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Judicial

El magistrado que controla bajo sus criterios judiciales todas las Cámaras de lo Penal de San Salvador

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Foto EDH.

Martín Rogel Zepeda, es un magistrado que maneja intereses oscuros, dentro de la judicatura figura como el impulsor de los procesos nacionales que pueden tener una trascendencia mediática nacional, a través de los tres tribunales de Segunda Instancia, con asuntos penales en San Salvador.

Rogel nació el 30 de enero de 1965, cursó sus estudioos superiores en la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Posteriormente ejerció como docente en la misma universidad donde se graduó, como pedagogo de la materia de Derecho Civil. además brindaba sus servicios como profesor en la Universidad Evangélica y Universidad Politécnica, donde impartía sus enseñanzas con ideología de izquierda moderada, y señalaba que su objetivo siempre sería humanizar la administración de la justicia, sin embargo esto lo olvido al llegar al Órgano Judicial.

En el año 1998 recibió su nombramiento como Juez Propietario para integrar el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, como parte de la Reforma Procesal Penal que hubo en esa época.

El caso emblemático a resolver por parte de él, fue el del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, bajo la promoción del exfiscal Douglas Meléndez, que mantuvo la acusación sobre la declaración de Mario Orellana Andrade, exgerente de la región metropolitana de ANDA (testigo criteriado).

Se desconoce el motivo por el cual prescindió el tribunal Noveno de Instrucción, de la persecución penal a Orellana.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, integrado por los Jueces José Isabel Gil Cruz, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Martín Rogel Zepeda, dictó Sentencia Condenatoria contra Carlos Perla, el día 25 de julio de 2007.

Pero hubo una irregularidad, el tribunal no estimó el testimonio de Orellana, el tribunal indicó que era obligación de la fiscalía perseguir a Orellana Andrade, ya que este utilizó las cuentas bancarias de sus familiares para depositar sobornos que pagaron varios contratistas para ganar licitaciones dentro de la autónoma.

Martín Rogel ocupa actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la cual también fue manejada por el juez Sánchez Escobar, quienes tendrían el mismo actuar en los casos, como tratándose de una misma línea de trabajo, con fallos polémicos en los que se ocultan carencias contenidas en los Recursos y motivaciones de las acusaciones formuladas por la Fiscalía y se omite profundizar sobre hechos o prueba que desacredite las acusaciones para ratificar o producir órdenes de detención, provocando hacinamiento carcelario.

Durante los primeros días de diciembre del año 2014, en una entrevista radial, el entonces Juez Martín Rogel, realizó una serie de pronunciamientos que años después vienen a ser esclarecedores sobre su actitud y decisiones en el juzgamiento preciso de ciertos casos y personas, lo cual cuestiona totalmente su independencia e imparcialidad. De hecho, en la misma, refiriéndose al tema del uso de aviones privados para realización de actividades instituciones por parte del entonces fiscal General, Luis Martínez, el Juez Rogel, llegó a decir:

“La utilización de aviones privados por parte del fiscal general de la república para acudir a algunos compromisos en el exterior debe ser aclarada lo más pronto posible consideró hoy el juez tercero de Sentencia.”

Martín Rogel explicó que el “uso de aviones privados por parte de fiscal Luis Martínez es una situación embarazosa y hay que verlo a la luz de la ética”.

Aunque reconoce que esta institución estatal tiene algunas limitaciones en los recursos con que funciona, eso no justifica que acceda a utilizar aviones de un empresario que tiene una causa abierta y es objeto de investigación. (http://www.radionacional.gob.sv/2014/12/02/fiscal-general-debe-aclarar-utilizacion-de-aviones-privados-para-viajar-martin-rogel-juez-de-sentencia/)

Tales declaraciones desde cualquier punto de vista, no podrían ser expresadas por una autoridad judicial; sin embargo, esto se agrava al revisarlo desde el hecho que un par de años más tarde, el Juez que adelantó un criterio sobre los mismos, terminaría por conocer y juzgar los expedientes penales del exfiscal Luis Martínez, tanto en la Cámara Primera, como la Cámara Segunda de San Salvador, de forma simultánea.

Y es que el día 20 de septiembre de 2016, en Sesión de Corte Plena, se decidieron trascendentales cambios en las personas encargadas de administrar justicia en sedes judiciales seleccionadas, trasladando a los titulares y nombrando nuevos Jueces y Magistrados. Sobre esa decisión una persona cercana a los Magistrados de Corte Suprema de Justicia, bajo reserva de identidad reconoció que esa decisión de trasladar a jueces con muchos años y experiencia para nombrar otros venidos de la periferia, tuvo a la razón dos motivos fundamentales, el primero una clara exigencia del entonces fiscal general de la República, por designar en juzgados y Cámaras específicas a personas que respondieran a sus exigencias y peticiones, según su repetido “crucigrama de jueces”; y de otra, la designación de Jueces afines a los entonces Magistrados de la Sala de lo Constitucional, ahora ya fuera del cargo, pero que en su momento controlaron toda la orientación de aplicación de justicia de acuerdo a sus criterios y bajo intereses desconocidos.

Precisamente, en la Sesión indicada se acordó “limitar el llamamiento de la doctora Victoria Domínguez de Palacios a la Cámara Tercera de lo Penal, y llamar al licenciado Martín Rogel Zepeda a cubrirla. (Acta de las 9 horas de la Sesión de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016)”.

