Judicial
Candidato a magistrado recurre decisión fraudulenta del CNJ
El abogado José Antonio Martínez , que participó como candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia , por el listado que envía el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa, presentó el día de ayer recurso de revisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo , para que este máximo tribunal revise la decisión tomada por el pleno del CNJ, por estar plagada de vicios que vuelven ilegal la elección de candidatos .
El reconocido procesalista ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que existe un fraude en la elección de magistrados de la CSJ , en el entendido que el pleno del CNJ , luego de realizar una evaluación rigurosa de los perfiles de los candidatos , tomaron un decisión totalmente incongruente al dejar de fuera su candidatura , no obstante haber obtenido una alta calificación de 9.6 de nota.
En ese sentido, apuntó que esa evaluación fue una mera simulación fraudulenta , ya que sin importar que la calificación de otros participantes fue más baja que la suya , estos sí fueron elegidos en la lista de los 15 candidatos que el CNJ remite a la Asamblea Legislativa.
Cabe preguntarse entonces de qué sirve realizar todo un aparente proceso riguroso de evaluación , si al final de cuentas, no prevalece la calificación que se obtenga , sino otros factores nada transparentes .
Es de recordar que la próxima nueva Asamblea Legislativa que pretende apartarse de las prácticas de antaño , será la que elija a cinco magistrados propietarios y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia , entre ellos al Presidente de dicha institución y de la Sala de lo Constitucional , de ahí que reviste mucho interés en que los candidatos del CNJ y de la FEDAES cumplan con las expectativas de transparencia y de capacidad idónea para el cargo al que serán elegidos .
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
