Judicial
Alcalde de Panchimalco y cuatro personas más seguirán su proceso judicial en libertad
El Juzgado de Paz de Panchimalco ordenó este mediodía de domingo la libertad provisional del alcalde del mismo municipio, Mario Meléndez, junto a cinco empleados más, tras permanecer preso cuatro días cuando al arrestado por la Policía tras impedir el ingreso de dos rastras que transportaban paquetes con abono a su municipio.
El edil y las cuatro personas más, entre ellas dos empleados municipales, fueron acusados este domingo en el Juzgado del referido sector por delito de hurto agravado.
Tras recobrar su libertar provisional, Meléndez brindó sus declaraciones ante los medios de comunicación y ante una buena presencia de personas que mostraron su satisfacción hacia el alcalde, dijo que su detención fue “arbitraria”.
“Vamos a pedirle a todas las instituciones que funcionen porque la detención que tuvo su servidor y otros empleados de la municipalidad fue una cuestión arbitraria, cuando llegó el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de una vez dijo ´yo no tengo nada que dialogar con vos´ y llegó con seis hombres armados con armas largas de forma intimidatoria”, expuso el edil a la salida del juzgado.
Como parte de las medidas sustitutivas que le fueron ordenadas, mientras siga procesado, el alcalde no deberá salir del país, no podrá cambiar de dirección y deberá presentarse al juzgado a firmar.
La detención de Meléndez junto al resto de personas se dio el pasado jueves 16 de abril, al interceptaron dos rastras del MAG con paquetes de abono a la entrada de su municipio, los cuales serían entregados a simpatizantes del partido Nueva Ideas.
“Nos dimos cuenta que el desvío de Panchimalco llegaron estacionarse dos rastras con abono que venía del gobierno central, y esas rastras venían directamente para la sed del partido Nuevas Ideas. No puede ser que una ayuda del gobierno central venga para un partido político”, señaló el alcalde en día de su detención, los que posteriormente desató una serie de críticas sobre todo de su partido político, el FMLN y otros sectores de la sociedad.
Tras conocerse la libertad del alcalde y las demás personas, el presidente de la República no tarde en reaccionar ante tal decisión a través de su red social de Twitter.
«Nuestro sistema judicial, “GARANTE DE LA INSTITUCIONALIDAD”. ¿No fueron suficientes los videos donde el alcalde personalmente dirige la banda de asaltantes, que interceptan la rastra, la saquean, se llevan el abono saqueado en pick ups y luego encuentran el abono en la Alcaldía?, publicó el mandatario.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
