Judicial
FGR recibe duro revés: juez libera al abogado Grimaldi por deficiencias en la acusación en la última imputación que FGR hace al empresario RAIS por lo que no se impuso ninguna medida a todos los imputados
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió otro duro revés en los estrados, la tarde de este jueves el juez 8° de Paz de San Salvador resolvió que el abogado Francisco Grimaldi, Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez continúen el juicio que se les sigue sin ninguna medida cautelar que les restrinja su derecho ambulatorio.
El licenciado Juan Andrés Santamaría, apoderado legal del empresario Enrique Rais, declaró después de escuchar la lectura de la resolución del juzgado 8° de Paz que el titular de dicha sede judicial consideró que no había razones para que los señalados permanezcan detenidos durante la etapa de instrucción, misma que se vio obligado a decretar porque no es facultad de los jueces de Paz sobreseer a los indiciados.
#CASORAIS Lic. Andrés Santamaría da declaraciones sobre el caso contra su representado, el empresario Enrique Rais, y dice que no hay fundamento para decretar detención provisional en contra de ninguno de los imputados. El juicio sigue. pic.twitter.com/j4B7hmChP8
— DIARIO DIGITAL CRONIO (@croniosv) 17 de enero de 2019
Por otro lado, el abogado del empresario añadió que “con esta resolución se tendrá la oportunidad de demostrar que es una doble persecución” que sufre el señor Rais de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en un nuevo juicio que ya raya en el acoso judicial.
“Es el mismo falso testigo criteriado, la misma fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y el fiscal Montes Pacheco quienes han escondido cómo, cuándo y con qué juez dieron el criterio vulnerando el derecho de defensa”, acotó el licenciado Juan Andrés Santamaría señalando las ilegalidades a las que habría recurrido la representación de la FGR en este nuevo juicio.
El abogado del empresario subrayó que esta nueva imputación no puede considerarse más que como una “vendetta” del todavía jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, quien el viernes debe escuchar la resolución en su contra por utilizar prueba falsa e ilegal contra el señor Rais.
A la parte fiscal de este proceso no le gustó la decisión del juez 8° de Paz y adelantó que presentarán “el respectivo recurso de apelación”, en cuanto tengan en su poder la copia escrita de la resolución.
Cabe destacar que momentos antes de anticipar que presentarán una apelación por la resolución, la fiscal del caso había admitido que el hecho que los señalados continúen en libertad “no afecta el normal proceso”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
