Los cuatro juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, así como sus similares del interior del país, comenzaron desde este jueves a analizar los casos de la población reclusa vulnerable por adolecer enfermedades.

Cada caso será analizado de manera separada bajo la independencia judicial, por lo que los jueces tomarán en cuenta los dictámenes médicos, a efecto de valorar si los reos mayores de 60 años que adolecen enfermedades crónicas o terminales deben ser trasladados a centros hospitalarios o recibir otro tipo de beneficio.

Lo anterior para evitar que por su vulnerabilidad se vayan a contagiar de coronavirus (COVID-19) y vayan a afectar al resto de la población reclusa.

El análisis de los casos de manera individual surge luego de una reunión entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Vigilancia Penitenciaria con el director general de Centros Penales Osiris Luna.

Centros Penales presentó un listado de 557 reos que están en condiciones de vulnerabilidad, por lo que los jueces se comprometieron a evaluar los casos y seguir los procedimientos jurídicos para determinar quiénes serán trasladados a hospitales o serán objeto de otros beneficios, como la portación de brazaletes electrónicos.

Otro beneficio podría ser la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional u otras medidas que estén contempladas en el marco jurídico.