Internacionales
Una mujer fue declarada «parcialmente culpable» del ataque de su pareja que la dejó parapléjica
Una mujer tuvo un percance con el hombre con quien compartía un departamento. Ella ya lo había denunciado varias veces por violencia de género, pero un día discutieron, motivo por el cual los agentes le recomendaron abandonar la vivienda, pero de pasar la noche en la calle o regresar a su casa eligió la segunda y ese fue el supuesto error.
El 24 de agosto del 2013, tras una fuerte discusión y después de que los agentes le recomendaron irse de la casa, la mujer decidió regresar a casa de sus padres (a unos 50 kilómetros de donde vive), ella mencionó que ya no había trenes, no es opción el taxi porque es muy caro, trató de llamar al 115 (número de urgencias sociales como violencia machista, para obtener un alojamiento) no le contestaron, pidió ayuda a sus amigos y nadie le respondió.
Esto hizo que regresara a la casa de donde salió, solo que a las 03:30 horas su cuerpo reposaba en la acera, mientras que los vecinos llamaban a la policía luego de tener otra confrontación con el hombre y este la arrojara del segundo piso, hecho que la dejó parapléjica.
En junio del 2016 el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel y a la joven se le concedió una indemnización de 90 mil euros para sufragar los gastos médicos y de adaptación a su vivienda y del vehículo a su discapacidad. El problema fue cuando los abogados fueron a las instituciones para que aprobaran dicha indemnización.
Cuando llegaron al Fondo de Garantías de las Víctimas (FGTI), que es el organismo que provee el dinero para las víctimas de delito y atentados, le otorgaron una parte de la compensación ya que se le consideró que había una «responsabilidad compartida» por cometer una falta civil (negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio.
El caso lo llevaron a la Comisión de Indemnización de Víctimas de Infracciones (Civi), que trata de «facilitar la indemnización de las víctimas de infracciones penales», pero coincidió con el Fondo Estatal y bajó la indemnización a 67 mil 500 euros.
Nathalie Faussat, directora del FGTI defendió la decisión del Fondo Estatal «En este caso, está probado que la víctima no respetó las consignas de prudencia que le dio la policía no solo de abandonar la vivienda sino también la ciudad. La justicia ha considerado que era un motivo para reducir la indemnización».
Marlène Schiappa quienes la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, comentó que esta situación es «profundamente chocante e incomprensible«, su oficina se está informando del caso y si es tal cual y como fue denunciado ella intervendrá.
La secretaria informó que envió una carta a las oficinas de aseguradoras e instituciones responsables para «recordar que una mujer no es jamás responsable de la violencia de la que es víctima«.
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, capturaron a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles.
La detención fue ejecutada el pasado 23 de mayo en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
Según las autoridades, Castro García tenía vigente una orden de captura emitida el 25 de septiembre de 2024 por el delito de parricidio. La investigación del Ministerio Público de Guatemala la vincula con la muerte de su hijo menor de edad, ocurrida en 2021.
Tras su arresto, la funcionaria fue trasladada bajo custodia hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el juzgado competente y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la fiscalía, existen elementos de investigación, peritajes y otros indicios que sustentan la sospecha de una posible participación en los hechos investigados. Asimismo, las autoridades señalaron que la alerta internacional fue activada para evitar una eventual evasión de la justicia mientras la acusada permanecía fuera del país.
Por su parte, la defensa de Castro García sostiene que la funcionaria mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y asegura que colaborará con las autoridades judiciales durante el proceso. Sus abogados han manifestado que presentarán pruebas y argumentos legales para solicitar que se desestimen los señalamientos en su contra.
El caso continúa en etapa judicial y será un tribunal el encargado de determinar responsabilidades conforme avance el proceso penal.
Las fuerzas de seguridad guatemaltecas aumentaron los patrullajes en la frontera con Honduras tras la matanza de policías en ese país el jueves, durante un operativo contra una red de narcotráfico hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Ese mismo jueves, un escuadrón armado asesinó a 19 personas en otra localidad del norte de Honduras asediada por grupos criminales.
El enfrentamiento del lunes se produjo en el poblado fronterizo de Esquipulas (este de Guatemala).
Las Fuerzas Armadas de Guatemala no reportaron ningún militar herido, ni bajas entre los agresores.
Una patrulla «detectó el ingreso a territorio nacional», por un paso ilegal, de varios vehículos con «individuos fuertemente armados, presuntamente vinculados al crimen organizado», indicó el ejército en un comunicado.
Al percibir la presencia militar, «abrieron fuego (…), por lo que el personal repelió el ataque (…) logrando hacer retroceder a esta personas» hacia Honduras, agregó el reporte.
La policía guatemalteca indicó el viernes pasado que mantenía bajo custodia en un hospital a dos hondureños heridos, bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal que la víspera había atacado a los policías en el municipio de Omoa en Honduras, limítrofe con Guatemala.
El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
