Judicial
Mujeres, menores de edad y hasta un hombre en muletas forman parte de una banda de extorsionistas que operaban en Izalco
La Policía Nacional civil (PNC) de Izalco, Sonsonate, desarticuló una peligrosa banda de extorsionistas que operaban en el sector.
Fuentes policiales reportaron la captura de dos son mujeres, cuatro menores de edad y hasta la de un hombre en muletas que serán procesador por el delio de extorsión agravada.
Según el reporte oficial, los sospechosos fueron detenidos en el caserío La Chacarita, cantón Las Lajas, jurisdicción de Izalco, Sonsonate.
De acuerdo con las investigaciones de la PNC, los sujetos forman parte de una estructura delincuencial dedicaba a extorsionar a ciudadanos aún en tiempo de emergencia nacional.
Las víctimas eran obligadas a entregar montos que iban desde $200 hasta $1,000; no fue detallado sin las víctimas eran comerciantes o empresarios.
Las autoridades aseguraron que los detenidos también serán acusados de agrupaciones iliciticas.
El arresto lo llevaron a cabo elementos de la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), una de las unidades élite de la corporación.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
