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Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de dos pandilleros salvadoreños requeridos por tribunales de El Salvador por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
Uno de los detenidos fue identificado como Óscar Antonio Sandoval Godínez, de 58 años, quien fue localizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en el puesto fronterizo de San Cristóbal Frontera, en Atescatempa, departamento de Jutiapa.
De acuerdo con la PNC guatemalteca, Sandoval Godínez posee una alerta internacional emitida el 17 de diciembre de 2018 por el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador por los delitos de organizaciones terroristas agravadas y posesión para el consumo.
Las autoridades detallaron que durante el procedimiento le fueron decomisadas una motocicleta y seis porciones de cocaína. Asimismo, indicaron que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para resolver su situación legal y posteriormente será expulsado de Guatemala.
En otro operativo fue capturado Elías Valdez Deras, de 42 años, conocido con el alias de “Hunter” e identificado como integrante de la Mara Salvatrucha. Su arresto se realizó en el caserío Ceiba Hueca, en Tiquisate, departamento de Escuintla.
Según la PNC de Guatemala, Valdez Deras posee una orden de captura por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción. Además, registra un antecedente criminal por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos en Santa Ana, El Salvador, correspondiente a agosto de 2013.
Las autoridades guatemaltecas señalaron que durante 2026 han capturado aproximadamente a 50 pandilleros que huyeron de El Salvador, la mayoría de los cuales han sido expulsados para enfrentar procesos penales, mientras que otros permanecen detenidos por delitos cometidos en territorio guatemalteco.
Un balance oficial actualizado indica que entre enero de 2024 y el 7 de junio de 2026 han sido capturados 300 pandilleros en Guatemala. De ese total, 157 fueron detenidos en 2024, 93 en 2025 y 50 en lo que va de 2026.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador permanecerán sin variaciones durante la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, la gasolina regular tendrá un precio de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. En el caso de la gasolina superior, el costo será de $4.74 en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel mantendrá un precio de $4.44 en las zonas central, occidental y oriental del país.
Estos precios estarán vigentes desde el 9 hasta el 22 de junio de 2026.
La DGEHM explicó que entre los factores internacionales que inciden en los precios se encuentran los conflictos que continúan en Oriente Medio, los cuales mantienen la incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido sobre un período de alta vulnerabilidad en el mercado petrolero debido a la reducción de inventarios mundiales, el incremento de la demanda estacional y las tensiones geopolíticas en esa región.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Además, detalló que se han reforzado las verificaciones en estaciones de servicio con el objetivo de garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, así como la entrega exacta del volumen por el que los usuarios realizan sus pagos.
El mes de junio suma un nuevo día sin registrar homicidios en El Salvador, alcanzando un total de siete jornadas sin asesinatos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó a través de su cuenta de X que el domingo 7 de junio finalizó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el domingo 07 de junio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la referida red social.
Según el balance de Seguridad, el año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, cifra que representa el registro más alto reportado hasta la fecha.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que, según indican, han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia.
