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Empresarios del transporte público piden a la Asamblea aumentar pasaje hasta un 100% y la compensación económica en 200%
Las fases de la reapertura de la economía se están negociando entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno, algunas de ellas es que los buses del transporte público operen en un 50% de la capacidad.
Según los miembros de la Mesa Nacional de Transporte, ese hecho les generaría una reducción en sus ingresos. Por tal razón solicitaron a la Asamblea Legislativa de que si la mitad de los buses va a ser utilizada como transporte colectivo de pasajeros incluyan en contrapartida el aumento a la tarifa del pasaje de hasta un 100% y la compensación en un 200%.
Eso, según los transportistas, les ayudaría a corregir por este período de cuarentena las condiciones de reducción de ingresos a las que se van a enfrentar.
«Ya tenemos como 22 días de estar completamente estacionados y esto nos tiene en una condición económica caótica ya que los gastos y costos fijos que tenemos como instituciones de transporte colectivo de pasajeros siguen vigentes y estamos haciéndole frente a estos», explicó un miembro de la Mesa de Transporte.
Otro de los representantes de esa gremial dijo que no es posible que se pueda prestar un servicio en las condiciones que se están planteando si no hay una modificación a la compensación económica.
Los gastos que podrían incurrir por los nuevos protocolos en la reapertura de la economía se van a dar por la reducción de ingresos en la cantidad mínima de pasajeros dentro de las unidades.
«Se está planteando que haya alcohol gel en ambas puertas, mascarillas de gran calidad, termómetro para medir la temperatura de cada uno de los usuarios», explicó.
«Nosotros no estamos diciendo que no deben instalarse, lo que estamos diciendo es que todo tiene un costo y la reducción de ingresos para el sector es insostenible para mantener el servicio en esas condiciones».
Por: El Salvador Times.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
