Judicial
Conductor de Uber acusado de agredir sexualmente a una clienta asegura que no fue una violación: «Fue una relación casual como pasa en el siglo XXI»
El conductor de UBER acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas fue llevado esta mañana ante un juzgado de Paz, donde se defendió de las imputaciones y aseguró que no la violó, sino que se dio una «relación casual» de mutuo acuerdo.
«No fue una violación, fue una relación casual normal como pasa con una persona y yo todavía fui a dejar a la persona a su casa y luego yo seguí trabajando. Llegué a mi casa y llegó la Policía», aseguró el joven acusado.
José Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, fue capturado el pasado 5 de noviembre horas después de que presuntamente agredió sexualmente a una de sus clientas que pidió el servicio de UBER.
El imputado aseguró que no conoce a la joven, pero que solo fue un encuentro sexual que se dio de mutuo acuerdo. «De repente se la tirás a una chera y pasa. Todavía me dio cigarros y me dijo ‘dejame aquí porque más adelante es peligroso, no te metás hasta ahí’. La dejo hasta su pasaje, me da cigarros para el camino y me dice `tranquilo, escríbime’. Yo no esperaba que esto me pasara», dijo el joven ante la prensa.
Según la acusación de la Fiscalía, la víctima habría pedido servicio de UBER hasta su casa, pero el joven se habría detenido a la orilla de la carretera para agredir a la clienta. El imputado asegura que sí se estacionaron a la orilla de la calle y fue cuando sostuvieron relaciones sexuales.
La Fiscalía asegura que la mujer contactó a Morales Minero a través de la la plataforma Uber, luego de que la fuera a recoger aprovechó que eran aproximadamente las 5:30 de la mañana. El imputado sostiene que la mujer venía de una fiesta disfraces esa madrugada cuando ocurrieron los hechos.
«Yo no la he violado, ni tampoco la agredí, simplemente fue una relación casual como pasa en el siglo XXI. Me han matado civilmente, ni siquiera se me preguntó nada», sostuvo.
El imputado señaló que a raíz de lo ocurrido se ha afectado a su familia, a su hija y a su pareja actual, porque no han ocurrido los hechos como se han señalado. «Los dos estábamos de acuerdo con que pasaran las cosas. Yo en ningún momento la forcé. Se me acusa de algo que es mentira», sentenció.
Durante su detención a Morales se le incautó un vehículo marca Toyota modelo Yaris color gris con placas P 335-616 así como tres celulares.
El detenido será acusado por el delito de violación sexual, el cual está previsto y sancionado según el artículo 158 del Código Penal.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
