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CCR presenta en Fiscalía avisos contra nueve alcaldías por irregularidades en el manejo de fondos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó este lunes por la mañana avisos contra nueve alcaldías por irregularidades en el manejo de fondos. Los avisos fueron interpuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abran los respectivos procesos de investigación.
Las irregularidades denunciadas por la CCR corresponden a las administraciones anteriores, las cuales finalizaron su gestión el pasado 30 de abril de 2021. Los avisos son por las irregularidades encontradas en las alcaldías de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana), Zaragoza (La Libertad), Ahuachapán, San Antonio del Monte (Sonsonate), San Antonio Pajonal (Santa Ana), Cuisnahuat (Sonsonate), San Francisco Menéndez (Ahuachapán) y Candelaria de la Frontera (Santa Ana).
La Corte de Cuentas señaló que, al encontrar indicios de actos relacionados a delitos penales, la institución debe informar a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes. En estos nueve avisos se han señalado indicios de delitos como malversación de fondos, peculado, incumplimiento de deberes, entre otros.
El presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que estos avisos son una muestra más de la malversación de fondos públicos que las gestiones municipales anteriores realizaban, reorientando el dinero público para sus beneficios y dejando de lado el propósito de mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
«Por eso insistían tanto en que las alcaldías debían manejar los fondos #COVID19. Como dijo Rodolfo Parker: “Los fondos para la campaña, rmrmrm perdón, para las obras municipales”», publicó Bukele desde su cuenta de Twitter.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
