Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.

Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.

Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.

«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.

Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».

Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.

«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.

Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) plantea en su reciente informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los capturados bajo el régimen especial deben ser indemnizados.

Lo anterior, según GIPES, obedece a las demandas a favor de las «más de 89,000 personas capturadas arbitrariamente».

Dicho grupo, apoyado por organizaciones salvadoreñas que dicen defender los derechos humanos y por sectores de oposición, exige al Estado poner fin al régimen de excepción, medida constitucional vigente que ha permitido alcanzar niveles históricos de seguridad, garantizando la tranquilidad ciudadanía, llevando a El Salvador a ser considerado un modelo en seguridad pública, a escala internacional.

En el apartado de recomendaciones del informe, el GIPES señala que el Estado salvadoreño debería brindar una «reparación integral» de los detenidos.

«Diseñar e implementar un programa nacional de reparación integral, que incluya indemnización, rehabilitación física y psicológica, medidas de satisfacción, y garantías de no repetición», establece.

El grupo, además, argumenta que la cotidianidad de El Salvador comprende un proceso de militarización del territorio donde «el despliegue masivo ha facilitado la detención de decenas de miles de personas, sin supervisión judicial ni rendición de cuentas».

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se refirió ayer al informe por GIPES ante la CIDH. Manifestó que este grupo busca que se ponga fin a la medida que ha sido prorrogada 48 veces por el congreso.

«Estos expertos dicen que no están de acuerdo con el régimen de excepción, y que debemos de quitarlo. Dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel, ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, por lo cual deben de salir», expresó Castro durante una reunión con habitantes del reparto La Campanera, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.

La Campanera fue reconocida como una zona de alta peligrosidad por el accionar de las pandillas.

Por su parte, Carlos Araujo, exasesor del partido ARENA, afirmó ayer que en ningún momento en el informe se pide que los pandilleros sean liberados. Reiteró que existe una «falacia» del gobierno al decir que se exige la liberación de pandilleros.

«En ninguna línea del documento de 289 páginas dice que estén pidiendo liberar a estas personas. Es la primera falacia, mentira y manipulación de parte del gobierno», afirmó Araujo durante la entrevista Encuentro TV.

Valoró que muchas de las detenciones durante la vigencia del régimen de excepción son consideradas arbitrarias por varias razones.

«Si te vas a la parte muy técnica, toda captura que se realiza por parte del Estado, donde no te leen tus derechos ni te dicen por qué te están deteniendo, no te dan el derecho de defensa; entonces, eso se vuelve una captura arbitraria en cualquier parte del mundo», enfatizó el exasesor de ARENA.

Al respecto, el presidente Nayib Bukele se refirió el fin de semana anterior, indicando que «si se acepta que el 100 % de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100 % de detenidos. Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente».

Manuel Flores, secretario general del FMLN, también se refirió ayer al informe que el grupo de «expertos» internacionales presentó ante la CIDH.

«Están los organismos respectivos que han puesto las demandas donde se deben de presentar las pruebas; es importante que sepamos interpretar lo que está ocurriendo en nuestro país», comentó.

Agregó que el país es suscriptor de tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.

«Cada quien va a dar sus puntos de vista, y que se juzgue lo que se tenga que juzgar. No quiero dar una opinión porque cada quien va a resolver sus conflictos, pero en este caso es importante destacar la opinión de muchos organismos internacionales sobre la violación a los derechos humanos en El Salvador», expresó.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está «negociando» con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debía disputar en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio, según la embajada iraní en México, pero la FIFA no lo confirma.

«Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos», señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la legación diplomática.

«Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México», añadió.

Contactada por la AFP, la FIFA indicó que está «en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación» del Mundial.

En cambio, lejos de confirmar una posible deslocalización de los partidos de Irán, la FIFA dice «celebrar» que todas las selecciones «disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025», que prevé una primera fase íntegramente en Estados Unidos para el Team Melli.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes «la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico» a la delegación iraní antes del Mundial.

En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió «a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México».

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Angeles y a Egipto en Seattle.

Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por «su propia seguridad», en plena guerra en Oriente Medio.

El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

«Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las ‘ESTRELLAS’ que son!», sostuvo en su plataforma Truth Social.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.