Judicial
Ahijada de Benito Lara, el enlace entre las pandillas y su padrino para que éste obtuviera el puesto de ministro de Seguridad
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en videos y en el testimonio de un expandillero identificado como Noé, revelan serias acusaciones en contra del exministro de seguridad, Benito Lara, en el caso de negociación con pandillas.
Se dice que Lara tenía miedo de que el FMLN no lo tomara en cuenta para las elecciones del 2015, cuando terminara su período como diputado; razón por la que habría elaborado un plan maquiavélico que le permitiría seguir como funcionario.
Según el testigo, Benito Lara habría utilizado a una supuesta ahijada identificada únicamente como Deysi, quien mantenía una relación amorosa con uno de los principales cabecillas de una estructura criminal, para llegar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, y de esta manera poder convencer al Frente que él debía ser el ministro de Seguridad, en caso de que Salvador Sánchez Cerén ganara la presidencia.
Borromeo Henríquez, uno de los cabecillas históricos de la MS-13, alias «el Diablito de Hollywood», tuvo un papel importante en el plan de Lara: llamó por teléfono a Noé, que en esa época era jefe de la pandilla a la que ahora traiciona con su testimonio, para indicarle que fuera a las oficinas de Raúl Mijango, en San Salvador. Era a mediados de enero de 2014, antes de la elección presidencial.
Allí, Noé encontró al pandillero Vladimir, alias «Vampiro de Monserrat», y a Deysi, supuesta ahijada de Benito Lara. La mujer fue directa: su padrino estaba preocupado porque «su partido no lo había tomado en cuenta y no lo iba en a tomar en cuenta en ningún cargo de interés», dice el documento que la FGR llevó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Lara creía que el FMLN quería darle «muerte política».
Y así buscó la ayuda de las pandillas, con las que negociaba desde finales de 2013 para que manipularan la elección presidencial de 2014 a favor de su candidato Salvador Sánchez Cerén, según la FGR.
Minutos después de esa charla, Deysi y Noé viajaron en automóvil desde la oficina de Mijango a la sede del FMLN en el centro de San Salvador, donde Benito Lara los esperaba. «El Diablito de Hollywood» volvió a llamar a Noé para decirle que hablara con el exdiputado Lara en nombre de las tres pandillas mayoritarias del país: MS-13 y los bandos Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. Él se encargaría de alertar a los rivales la elección del ministro.
«Benito le manifiesta (a Noé) que si le dan la mano (pandilleros) iba a hacer todo lo que tuviera que hacer y lo que esté a su alcance para mantenerse de la mano y darle continuidad a lo pactado», agrega en la página 107 de la acusación fiscal. la Fiscalía en su acusación. Noé le respondió que las tres pandillas tenían decidido amenazar al FMLN para que lo pusieran como ministro en el Gobierno de Sánchez Cerén. Si no, podría haber «consecuencias».
El remate
Según Noé, las pandillas tenían tres razones para confiar en Lara: tuvo valor de sentarse a dialogar con ellos; los escuchó, negoció y transmitió sus inquietudes al FMLN y al Gobierno. Y la tercera, «porque se había quemado al reunirse con ellos, y no era justo dejarlo tirado al final».
A pesar de que varios, como Raúl Mijango, uno de los siete procesados por sus vínculos con pandilleros, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Benito Lara como ministro de Seguridad, este comenzó sus funciones como titular desde que asumió Sánchez Cerén como presidente, el 1º de junio de 2014, hasta el 21 de enero de 2016.
Pero según Lara, él no negoció el puesto con pandilleros. «En esto lo que hay es una trama. Incluso ponen a personas como que fueran familiares míos y no es verdad. Esa decisión fue del presidente Salvador Sánchez Cerén. Nada que ver, eso no es nada serio, es de las cosas inconsistentes (de FGR)», se defendió.
Las ofertas del FMLN
Benito Lara prometió a maras respetar pactos como ministro.
- Cambiar empresa de alimentos: Las pandillas ya no querían la comida de ALIPRAC en las cárceles. El FMLN dijo que era posible quitar a la empresa y que los reos se cocinaran sus propios alimentos, como pedían.
- Empleos a reos pandilleros: El FMLN puso a disposición de las pandillas su empresa Alba Alimentos para dar empleos a los pandilleros que prepararan la comida en las cárceles, según testigos.
- Un ministro a la medida: El partido de izquierda prometió a las pandillas que quitaría de ministro de Seguridad a Ricardo Perdomo, quien no siguió la tregua entre pandillas de Mauricio Funes.
- Sin militares en las calles: Otra propuesta para atraer el apoyo electoral de los pandilleros fue que Sánchez Cerén quitaría a los militares de las calles, con el propósito de que no molestaran a las pandillas, según la acusación de la Fiscalía.
- Créditos para pandilleros: Las pandillas podían administrar su propio programa de créditos gracias al FMLN. Un testigo dice que Arístides Valencia y Benito Lara se los prometieron en una reunión antes de la elección 2014.
- Más dinero para pandillas: El FMLN ofreció dar $100,000 a cada “municipio santuario”, donde las pandillas tenían treguas de no agresión, para que realizaran proyectos que beneficiaran a los pandilleros.
Con información de: LPG
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
