Judicial
Juzgado realizó audiencia para desestimar evidencias del caso del exalcalde de San Antonio de la Cruz en Chalatenango
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador realizó audiencia especial para desembalar prueba documental incautada en al menos dos propiedades del ex alcalde de San Antonio La Cruz, del Departamento de Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores con el fin de analizarla y si procede incorporarla al Juzgado de Extinción de Dominio.
La diligencia fue solicitada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía con el objetivo de iniciar el proceso para extinguirle los bienes al exalcalde acusado de tráfico ilegal de personas y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
La documentación fue incautada en los registros con prevención de allanamiento que realizaron las autoridades en las propiedades del alcalde, en el Departamento de Chalatenango y Ciudad Delgado, a efecto de determinar si las escrituras amparan las propiedades. Entre los documentos desembalados están escrituras de propiedad, donaciones y armas de fuego.
El caso se encuentra en la etapa de instrucción que finaliza el 3 de enero de 2019.
Junto al alcalde fueron enviados a prisión siete imputados: Gerardo Antonio Flores Bolaños, de 40 años de edad; Daniel Amílcar Guardado Romero, de 29; Noé Luis Martínez Guardado, de 34; José Alex Ramírez Lemus, de 39; Elmer Andrés Morales Martínez, de 25; José Iván Orellana, de 27 y Julio Mejía Melgar, de 30 éste último es reo ausente.
Según la investigación de las autoridades fiscales y policiales el exfuncionario supuestamente lideraba una estructura de tráfico de drogas en la zona de Chalatenango y que cuenta con escuchas telefónicas, además de diligencias de investigación de movimientos controlados, compra de droga por agentes encubiertos, videos de capturas de paquetes sospechosos y cantidades de dinero. Lucio Ayala, alcalde reelegido en dicho municipio fue capturado el 8 de marzo.
Fotografías de procesos anteriores
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
