Judicial
Condenados en Caso “Destape a la Corrupción” deben pagar lo adeudado al Estado, sino seguirán en prisión hasta cumplir sus penas
Tras la condena de diez años de cárcel ayer hacia el exmandatario de la República, Elías Antonio Saca y siete de sus funcionarios por actos de corrupción durante su gestión presidencial, en la que se lavaron $300,347,117.17., ahora el Estado pretende recuperar la mayoría de esos fondos.
De no devolverse dicho monto en el tiempo que ellos estén en prisión, esto se convertirá en una larga condena en libertad para los señalados en el caso «Destape de la Corrupción».
Si bien la ley establece no pagar la responsabilidad civil esto implicaría seguir en prisión, expertos en el tema señalaron que al cumplir con la pena de prisión los imputados podrán recuperar su libertad ya que los procesos civil y penal son independientes.
“Si se cumplen los diez años no hay problema, la responsabilidad civil queda viva y el estado debe perseguirla”, señaló un abogado quien dejó entrever que cada inmueble que alguno de los imputados obtenga le será incautado y tomado como pago a cuenta por la deuda que tiene.
De acuerdo a la interpretación de este letrado, el único inconveniente que generaría el no pago del dinero es que ninguno podrá optar a beneficios durante el tiempo que estén en prisión.
Es decir, los imputados no podrán buscar obtener el arresto domiciliar, libertad condicional, o recibir un indulto o conmutación de pena hasta que no paguen al Estado el dinero señalado por los jueces.
De igual manera, se ha señalado que el ministerio público puede buscar otras vías, como el proceso civil -el cual ya enfrentó Saca y Élmer Charlaix- o la extinción de dominio para hacer efectivo el monto señalado.
Sin embargo, los mismos fiscales que han acusado a Saca consideraron poco probable que el dinero regrese en su totalidad a las arcas del Estado.
Según el detalle, Saca deberá devolver $260,732,171.64; Charlaix $15 millones; Julio Rank $8,381,130.39, César Funes $886,697.97; Jorge Alberto Herrera Castellanos, $3 millones; Francisco Rodríguez Arteaga $7 millones; Pablo Gómez $5 millones.
La defensa de los siete procesados señaló que van a apelar la decisión en cuanto a la responsabilidad civil debido a que consideran que sus clientes no cuentan con el dinero para pagar.
Por: El Salvador Times.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
