Judicial
INDIGNACIÓN: Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Un grupo de pandilleros acusados de del asesinato de un joven de 20 años fueron puestos en libertad debido a que los testigos del hecho no llegaron al tribunal por miedo a represarías.
La víctima fue ejecutada por cinco delincuentes que lo interceptaron cuando regresaba de la casa de su madre en la urbanización Alta Vista.
Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Danilo Alejando Pascual, de 20 años de edad, era un joven que jamás imaginó que su vida sería truncada por cinco pandilleros de su colonia quienes lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasajes cercanos a su vivienda.
El 14 de marzo del 2017, una escasez de agua potable se tuvo en la urbanización Alta Vista, en Apopa, lugar donde habitaba la víctima quien para cerciorarse de cuando regresaría el servicio decidió salir hasta la casa de su madre, con la esperanza de que fuera ella quien le resolviera la duda.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde, Danilo visitó a su progenitora quien cuando este decidió regresarse para su casa le dio alimentos para el almuerzo. Madre e hijo se despidieron con la esperanza de verse más tarde.
De regreso a su casa, cinco pandilleros seguían el rastro del joven quien fue acorralado en uno de los reducidos pasajes de la colonia.
Según el expediente judicial, Joaquin G., alias “Yeso” y Calos F., alias “Ganster” sujetaron a Pascual de sus manos para que Edwin M., “Farruco” y Henry G., alias “Enano” comenzaran a golpearlo.
Rosalino F., alias “El Lodo” se sumó a la agresión que fue pausada por un disparo que provocó que la víctima cayera al suelo, algo que no detuvo a los delincuentes que soltaron una ráfaga de disparos para matar al joven.
Debajo del cadáver quedó la bolsa con la comida de su mamá que lloró la muerte de su hijo de quien vecinos aseguraron que no estaba implicado en pandillas. Además, señalaron que desconocían si habría recibido algún tipo de amenaza de estos grupos delictivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con argumentos sólidos que apuntaban hacia una condena de los delincuentes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador procesó a Carlos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto fueron enjuiciados en otras instancias.
La debacle de Fiscalía
Un día antes del juicio contra “El Ganster”, el caso se le comenzó a desplomar a la parte acusadora ya que un testigo se negó a seguir colaborando con las autoridades debido al temor de sufrir un atentado por parte de los pandilleros.
“Mi testimonio no aporta ningún dato que esclarezca los hechos, porque no los conozco y temo por mi vida”, rezaba un escrito que el testigo presentó ante la FGR para que se desestimara su aporte.
Durante la audiencia de vista pública, la Fiscalía se dio por vencida debido a que el otro declarante no compadeció ante el tribunal justificando que había comenzado un nuevo empleo y que por ser su primer día laborando no le permitían salir.
El juez Tercero de Sentencia decidió dejar en libertad al imputado ya que no se contaba con suficientes elementos para sostener la acusación en este caso.
Nota tomada de El Salvador Times
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
