Judicial
Joven es arrastrada y golpeada por su hermana y su cuñado cuando la pareja se encontraban en estado de ebriedad
Mientras realizaba sus labores diarias como mesera, Claudia (nombre cambiado para proteger a la víctima), una joven de 19 años, recibió una llamada a su teléfono celular. Era Sara, su hermana mayor, quien le preguntó a qué hora volvería a la casa que compartían en una colonia del sur de San Salvador.
En el lugar también vivía Anderson H., un hombre de 28 años quien es la pareja de Sara, además de sus dos hijos.
El motivo de la llamada era para pedirle a Claudia que cuidara a los niños, ya que la pareja saldría esa noche con unos amigos. La hermana insistió varias veces para saber si Claudia llegaría pronto.
Aunque la joven salió de prisa a la vivienda, al llegar no encontró a nadie.
Pero no tardó mucho en recibir un mensaje de su hermana por WhatsApp, pero no era precisamente en buenos términos. “Andate de la casa, sino te voy a llegar a sacar del pelo y te voy a golpear”, le decía Sara.
Esas palabras causaron temor en la joven, por lo que empezó a recoger sus pertenencias para irse, pero antes que lo lograra llegaron Sara y Anderson, quienes según el expediente judicial iban en estado de ebriedad.
El pleito llegó hasta el pasaje
La pareja increpó a la joven por no llegar temprano para cuidar a los niños, la ultrajaron y también la golpearon. Sara la tomó del cabello, la lanzó al suelo y le dio varios golpes; ahí se sumó Anderson con patadas y golpes.
La víctima fue sacada de la casa a la fuerza y sus agresores la arrastraron por el pasaje que da a la calle. Por más gritos de auxilio, la afectada no fue rescatada por sus vecinos.
Claudia logró ponerse de pie, pero luego de abrazar a su hermana para defenderse ambas cayeron al suelo. El hombre volvió a golpearla, pero aprovechó ese momento para agarrarle los pechos, además de tocarle los glúteos y su área genital.
Al terminar la agresión, la víctima les dijo que iba a demandarlos por violencia.
“No sabes con quién te estás metiendo”, fue la respuesta de Anderson.
Claudia se fue a la casa de su madre, donde llegó llena de golpes en el rostro, espalda y otras partes del cuerpo.
El proceso judicial
La afectada fue a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar las agresiones que le propinó Anderson, quien horas después fue detenido dentro del tiempo de flagrancia.
Según consta en el expediente y la denuncia, el hoombre había intentado tocarla antes, pero no se lo comentó a su hermana por temor a que no le fuera a creer.
Los agentes llevaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal (IML), en donde le comunicaron que las lesiones sanarían en ocho días, por lo que obtuvo cinco días de incapacidad; mientras que a su agresor, fue directo a las bartolinas.
Anderson fue inculpado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y presentó el requerimiento en el Juzgado 1° de Paz de San Marcos.
El 3 de noviembre de 2017 el caso pasó a la etapa de instrucción, donde dictaron medidas sustitutivas a la detención contra el hombre. A cambio de su libertad, debía presentarse cada 15 días para firmar, no debía cambiar de domicilio ni acercarse a la víctima.
El caso pasó hasta la etapa de sentencia, pero ahí, ante el Tribunal 6° de Sentencia, Claudia decidió conciliar con Anderson pese a las agresiones que había sufrido por parte del sujeto. Por si fuera poco, retiró la petición para que su cuñado le pagara una cantidad por responsabilidad civil.
Como si nada hubiera pasado, Anderson estaba libre de culpa. Actualmente, el hombre debe presentarse a firmar en un juzgado, además le mantuvieron las medidas dictadas de no acercarse a la víctima.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
