos ambientales, medidas de bioseguridad en establecimientos públicos formales e informales y realizan labores constantes de desinfección y sanitización. También, vigilan el manejo de desechos bioinfecciosos, el cumplimiento de protocolos ante casos sospechosos, confirmados y defunciones por COVID-19, con el compromiso de mantener la salud de las personas, la familia y toda la comunidad.
El diputado Ricardo Rivas explicó que este sector no había sido tomado en cuenta para ser dignificado a través de un día especial; y sostuvo que el trabajo que ejecutan los técnicos en salud ambiental ayudan a cumplir la visión del Presidente Nayib Bukele en materia de salud.
Son más de 700 técnicos a nivel nacional y a pesar de que no tenían su día ellos lo celebran. Dignificarlos los motivará para que puedan hacer un mejor trabajo y que nuestro país siga avanzando y cumpliendo con la visión del presidente”, expresó Rivas.
Según el proyecto de decreto, con el apoyo de los técnicos la Dirección Ambiental ha hecho campañas de vacunación felina y antirrábica canina, cuya efectividad ha hecho que El Salvador no registre ningún caso de rabia humana desde hace 13 años.
El diputado Saúl Mancía resaltó la labor del personal, especialmente durante la emergencia actual por dengue. Él aseguró que son los inspectores técnicos quienes día y noche han realizado jornadas de fumigación y de concientización.
“Quiero agradecerles a estas 700 personas que, día con día, están tratando en estas comunidades para tener un país con más condiciones saludables. Desde el primer nivel de atención comienza la calidad de vida no podemos permitir que un caso que se puede prevenir se complique”, apuntó Mancía.
