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Plan de repatriación del Gobierno garantizó retorno seguro de connacionales al país ante pandemia
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele con la ejecución del plan de repatriación garantizó que los salvadoreños que permanecían en diferentes países, por las restricciones internacionales debido a la pandemia por COVID-19, retornaran a El Salvador sin costos y de manera segura.
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, reiteró este día a los diputados de la Asamblea Legislativa sobre la extensa logística que se implementó para la ejecución de dicho plan, que involucró a diferentes instituciones y que fue avalado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Gracias al esfuerzo articulado del Gobierno y las gestiones internacionales a través de Cancillería, se logró la repatriación de 7,289 compatriotas que se encontraban en más de 90 países que implementaban diferentes restricciones por la pandemia.
“𝘕𝘰𝘴𝘰𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘵𝘶𝘷𝘪𝘮𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘳 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘧𝘶𝘦 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘧𝘶𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘥𝘰 𝘺 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦́𝘮𝘪𝘤𝘰. 𝘙𝘦𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘥𝘪́𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘴𝘦 𝘩𝘪𝘻𝘰 𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘤𝘪𝘥𝘢𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘺”, detalló la ministra Hill.
El Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería, la OIM y otras instituciones apoyaron la ejecución de la logística.
Desde la Red Diplomática y Consular y el Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota, se procesaron todas las solicitudes de connacionales. Esto permitió hacer un censo e identificar los casos más vulnerables de compatriotas que se encontraban en diferentes partes del mundo.
Además, se trabajó fuertemente para atender a todos los compatriotas con padecimiento de enfermedades crónicas, que se encontraban en más de 24 países, donde hubo asistencia a más 1,282 personas que necesitaban medicamentos y que no podían obtenerlo por diferentes circunstancias.
La ejecución del plan de repatriación fue aprobada por el Presidente de la República, con lo cual se garantizó que el retorno de los connacionales se hiciera de manera segura y cumpliendo con todas las medidas sanitarias que fueron establecidas por el Ministerio de Salud.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
