Nacionales
Fiscal General anulará convenio con OEA por nombrar como asesor al que negociaba con pandillas, el arenero Ernesto Muyshondt
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dio por finalizado el acuerdo que la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo [en la gestión de Raúl Melara] con la Organización de Estados Americanos (OEA) para recibir ayuda técnica.
Las razones que motivó al jefe del ministerio Público a terminar con este acuerdo es porque el Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, nombró a Ernesto Muyshondt como asesor de este organismo internacional, siendo que el exalcalde de San Salvador es procesado actualmente en los tribunales salvadoreños por haber negociado con pandilleros a cambio de obtener beneficios electorales para el partido ARENA.
Lee también: Rolando Castro advierte a jueza que nuevo cargo de Ernesto Muyshondt en la OEA no le otorga fuero en proceso judicial al negociar con pandillas
«Como Fiscalía no podemos tener convenio con una organización que es asesorada por una persona Ernesto Muyshondt que negoció con la vida de salvadoreños a cambio de beneficios electorales», advirtió Delgado.
Además confirmó que dará inicio a más procesos para respaldar a las denuncias de los trabajadores durante la gestión Muyshondt, acciones que no ejecutó su antecesor Raúl Melara.
Al menos dos vehículos particulares resultaron afectados este miércoles al mediodía tras caer en un hundimiento registrado sobre la calle Ateos, en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con la información preliminar, el incidente podría estar relacionado con fallas en el sistema de aguas residuales, lo que habría provocado el debilitamiento del suelo y su posterior colapso.
Las autoridades informaron que no se reportaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del percance. Únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.
Tras el incidente, personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) acudió al lugar para atender la situación y realizar trabajos en la zona.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que identificó al conductor de la unidad con placas MB 5164 de la ruta 14, luego de que fuera captado manipulando dos teléfonos celulares mientras prestaba servicio a los usuarios.
Según la institución, tras la verificación del caso se aplicó una sanción por distracción al conducir, correspondiente a la falta TO 113, con una multa de $150. Asimismo, se impuso una infracción por no portar el cinturón de seguridad, identificada como falta TO 58, con una multa de $100.
Además de las sanciones económicas, gestores del VMT realizaron un llamado de atención al conductor para que evite continuar incurriendo en conductas de riesgo que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios del transporte público.
