Judicial
Encuentran irregularidades en auditoría en «proyecto El Chaparral» entre 2009 al 2013, y Fiscalía ordena captura de dos empleados de la Corte de Cuentas
Fotos cortesía PNC.
Dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), fueron detenidos en las últimas horas por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI), acusados de haber desvanecido directa e indirectamente irregularidades encontradas en la auditoría hecha a la ejecución presupuestaria para la construcción de la presa El Chaparral.
Los detenidos responden a los nombres de José Isidro Cruz Argueta, de 54 años, y Wilfredo Aguilar Montesinos, de 46, quienes fungieron como directores de autoría de esa institución.
Las capturaron se efectuaron en Soyapango y San salvador.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos arrestados desvanecieron irregularidades encontradas, según auditoría realizada al proyecto, entre en los años 2009 al 2013, en la ejecución del proyecto de construcción de la presa El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis La Reina, en San Miguel, favoreciendo de esta de forma a la empresa constructora que estaba a cargo de la obra.
La Fiscalía informó que abrió una investigación en contra de ellos luego de registrar cuatro hallazgos no justificados por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). El monto de estos hallazgos asciende a $161,941,532.79, precisó.
«Los imputados en su calidad de jefaturas, no pudieron explicar ni desvanecer porque hubo pagos indebidos a empresas contratadas para la ejecución del proyecto El Chaparral, según los hallazgos descubiertos», explicó la Fiscalía en un comunicado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
