Judicial
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 la Corte Suprema habilita el número telefónico 198 para ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó el número telefónico 198 para brindar orientación ciudadana en casos de violencia intrafamiliar.
En el comunicado, las autoridades de la CSJ aseguran que las víctimas podrán recibir orientación en materia especializada de violencia de género, violencia en niños, adolescentes y ancianos.
Según la Corte, al realizar una llamada al 198 varios profesionales en materia legal atenderán las denuncias para solventar de manera eficiente las consultas.
La institución informó que se establecerá una conexión que permitirá que mientras el ciudadano es atendido, el teleoperador se contactará directamente con la sede judicial más cercana según la ubicación y el tipo de requerimiento.
Se brindarán las direcciones y números telefónicos de las instancias vinculadas para que también puedan orientar de manera eficaz a la población, de esa forma se garantizará el buen uso del sistema de llamadas.
La CSJ dio a conocer en un comunicado que es un esfuerzo institucional con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano para una pronta justicia.
Esta iniciativa es un esfuerzo de la Corte Suprema en conjunto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
La llamada es gratuita desde cualquier línea fija o celular, aún sin contar con saldo disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