Luego, en el curso de interposición de apelaciones en el caso “Rais-Martínez”, y ante la excusa de las magistradas titulares de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, la Sala de lo Penal nombró magistrado suplente del mencionado Tribunal, al licenciado Martín Rogel Zepeda, es decir, que éste se encontraba nombrado en la suplencia total de la Cámara Tercera y en una suplencia parcial en la Cámara Segunda de lo Penal, de forma simultánea.

Al ser entrevistado al respecto de las declaraciones realizadas tiempo atrás por el entonces Juez Martín Rogel, el año 2014, que ahora está impartiendo justicia sobre el caso “Rais-Martínez”, el abogado Hernán Cortez, quien ha intervenido como defensor en esa causa, manifestó que “efectivamente conocieron ese pronunciamiento al tiempo que la Sala de lo Penal nombraba como magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, al licenciado Rogel, en el año 2018; no obstante recusarlo, éste ha seguido conociendo del caso y bloqueando permanentemente cualquier discusión sobre la ilicitud de la prueba y otros hechos irregulares con los que fiscalía formó la acusación. Pero además llama la atención, de cómo en diciembre del año 2014, el señor Rogel, hace referencia a que el empresario dueño de los aviones (Enrique Rais) tenía causas abiertas y era objeto de investigación, cuando a esa fecha no existía judicialización de causa alguna, más parecería que alguien le estaba dando esa información extraoficialmente por algún motivo”, apuntó el abogado consultado.

De hecho, también recuerda el Abogado Hernán Cortez, que precisamente al momento de resolver el primer incidente de apelación que estuvo en su conocimiento, lo que hizo el magistrado Rogel, fue certificar expediente informativo contra el abogado Cortez y otros profesionales que estaban ejerciendo la defensa de varios imputados, ante la Sección de investigación profesional, dejando marcado el franco interés por obstaculizar la defensa técnica en el proceso, lo cual representa un sesgo de actuación y además vulnera la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.

Se trata, apunta el abogado Hernán Cortez, del mismo magistrado del cual consta en acta de Sesión de Corte Plena, que solicita la garantía del recurso judicial efectivo y que por el contrario lo que estaba haciendo con su decisión era limitando la defensa técnica de los procesados. De hecho relata el contenido de esa acta que “(el) magistrado Rogel indica que el acceso a la justicia y el conocimiento de los recursos en un tribunal superior, propone que se dé lugar a la aplicación del artículo veinticinco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos…”, reza el acta de la Sesión de Corte Plena de fecha 31 de octubre de 2017.

Finalmente, a finales de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte Suprema de Justicia, designa al licenciado Martín Rogel, como titular de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, con lo cual se le asigna el conocimiento y resolución del caso “Corruptela” en el que recientemente el día 13 de marzo de 2019, acaba de confirmar las detenciones a varios procesados, revocar medidas sustitutivas e imponer unas cauciones a otros procesados que no corresponden a ningún parámetro objetivo de capacidad financiera para poder cumplirlas, con lo que no tendrán otro camino que ser detenidos. Curiosamente esta decisión se adopta al momento en que se ha conocido públicamente que el caso “Corruptela” se construyó sobre declaraciones falsas en virtud de amenazas psicológicas y hasta físicas efectuadas por el exfiscal general, Douglas Meléndez y algunos de sus sub alternos más allegados, por lo que a criterio de algunos abogados penalistas consultados, el Tribunal, debió conocer previo a resolver el recurso, la verdad sobre esas declaraciones de fiscales y empleados de fiscalía que brindaron testimonios falsos y confrontarlos con los hechos de la acusación. Por el contrario, se justifican falsamente en que existe “peligro de fuga” y revocan las medidas, cuando las personas ahora detenidas estaban realizando sus actividades habituales confiando en que se daría pronta y cumplida justicia. Por el contrario, ahora están siendo objeto de una detención que se puede calificar como ilegal.

A todo esto, la realidad muestra que el licenciado Martín Rogel, se encuentra incidiendo y decidiendo de forma simultánea en las tres Cámaras Penales de San Salvador, sobre casos emblemáticos, especialmente los relacionados con el exfiscal Luis Martínez, el expresidente de la República Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais, con lo cual se ha convertido en un supramagistrado que controla y da criterio a los tres tribunales, en casos específicos, sobre hechos en que ya había adelantado criterio, dejando en evidencia su falta de imparcialidad y dejando una pregunta al aire, ¿Cuál es el interés de fondo para designar al lic. Rogel como Magistrado en las Cámaras Primera (Propietario), Segunda (Suplente) y Tercera (suplente) para conocer simultáneamente de casos específicos de trascendencia nacional?.

Uno de los abogados consultados, manifestó que “estamos ante un hecho sin precedentes, una sola persona, administrando justicia en tres tribunales de Segunda Instancia de la misma circunscripción y sobre casos vinculados entre sí, que evidentemente constituye un fraude de ley, que ha pretendido que no viola el juez natural, cuando en realidad si lo hace.” Finalmente destacó que “ante toda esta ilegalidad, es una buena expectativa la creación de una CICIES, que vendrá a permitir un control sobre el mismo Sistema Judicial, que como en este caso, parece estar actuando sin control alguno, en perjuicio de las personas que por manipulación de pruebas están sometidos a procesos penales y peor aún a sufrir de una detención ilegal.”

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10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego

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Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.

Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.

Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.

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Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado

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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.

El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.

Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.

Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.

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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad

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En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.

La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.

Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.

Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.

A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.

El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.

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