Internacionales
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
