Política
Concluyen que Fiscalía debe continuar investigación en caso sobresueldos
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, viajó a Tela, Honduras para participar en la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2026, donde se presentó la iniciativa “Ruta Trinacional de Turismo Cuarta Frontera”, orientada a fortalecer la visión trinacional, la conectividad y el desarrollo turístico.
Durante la reunión de trabajo, el Vicepresidente Ulloa destacó que este proyecto representa una oportunidad para convertir en realidad una visión de desarrollo regional, aprovechando la disposición de los gobiernos centrales para impulsar iniciativas en beneficio de los territorios. Subrayó que su ejecución requerirá importantes recursos, capacidad de diálogo y una estrecha coordinación entre los diferentes actores.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Lic. Urbina, vinculó la iniciativa con el Portafolio de Inversiones que se desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el cual se prevé identificar inversiones estratégicas para la región Trifinio, con posibilidades de financiamiento respaldadas por los respectivos gobiernos. Asimismo, explicó que estos esfuerzos se complementan con otras acciones orientadas al desarrollo económico territorial, el fortalecimiento de las capacidades locales.
Durante la jornada también se presentaron los avances del estudio de factibilidad en Guatemala, desarrollado por la empresa consultora contratada para este proceso, aportando elementos técnicos que permitirán continuar avanzando hacia la consolidación de una ruta turística trinacional articulada y con visión de largo plazo.
El encuentro reunió a autoridades y representantes de los tres países, entre ellos la Designada Presidencial de Honduras, Diana Baleska; la Vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio de los tres países; Alcaldes de Olopa, Chiquimula y Esquipulas; así como Vicecancilleres y equipos técnicos.
Con esta iniciativa, la CTPT reafirma su compromiso de continuar impulsando una visión compartida de desarrollo para el territorio Trifinio, fortaleciendo la integración, la conectividad y las oportunidades para sus comunidades.
Política
Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”
La ruptura política entre Bethy Arana y el FMLN escaló a un terreno mucho más delicado. La abogada reconoció públicamente haber mantenido una relación con Rafael Aguirre, actual candidato presidencial del partido de izquierda, y, según reportes que recogen sus recientes declaraciones, aseguró que entre ambos existieron altercados violentos y que presentó una denuncia formal. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de respaldo que recibió dentro del partido y dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo instituto político.
Lo que comenzó como una apuesta por la “renovación” del FMLN terminó convirtiéndose en una de las controversias políticas más incómodas para el partido de cara a las elecciones de 2027. Apenas en mayo, Arana había ingresado al proceso interno como precandidata a diputada por Santa Ana y defendía públicamente su cercanía ideológica con la izquierda. Entonces llegó a declarar: “Mi corazón siempre ha sido de izquierda”. Su inscripción formó parte de la apertura del FMLN hacia candidaturas ciudadanas y nuevos perfiles.
Pero Arana no solamente respaldó el proyecto del partido. Durante el proceso previo a la candidatura presidencial aseguró que había desempeñado un papel directo en el acercamiento de Rafael Aguirre al FMLN. La Página documentó que Arana afirmó haber comenzado a trabajar con el médico desde febrero y haber impulsado personalmente sus primeros contactos políticos. La propia Arana llegó a resumir ese protagonismo con una frase que hoy adquiere otra dimensión: “Yo lo traje, yo lo acompañé, yo lo encaminé…”.
La paradoja es evidente: el hombre al que Arana aseguraba haber ayudado a ingresar al proyecto terminó ratificado como candidato presidencial del FMLN, acompañado por la enfermera Madaí Santos, mientras ella terminó apartándose de su candidatura legislativa y denunciando irregularidades, ataques internos y falta de respaldo institucional.
Arana sostuvo que desconocía con precisión los resultados de la elección interna y cuestionó la transparencia con la que fue conducido el proceso. También afirmó haber recibido burlas, ataques y críticas sin sentir un acompañamiento suficiente de la estructura partidaria. Su balance terminó siendo demoledor para una organización a la que meses antes defendía: “Acepto que me equivoqué. No es un buen momento, la gente sigue dormida, el FMLN no tiene clara su estrategia y tampoco valoran a las personas que les pueden dar resultados”, declaró.
Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente electoral cuando Arana habló de su relación personal con Aguirre.
En las declaraciones difundidas este martes, la abogada reconoció haber sostenido una relación con el candidato presidencial del FMLN y aseguró que entre ambos ocurrieron altercados violentos, incluyendo presuntas agresiones. Un reporte de Última Hora SV señala además que Arana dijo haber presentado una denuncia formal contra Aguirre. Se trata de acusaciones formuladas por Arana que, hasta el momento de esta revisión, no hemos podido corroborar mediante una resolución judicial, expediente público o pronunciamiento institucional de la Fiscalía que establezca responsabilidad penal del candidato.
La gravedad política del señalamiento es difícil de ignorar. Aguirre no es actualmente un dirigente secundario dentro de la oposición: es el hombre seleccionado por el FMLN para disputarle la Presidencia a Nayib Bukele en febrero de 2027. Por ello, una denuncia de esta naturaleza trasciende una disputa entre dos figuras públicas y abre preguntas sobre cómo responderá el partido ante señalamientos de presunta violencia que involucran directamente a su candidato presidencial.
En las fuentes revisadas para esta nota no localizamos una respuesta pública de Rafael Aguirre que aborde específicamente estas nuevas acusaciones de presuntas agresiones. El señalamiento debe, por tanto, mantenerse en el terreno que corresponde: una denuncia realizada públicamente por Arana cuya eventual comprobación dependerá de las autoridades competentes.
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador, como un espacio de intercambio.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia del país con las delegaciones de México y Uruguay, particularmente ante los desafíos que el crimen organizado representa para las sociedades de la región. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias entre países para encontrar respuestas comunes frente a este fenómeno. “El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando”, expresó.
Asimismo, realizó un recorrido por el proceso de transformación de la seguridad en el país y explicó las distintas fases del #PlanControlTerritorial, para recuperar la soberanía del Gobierno en las comunidades, restablecer la presencia de las fuerzas del orden y fortalecer las capacidades institucionales frente a las estructuras criminales.
También hizo referencia a la implementación de cercos de seguridad en diferentes territorios, dirigidos a localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operaban en el interior del país. Recordó el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”, mediante el cual miembros de pandillas eran capturados y procesados, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a la insuficiencia de elementos probatorios dentro de los plazos establecidos.
El Vicemandatario enfatizó en que el “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia para otros gobiernos en Latinoamérica y sostuvo que uno de sus principales fundamentos ha sido la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño, sumada a la coordinación de las instituciones del Estado y al robustecimiento del Gabinete de seguridad.
Con este encuentro, se continúa impulsando espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y actores de distintos países, orientados al intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el análisis de los principales desafíos que enfrenta la región.
En el evento participaron el Presidente del CIFD, Enrique Arezo; la Senadora suplente de la República Oriental del Uruguay, Valeria Ripoll; la Embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el Director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez. Por parte del Gobierno nacional, participaron el Presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el Director de OPAMSS, Luis Rodríguez; y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entre otras autoridades.
