Internacionales
Hijo del presidente de Colombia enfrentará proceso en libertad condicional
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y diputado del Atlántico, fue cobijado el viernes 4 de agosto de 2023 con la decisión de libertad condicional, luego de que no se encontraran motivos suficientes por parte del juez 74 Penal con Función de Control de Garantías, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, para determinar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El joven político, que fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no tendrá casa por cárcel, como se había pedido por parte de la Fiscalía, sino, por el contrario, gozará del derecho de estar en libertad; con la condición de presentarse de manera periódica ante la justicia, en caso de que así lo requiera.
“El despacho accederá, en el caso suyo, a esas medidas no restrictivas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscrpción de la audiencia del compromiso (…) Así también se recava en la cancelación de las órdenes de captura del Juzgado 16 de Garantías”, indicó en su intervención el juez Beltrán Castillo, quien resumió de manera minuciosa el caso en mención.
Esto mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el entramado de corrupción del que se le sindica; y luego de confirmarle al ente acusador que a la campaña de su padre ingresaron dineros de origen ilegal, al parecer por narcotráfico.
Para el juez, es claro que en el caso del hijo mayor del presidente no existe obstrucción a la justicia, “debido a la colaboración de Petro Burgos con las autoridades”. Aunque la condición impuesta por el togado es que no podrá salir de Barranquilla (Atlántico), su sitio de arraigo.
No obstante, “la precaria argumentación de la Fiscalía” hizo que optara por rechazar la petición del ente acusador de dar casa por cárcel a Petro Burgos, inclinó la balanza para que el representante de la justicia dejara libre al diputado del Atlántico.
Por su parte, Daysuris Vásquez Castro, expareja del joven político, y a quien le fueron endilgadas los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también gozará del beneficio de libertad condicional, debido a que ha venido colaborando con la justicia; pues fue ella la primera en denunciar el comportamiento al margen de la ley de quien fue su esposo.
“Frente a Vásquez Castro, la medida procedente era una no privativa de la libertad en la medida de los delitos cometidos. En desarrollo de esa solicitud también se pide que no salga de Colombia y participe en campañas políticas”, resaltó el togado, quien accedió a entregarle esta posibilidad.
“El despacho accederá en el caso concreto suyo a esas medidas no privativas de la libertad que durarán durante todo el proceso, previa suscripción de diligencia de compromiso con el despacho”, añadió el juez Beltrán en su determinación.
Los detenidos se encontraban recluidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, desde el sábado 29 de julio de 2023, cuando fueron trasladados desde Barranquilla (Atlántico), en donde fueron capturados para que respondieran por sus presuntas conductas delictivas.
En la audiencia, el juez compulsó copias a Petro Burgos y Vásquez Castro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, debido a los múltiples contratos que celebraron, al parecer, de manera irregular, con la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención de adultos mayores.
Asimismo, pidió investigar al tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.
A su vez, también se compulsaron copias contra el empresario Gustavo De la Ossa Vélez, que funge como propietario de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); que habría servido de fachada para la suscripción de millonarios contratos con el ente departamental.
Y es que la evidencia presentada por el fiscal Mario Burgos, que expuso de manera detallada lo que serían las prácticas delictivas que tendría como protagonista a Petro Burgos, protagonista principal de esta historia, en la que se le señala de incrementar su patrimonio de manera injustificada en cerca de $1.053 millones de pesos.
“Se pusieron de presente la trazabilidad de gastos de Petro Burgos y Vásquez Castro, en proporcionalidad con los ingresos reales de Nicolás Petro. Se logró establecer que hay bienes en cabezas de terceros”, destacó el juez Beltrán Castillo sobre el particular.
Pero también, el fiscal indicó que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Alfonso Hilsaca, el Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, dijo por su parte Burgos.
Sobre el particular, hasta el momento es válido resaltar que solo se conoce que se efectuó el interrogatorio del político con la Fiscalía, el cual se desarrolló el miércoles 2 de agosto, día en que se negó a recibir al presidente en el búnker, extendió por cerca de 12 horas. Y en el que el diputado fue enfático en decir en que Gustavo Petro conocía del origen de los recursos que respaldaron su aspiración; sin que todavía se haya adjuntado al ente acusador el acervo probatorio.
Según el juez, el fiscal designado entregó abundante material, en el que se incluyó una línea de tiempo, desde enero de 2020 hasta la fecha, de los movimientos de Petro Burgos y Vásquez Castro; lo que permitió ver los movimientos de dinero en efectivo que fueron insumo para un estilo de vida lleno de lujos y dinero que tenía el asambleísta, quien compró viviendas y vehículos de alta gama, además de viajes dentro y fuera del país.
“El patrimonio de Petro Burgos se encuentra injustificado en cuanto a sus ingresos. El imputado solo tenía un ingreso y no se pudo determinar ingresos de otra actividad económica”, manifestó el togado.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el juez Beltrán Castillo también hizo énfasis en la forma en que Day Vásquez efectuó el “hackeo” del teléfono móvil de Laura Ojeda: actual pareja del hijo del jefe de Estado, por lo que se le imputó el delito de violación de datos personales; con el auxilio de integrantes de la Policía Nacional.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
