Judicial
Fiscal general advierte procesar a alcaldes que impongan toque de queda en sus sectores
El fiscal general, Raúl Melara, lanzó esta noche una advertencia a alcaldes que impongan toques de queda en sus municipios, y añadió que la Fiscalía procesará a quienes se tomen esta facultad no autorizada por la ley.
Melara agregó que está consciente que se deben tomar medidas para evitar la propagación del covid19 y proteger la salud de la población, «pero esto no debe significar establecer toques de queda», dijo; a la vez manifestó que los funcionarios no tienen más facultades que las que la Ley les otorga.
Asimismo, enfatizó que procesará penalmente a quienes declaren toques de queda. «El que tenga oídos que oiga; y el que no, será procesado», sentenció.
Este lunes se conoció que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán restringiría la circulación de sus habitantes a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana por un periodo de 30 días; mientras que otras alcaldías han tomado medidas adicionales a las dictaminadas por el Ejecutivo para proteger a su población del covid19, que ha causado 7 fallecidos en El Salvador.
“A partir de este día se establece restricción de circulación (toque de queda) desde las 9:00 PM hasta las 5:00 AM. De no acatar dicha medida, será enviado a un centro de infractores de la cuarentena domiciliar. Aclaramos que podrá circular, siempre y cuando, sea una emergencia y compruebe dicha emergencia”, dice el literal 8 del comunicado que esta noche aún sigue vigente, ya que la municipalidad no se ha pronunciado aún sobre la advertencia del fiscal Melara.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
