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CCR sigue juicio a Roberto d´Aubuisson por creación de TECLASEO
La sociedad de economía mixta entre la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana Interaseo S.A.S. E.S.P, con lo cual se constituyó TECLASEO para la recolección de la basura y limpieza del municipio, atraviesa por un juicio en la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego que se encontraran anomalías por aproximadamente $1.5 millones.
El ente contralor ha dado 15 días hábiles a los representantes de dicho asocio denominado TECLASEO S.E.M. para que desvanezcan los hallazgos, entre los cuales está un reparo patrimonial por un millón 444 mil 664 dólares con 85 centavos. En este convenio la alcaldía solo tiene el 10 % de participación, por lo que se otorgó la mayoría de las acciones al conglomerado colombiano.
Este convenio entre la alcaldía e Interaseo que fue pactado a 24 años plazo y con un cláusula de confidencialidad total de tres años a partir de la firma, ya está bajo la lupa de la Corte de Cuentas de la República desde julio del año pasado, cuando esa contraloría lo declaró “improcedente” por considerar que sus condiciones son desfavorables a los intereses de la municipalidad y por ende de los tecleños.
En sus consideraciones, la Corte de Cuentas sostuvo que “se entregaron bienes municipales en uso a una sociedad con fines de lucro; por lo tanto, la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración municipal con transparencia”.
La sociedad se fundó el 2018 con un capital de $2,000, pero hasta la fecha ya maneja fondos hasta por $2 millones; sin embargo, la municipalidad no ha dado cuentas de los detalles de ese acuerdo lesivo para los tecleños. Esto a pesar de que los fondos con los que se maneja dicha sociedad son provenientes de los impuestos que pagan los habitantes del municipio.
En esta misma línea, la expresidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, ordenó hace dos años a sus colaboradores suspender toda auditoría en contra de la alcaldía de Santa Tecla por el tema TECLASEO. La exfuncionaria pidió mantener en reserva todo lo relacionado con dicho caso.
Asimismo, el contrato es lesivo porque el alcalde tecleño también despidió a 150 empleados para dar a la empresa colombiana todo el control en la limpieza del municipio, pero un juzgado de lo contencioso le ordenó reinstalar a unos 74 empleados que siguieron un juicio laboral, resolución que se ha negado a cumplir el alcalde d´Aubuisson.
Hasta la fecha, la Fiscalía General, que dirige Raúl Melara, no se ha pronunciado sobre el caso del contrato con Interaseo ni sobre los despidos de los empleados municipales. Aunque, para algunos concejales es evidente que el Fiscal no actúa en vista de que uno de sus hermanos es parte del Concejo que preside Roberto d’Aubuisson.
Instituto da ultimátum para entregar contrato
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha dado un plazo de 24 horas al alcalde d’Aubuisson para que entregue una copia del contrato de Teclaseo, a lo cual se ha negado en reiteradas ocasiones y sin fundamento.
Ese instituto viene exigiendo a la alcaldía desde el 15 de junio de 2020 que entregue la documentación, pero el alcalde reiteró que no daría la información.
En su resolución, el IAIP también advierte que ha iniciado un proceso sancionatorio contra el edil por ocultar dicha información, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Además, hace del conocimiento del caso a la Fiscalía General de la República para que esta inicie las diligencias que permitan investigar las responsabilidades en las que ha incurrido el alcalde ante dicha omisión.
De no cumplir con el requerimiento del IAIP, la ley establece que el alcalde y su Concejo estarían inhabilitados para participar en los comicios del 28 de febrero próximo.
A 26 años y ocho meses de cárcel fue condenado el violador R. E. R. V., quien fue encontrado responsable de abusar de forma continuada de una adolescente a quien embarazó.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en la vista pública realizada por el delito de violación en menor o incapaz agravada.
Según la acusación que presentó la Fiscalía General de la República, el hombre quien convivía en la misma vivienda de la adolescente, aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola para consumar los abusos sexuales.
El ministerio público plasmó en el expediente judicial que las constantes violaciones se dieron entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de La Libertad Centro.
El caso comenzó a ser investigado cuando la madre llevó a la adolescente a pasar consulta a un centro asistencial, el personal que la atendió informó que estaba embarazada, por lo que el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Por el tipo de delito y tratarse de una menor de edad, el expediente llegó hasta la fase de vista pública con reserva total del proceso.
Penas de hasta 81 años de prisión fueron impuestas a 23 terroristas homicidas de la Mara Salvatrucha, que delinquieron entre el 2015 y 2016 en la jurisdicción de Nejapa.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó a la jueza dos, del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que como miembros activos de la célula territorial Nejapa Locos Salvatruchos, consumaron los delitos siguiendo órdenes de cabecillas del Programa Libertad [estructura jerárquica superior].
La mayor condena de 81 años de cárcel fue para William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper» y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero», por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La jueza también encontró responsables de dos homicidios a Jonathan Alexander Huezo Molina y a Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», quienes recibieron 56 años de prisión, además fueron sentenciados por su pertenencia a la Mara Salvatrucha.
El fallo judicial también ordena prisión de 31 años para Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros 15 pandilleros fueron condenados a diversas penas aplicándoles el Código Penal anterior, recibieron cinco años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado.
Ciro Alberto Alfaro Campos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por intentar asesinar a su hijo de 17 años, con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, jurisdicción de Colón, de La Libertad Oeste, al momento de realizar la verificación del atentado las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver.
«Según las investigaciones, el detenido llegó en estado de ebriedad a su vivienda con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida, luego disparó contra el menor de edad», publicó la Policía Nacional Civil luego de arrestar al imputado.
Tras el hecho la PNC fue alertada y acudió de inmediato para atender la emergencia y auxiliar al adolescente quien fue trasladado a un centro asistencial con una lesión de gravedad.
Según la Policía, Alfaro Campos será remitido ante la Fiscalía General de la República por los delitos de intento de homicidio, amenazas agravadas, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
El caso será judicializado en el Juzgado de Paz de Colón, sede que definirá la situación jurídica del agresor y el ministerio público definirá si inicia el proceso por los tres delitos o modifica la acusación por otros ilícitos.
