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Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
Las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante los próximos días en El Salvador, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener precaución, especialmente en zonas de topografía irregular, donde podrían registrarse deslizamientos y caída de rocas.
Las autoridades informaron que las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes zonas del país debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió que las condiciones meteorológicas requieren especial atención en las zonas con terrenos irregulares por la posibilidad de deslizamientos y caída de rocas.
«Estas condiciones de mucha nubosidad y lluvias van a mantenerse durante esta semana. Hay que tener precaución, con énfasis en las zonas con topografía irregular, donde pueden ocurrir deslizamientos y caídas de rocas», señaló el funcionario.
Además, se informó que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el aviso a escala nacional fue emitido debido a la combinación de sistemas atmosféricos que están generando las condiciones lluviosas.
«El día de ayer, se emitió un aviso debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestra región», informó Amaya.
Durante las últimas 24 horas, las lluvias han generado diversos incidentes en el territorio nacional. Protección Civil contabilizó ocho árboles caídos, cinco deslizamientos, diez vías obstruidas, dos ríos desbordados en Sonsonate, dos vehículos afectados, 18 viviendas anegadas y una vivienda con daños leves.
Entre los incidentes reportados se encuentra el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. Además, equipos de emergencia atendieron a personas que presentaron una crisis nerviosa luego de que un árbol cayera sobre una vivienda en el cantón Chorro Arriba, distrito de Izalco, Sonsonate Este.
A pesar de los incidentes registrados, las autoridades indicaron que no hay personas albergadas como consecuencia de las lluvias.
«Quiero destacar que, hasta este momento, no tenemos personas albergadas como consecuencia de estas lluvias», afirmó Amaya.
Equipos preparados para atender emergencias
Ante el pronóstico de lluvias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) han dispuesto 68 planteles a escala nacional para responder ante posibles emergencias.
«Por estas lluvias que se nos avecinan, hemos preparado 68 planteles, a escala nacional, para atender cualquier emergencia entre MOP y Fovial, vamos a tener las cuadrillas las 24 horas del día para atender algún árbol caído, deslizamiento o cualquier inconveniente en la infraestructura del país», declaró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Las cuadrillas permanecerán activas las 24 horas para atender situaciones como árboles caídos, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas señaladas de protagonizar una pelea en la vía pública, en el distrito de Soyapango.
Los detenidos fueron identificados como Jeison Alexander Zavaleta Salgado, Daniel Adalberto Berríos Bonilla y Verónica Guadalupe Cortez Álvarez, quienes fueron ubicados por las autoridades durante la mañana del lunes.
«Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados», publicó la PNC en su cuenta oficial de X.
En Soyapango, San Salvador Este, capturamos a tres personas luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados.
Los identificamos como:
▪️ Jeison Alexander… pic.twitter.com/FIjkwkzEQ2
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 21, 2026
La corporación policial informó que los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean procesados en un juzgado de paz de ese distrito.
Por el delito de desórdenes públicos, los jueces han estado decretando instrucción formal con detención provisional en los expedientes que el Ministerio Público ha judicializado.
En algunos casos, los imputados, tras permanecer varios meses en prisión, han solicitado a sus abogados tramitar un procedimiento abreviado para admitir el delito y concluir el proceso en los tribunales.
🚨 TRES PERSONAS CAPTURADAS TRAS PELEA EN LA VÍA PÚBLICA EN SOYAPANGO
Tres personas fueron capturadas en Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Según la información proporcionada, tras difundirse un video del hecho en redes sociales,… pic.twitter.com/qRFlPnaavY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026
Miembros de la Fuerza Armada ubicaron a Brandon Alexander Hernández, alias «Seco» o «Terrible», señalado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS), en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
De acuerdo con la institución militar, Hernández tiene un récord delictivo y desempeñaba la función de gatillero dentro de la estructura criminal, lo que significa que habría sido asignado para cometer homicidios por órdenes de los cabecillas.
La Fuerza Armada señaló que el individuo era el encargado de asesinar a personas que se negaban a colaborar con la pandilla mediante el pago de cuotas de extorsión. También lo vinculó con ataques contra pandilleros rivales y miembros de la MS que incumplían el reglamento interno de la agrupación.
«Este pandillero posee una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y antecedentes por agrupaciones ilícitas», publicó la Fuerza Armada.
Tras su ubicación, el señalado fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), para posteriormente ser remitido ante la Fiscalía General de la República (FGR), que iniciaría el proceso penal por agrupaciones ilícitas en un tribunal contra el crimen organizado.
Hernández será incorporado a un expediente único que ya fue iniciado contra estructuras de la MS. De ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión.
