Judicial
El juicio en contra de 5 ex agentes de la GRP llega a la recta final
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla instaló hoy, por quinto día la continuación de la reposición del juicio contra cinco agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal.
Durante la jornada de hoy, el Tribunal escuchó solamente la declaración de un testigo de descargo, durante dos horas. Se trató de un ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), quien en su relato explicó todo el procedimiento realizado durante la intervención en la que resultó fallecido Hernández Martínez.
Se tenía previsto que el Ministerio Público presentara a su último testigo de cargo, pero éste no llegó. Uno de los fiscales del caso explicó que aunque se le citó en cuatro ocasiones, éste se negó a asistir; y que por ello prescindiría de su declaración.
La diligencia judicial terminó a la 1:30 de la tarde y continuará mañana jueves 8 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana. Se tiene previsto que tanto Fiscalía como defensa presenten sus alegatos finales. Para ello, se le concederá a cada uno un plazo máximo de una hora y 30 minutos para sus intervenciones.
La reposición de esta vista pública se originó luego de que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, resolvió en mayo pasado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada por uno de los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
En dicha resolución, los magistrados de la Cámara ordenaron declarar nula la sentencia definitiva absolutoria pronunciada a favor de los cinco imputado y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho y acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander, quien se encontraba entre las ocho personas asesinadas.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
