Judicial
Antonio Saca y demás condenados en caso «Destape a la Corrupción», ingresarían al programa «Yo Cambios» para reducción de pena
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores condenados por actos de corrupción, permanecerán en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, e ingresarán al programa «Yo Cambio».
Lima confirmó que el exmandatario junto a los otros imputados, han estado guardando prisión en el sector nueve de esa penitenciaría y sostuvo que será ese mismo lugar donde continuarán cumpliendo las penas impuestas.
En ese contexto explicó que ese sector reúne las condiciones de seguridad y salubridad para que ellos puedan permanecer en ese centro penal.
«Del Sistema Penitenciario quizás dentro de las instalaciones es el más idóneo para garantizar la seguridad e integridad física y para no tener algún percance en el que puedan ser agredidos al juntarlos con la demás población reclusa», sostuvo.
Agregó también que es un sector que tiene todas las condiciones como las tienen los otros pabellones. «La misma cama que está en otros pabellones está en el sector nueve, el mismo régimen que está en este está en los demás».
Por otro lado, Lima explicó que como reos ordinarios también serán incoporados formalmente al programa «Yo Cambio», uno de los programas insigne del Ejecutivo.
«Muchos y todos los que ingresan, ahora que tienen una condena, están integrados en el programa «Yo cambio» en el que se ofrecen un mundo de oportunidades desde programas deportivos como fútbol, básquetbol, ajedrés y tenis de mesa, Así como también programas de salud mental desde la atención para alcohólicos», detalló.
Sin embargo, ese mismo programa, incluso podría valerle a los imputados que sea considerados para una reducción de pena o una libertad condicional al cumplir la media pena, en el caso de Saca podrían ser cinco años. No obstante, en cuanto a esto no se pronunció el funcionario.
Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró esta mañana en el programa Diálogo con Ernesto López, que espera que por la gravedad de los delitos que ha cometido Saca y sus exfuncionarios estos no puedan gozar de esos beneficios.
Asimismo, sostuvo que aunque Saca algún día recupere su libertad, este queda impedido para adquirir bienes al igual que su familia, hasta que termine de pagar la responsabilidad civil que ha sido obligado a pagar, que en su caso son $260 millones. En este sentido, expuso si adquiere algún bien este será incautado de inmediato.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
