Judicial
Realizan audiencia en contra del médico que provocó la muerte a una embarazada en San Miguel
Este sábado seis médicos y dos enfermeras enfrentan audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel por un caso de presunta mala praxis, el cual habría provocado la muerte de Alondra Isamar López Amaya, de 20 años, cuya condición era de embarazo, pero que murió cuando al ser sometida a una cesárea supuestamente le perforaron el intestino, en tanto que generó lesiones al recién nacido.
Entre los señalados está el doctor Carlos Josué Romero Blanco quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio culposo en perjuicio de López Amaya, y lesiones culposas al bebé como resultado de un aparente mal procedimiento que es investigado.
Estos hechos sucedieron el 16 de julio de este año a eso de la 1:30 de la madrugada en el centro hospitalario migueleño.
«En el mismo caso, Fiscalía atribuye a cinco médicos (más) y dos enfermeras en delito de negación de asistencias sanitaria dado que no le brindaron asistencia médica ni de enfermería posterior al lapso quirúrgico de la cesárea, esto provocó la muerte de la joven Alondra el 19 de julio como consecuencia de una lesión practicada en el intestino de la joven», explicó el fiscal del caso.
La misma fuente aseguró que este procedimiento produjo en la joven «un shock séptico generalizado y terminó causándole la muerte».
Por estas razones, la Fiscalía ha solicitado al juez del caso que Romero Blanco se mantenga bajo arresto mientras es procesado, en tanto que para el resto de los médicos y enfermeras pidió instrucción con medidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
