Internacionales
Maduro reelegido presidente de Venezuela en medio de denuncias opositoras
El presidente izquierdista venezolano Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo de seis años, anunció la autoridad electoral tras unos comicios que según la oposición estuvieron plagados de irregularidades.
Tras 25 años de chavismo en Venezuela, Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, recibió 5,15 millones de sufragios (51,2%), según el primer boletín oficial con 80% del voto escrutado. Se impuso al opositor Edmundo González Urrutia, quien consiguió 4,45 millones de votos (44,2%).
Maduro se proyecta así para permanecer 18 años en el poder, hasta 2031. Solo el dictador Juan Vicente Gómez habrá gobernado más que él, con 27 años (1908-1935).
En una tarima dentro del palacio presidencial de Miraflores, grupos musicales lo recibieron con canciones en su honor frente a cientos de militantes. Todos llevaban chaquetas deportivas con la frase «Ganó mi gallo pinto» en referencia al apodo con el que se identificó el mandatario los últimos meses: un gallo fuerte, de pelea, para contrastarse con González, al que pintaba como débil, pataruco.
«¡Vamos Nico, vamos Nico!», gritaban.
Su rival González, de 74 años, era el representante de la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política.
El resultado se conoció seis horas después de cerrado el proceso a las 18h00 (22h00 GMT), en medio de denuncias desde la oposición de irregularidades en el escrutinio. Primero porque se impidió que sus testigos accedieran a los centros de votación para presenciar el proceso, y luego porque no pudo obtener copias de las actas que emite la máquina de votación (el sistema es automatizado), a la que por ley tienen derecho los partidos y que sirven para cotejar el resultado oficial.
La oposición denunció asimismo el arresto de unas 150 personas ligadas a la campaña, 37 de estas en los últimos dos días.
La mayoría de las encuestas favorecían a la oposición, tras años de una crisis que contrajo el Producto Interno Bruto un 80% y empujó al éxodo a más de siete millones de personas, según datos de la ONU.
La coalición Plataforma Unitaria, que se unió contra Maduro tras marginarse de la elección de 2018 por considerarla fraudulenta, aún no se pronunció sobre el resultado.
«Jaqueo»
Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, denunció una «agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó» el conteo.
Maduro también se refirió a un «jaqueo» del sistema electoral automatizado, al salir a celebrar con los seguidores que le esperaban en el palacio presidencial de Miraflores.
«Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela», clamó desde la tarima en la que le acompaña su esposa Cilia Flores y otros dirigentes chavistas.
«Va a haber paz estabilidad y justicia. Paz y respeto a la ley», enfatizó.
Fueron llamado a votar unos 21 millones de personas, sobre una población de 30 millones, pero los expertos estiman que solamente podrían sufragar unos 17 millones que están en Venezuela y no migraron. El voto no es obligatorio.
La participación se ubicó en 59%, según Amoroso.
Maduro había planteado esta elección como un encrucijada entre «paz o guerra» y advirtió que un triunfo de la oposición puede llevar a un baño de sangre, lo cual le valió críticas de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric, entre otros.
Boric dijo que la entrega de resultados debía «ser transparente, oportuna y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas».
Estados Unidos, que impulsó la elección con un alivio de las sanciones que impuso en 2019 tras desconocer la reelección de Maduro el año anterior, pidió igualmente garantizar la transparencia del proceso.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, exigió el lunes un recuento «justo y transparente».
«Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas», indicó Blinken en un comunicado.
En estos comicios está presente una pequeña delegación del Centro Carter, que indicó no tener capacidad de realizar una evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo.
Un panel de cuatro expertos de la ONU también acompaña la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
