La sociedad de economía mixta entre la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana Interaseo S.A.S. E.S.P, con lo cual se constituyó TECLASEO para la recolección de la basura y limpieza del municipio, atraviesa por un juicio en la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego que se encontraran anomalías por aproximadamente $1.5 millones.

El ente contralor ha dado 15 días hábiles a los representantes de dicho asocio denominado TECLASEO S.E.M. para que desvanezcan los hallazgos, entre los cuales está un reparo patrimonial por un millón 444 mil 664 dólares con 85 centavos. En este convenio la alcaldía solo tiene el 10 % de participación, por lo que se otorgó la mayoría de las acciones al conglomerado colombiano.

Este convenio entre la alcaldía e Interaseo que fue pactado a 24 años plazo y con un cláusula de confidencialidad total de tres años a partir de la firma, ya está bajo la lupa de la Corte de Cuentas de la República desde julio del año pasado, cuando esa contraloría lo declaró “improcedente” por considerar que sus condiciones son desfavorables a los intereses de la municipalidad y por ende de los tecleños. 

En sus consideraciones, la Corte de Cuentas sostuvo que “se entregaron bienes municipales en uso a una sociedad con fines de lucro; por lo tanto, la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración municipal con transparencia”. 

La sociedad se fundó el 2018 con un capital de $2,000, pero hasta la fecha ya maneja fondos hasta por $2 millones; sin embargo, la municipalidad no ha dado cuentas de los detalles de ese acuerdo lesivo para los tecleños. Esto a pesar de que los fondos con los que se maneja dicha sociedad son provenientes de los impuestos que pagan los habitantes del municipio.

En esta misma línea, la expresidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, ordenó hace dos años a sus colaboradores suspender toda auditoría en contra de la alcaldía de Santa Tecla por el tema TECLASEO. La exfuncionaria pidió mantener en reserva todo lo relacionado con dicho caso.

Asimismo, el contrato es lesivo porque el alcalde tecleño también despidió a 150 empleados para dar a la empresa colombiana todo el control en la limpieza del municipio, pero un juzgado de lo contencioso le ordenó reinstalar a unos 74 empleados que siguieron un juicio laboral, resolución que se ha negado a cumplir el alcalde d´Aubuisson.

Hasta la fecha, la Fiscalía General, que dirige Raúl Melara, no se ha pronunciado sobre el caso del contrato con Interaseo ni sobre los despidos de los empleados municipales. Aunque, para algunos concejales es evidente que el Fiscal no actúa en vista de que uno de sus hermanos es parte del Concejo que preside Roberto d’Aubuisson.

Instituto da ultimátum para entregar contrato

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha dado un plazo de 24 horas al alcalde d’Aubuisson para que entregue una copia del contrato de Teclaseo, a lo cual se ha negado en reiteradas ocasiones y sin fundamento.

Ese instituto viene exigiendo a la alcaldía desde el 15 de junio de 2020 que entregue la documentación, pero el alcalde reiteró que no daría la información.

En su resolución, el IAIP también advierte que ha iniciado un proceso sancionatorio contra el edil por ocultar dicha información, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Además, hace del conocimiento del caso a la Fiscalía General de la República para que esta inicie las diligencias que permitan investigar las responsabilidades en las que ha incurrido el alcalde ante dicha omisión.

De no cumplir con el requerimiento del IAIP, la ley establece que el alcalde y su Concejo estarían inhabilitados para participar en los comicios del 28 de febrero próximo.