Internacionales
Una mujer fue declarada «parcialmente culpable» del ataque de su pareja que la dejó parapléjica
Una mujer tuvo un percance con el hombre con quien compartía un departamento. Ella ya lo había denunciado varias veces por violencia de género, pero un día discutieron, motivo por el cual los agentes le recomendaron abandonar la vivienda, pero de pasar la noche en la calle o regresar a su casa eligió la segunda y ese fue el supuesto error.
El 24 de agosto del 2013, tras una fuerte discusión y después de que los agentes le recomendaron irse de la casa, la mujer decidió regresar a casa de sus padres (a unos 50 kilómetros de donde vive), ella mencionó que ya no había trenes, no es opción el taxi porque es muy caro, trató de llamar al 115 (número de urgencias sociales como violencia machista, para obtener un alojamiento) no le contestaron, pidió ayuda a sus amigos y nadie le respondió.
Esto hizo que regresara a la casa de donde salió, solo que a las 03:30 horas su cuerpo reposaba en la acera, mientras que los vecinos llamaban a la policía luego de tener otra confrontación con el hombre y este la arrojara del segundo piso, hecho que la dejó parapléjica.
En junio del 2016 el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel y a la joven se le concedió una indemnización de 90 mil euros para sufragar los gastos médicos y de adaptación a su vivienda y del vehículo a su discapacidad. El problema fue cuando los abogados fueron a las instituciones para que aprobaran dicha indemnización.
Cuando llegaron al Fondo de Garantías de las Víctimas (FGTI), que es el organismo que provee el dinero para las víctimas de delito y atentados, le otorgaron una parte de la compensación ya que se le consideró que había una «responsabilidad compartida» por cometer una falta civil (negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio.
El caso lo llevaron a la Comisión de Indemnización de Víctimas de Infracciones (Civi), que trata de «facilitar la indemnización de las víctimas de infracciones penales», pero coincidió con el Fondo Estatal y bajó la indemnización a 67 mil 500 euros.
Nathalie Faussat, directora del FGTI defendió la decisión del Fondo Estatal «En este caso, está probado que la víctima no respetó las consignas de prudencia que le dio la policía no solo de abandonar la vivienda sino también la ciudad. La justicia ha considerado que era un motivo para reducir la indemnización».
Marlène Schiappa quienes la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, comentó que esta situación es «profundamente chocante e incomprensible«, su oficina se está informando del caso y si es tal cual y como fue denunciado ella intervendrá.
La secretaria informó que envió una carta a las oficinas de aseguradoras e instituciones responsables para «recordar que una mujer no es jamás responsable de la violencia de la que es víctima«.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
