Política
Concluyen que Fiscalía debe continuar investigación en caso sobresueldos
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía la ampliación del período para actualizar la dirección nacional en el Documento Único de Identidad (DUI), trámite que podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2026.
A través de un comunicado, el organismo colegiado informó que la actualización de la dirección permitirá asignar a los ciudadanos un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
«¡Ampliamos el periodo para actualizar tu dirección nacional en el DUI! Votar es más fácil si actualizas tu dirección. Así podremos asignarte un Centro de Votación más cerca de tu nuevo hogar. Tienes hasta el 27 de agosto de 2026 para realizar el trámite en cualquier Duicentro del país», indicó el TSE.
La ampliación de este plazo responde a la actualización del calendario electoral, tomando en cuenta las reformas avaladas por la Asamblea Legislativa.
De igual manera, el tribunal reiteró a los jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones generales que el período para preenrolarse permanecerá habilitado hasta el 29 de noviembre de 2026.
«¿Cumplís 18 años poco antes de las elecciones y querés saber si podrás votar? No te preocupés, estás a tiempo de preenrolarte. Ampliamos el plazo, ahora tenés hasta el 29 de noviembre de 2026 para hacerlo», detalló el TSE.
Para este proceso, los jóvenes pueden acudir a los diferentes duicentros del país acompañados de uno de sus padres o responsable.
Asimismo, el preenrolamiento puede realizarse durante las jornadas organizadas en centros educativos, así como en los centros de servicio y jornadas móviles habilitadas en el extranjero.
