Internacionales
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
