El planteamiento que hizo recientemente el presidente de la república, Nayib Bukele, de reorganizar el territorio salvadoreño en 50 municipios como máximo ha tenido un amplio respaldo, al cual se han sumado exdiputados y diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano, concejales, alcaldes, funcionarios del Gobierno y analistas.
El mandatario considera «absurdo» que El Salvador, cuya extensión territorial es de 21,000 kilómetros cuadrados, esté divido en 262 municipios. Por ejemplo, Chalatenango, cuya extensión territorial es de 2,017 kilómetros cuadrados, es el departamento más fraccionado, ya que está dividido en 33 municipios.
«El Salvador debería estar dividido en 50 municipios como máximo. Es absurdo que 21,000 km2 estén divididos en 262 alcaldías», puntualizó Bukele en Twitter.
Para el alcalde de Nuevas Ideas en el municipio de San Salvador, Mario Durán, la propuesta es acertada y consideró que será «en beneficio del pueblo». El concejal capitalino del partido GANA, Carlos Rodríguez, también acuerpó la idea y consideró que el mandatario puede impulsarla porque «tiene el apoyo popular».
De manera general, los diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas plantearon que la reorganización territorial dará mayores oportunidades de desarrollo para los municipios. Esa visión la compartió César Godoy, alcalde del partido cian en el municipio de Zaragoza, La Libertad.
«De acuerdo con usted, presidente, lo importante es la calidad en las administraciones municipales, no la cantidad. Ese tipo de cambios también se lograrán con el pueblo, eligiendo a las personas idóneas en estos cargos», escribió el jefe de comuna en Twitter.
Hasta el momento, el presidente de la república no ha informado si en los próximos días enviará a la Asamblea Legislativa alguna propuesta de ley para reestructurar los municipios. Según el artículo 19 del Código Municipal, la atribución para crear, fusionar o incorporar municipios la tiene el Órgano Legislativo.
En ese sentido, el artículo 20 de la referida normativa establece que la Asamblea puede crear un municipio cuando la localidad tiene una población no menor a 50,000 habitantes, un territorio determinado, un centro de población no menor a 20,000 habitantes y los recursos suficientes para atender los gastos del gobierno municipal y brindar a la población los servicios públicos esenciales.
«En los casos de creación de un municipio por separación de una parte de otro existente, o de extinción de un municipio por incorporación a otro u otros, la Asamblea Legislativa determinará todo lo referente a los bienes, derechos y obligaciones de los municipios afectados», añade el artículo 22 del Código Municipal.
Actualmente, diferentes municipios del país enfrentan problemas de delimitación geográfica, y es el Estado salvadoreño, por medio del Centro Nacional de Registros (CNR), el que lleva a cabo los estudios técnicos para separarlos. Esos informes son estudiados en la comisión de municipalismo de la Asamblea Legislativa, que aprueba los dictámenes favorables que pasan a votación del pleno para finalmente aprobar la delimitación.
El analista y sociólogo Mauricio Rodríguez valoró que la reducción de los municipios debe visualizarse como un mecanismo para modernizar el Estado salvadoreño. «Hay un despilfarro de recursos en aquellos municipios que son bien limitados en territorio y en cantidad de habitantes, que bien pudieran ser absorbidos por un municipio aledaño», señaló.
Por su parte, el analista Giovani Galeas consideró que la aprobación de la iniciativa del presidente Bukele puede ayudar a eliminar la «territorialidad anárquica» y el crecimiento «desordenado y descontrolado de las ciudades» que inició desde la década de los setenta.
El analista Ricardo Sosa acuerpó que la propuesta del presidente es viable, y no duda de que tiene diferentes estudios técnicos previos a favor y con múltiples beneficios para el país.
«Desde la parte de la prevención y seguridad se pueden implementar programas de criminología ambiental, así como esta nueva configuración municipal permitiría a la Policía una mayor efectividad y acercamiento a la población, y de igual forma otras instituciones del Estado pueden tener una presencia real», subrayó Sosa.
La oposición política, acorde a su tónica, lanzó críticas contra el planteamiento del mandatario, aun cuando no se conoce una propuesta concreta de la medida, alegando fines ajenos al desarrollo del país.
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