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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
Estados Unidos calificó a El Salvador como un socio estratégico en el hemisferio occidental y destacó el clima de inversión impulsado por la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, en momentos en que decenas de empresas estadounidenses evalúan invertir en el país.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló que el llamado «milagro de seguridad pública» ha generado condiciones favorables para el desarrollo económico y la atracción de capital extranjero. Según la representación diplomática, el objetivo de la política exterior estadounidense es que sus empresas participen activamente en lo que califican como el «renacimiento» salvadoreño.
En ese contexto, el Departamento de Estado informó que el subsecretario para Asuntos Económicos sostuvo recientemente un encuentro con más de 75 compañías estadounidenses interesadas en explorar oportunidades de inversión en El Salvador. «Estas inversiones traerán prosperidad a ambos países», indicó la oficina de Asuntos Económicos del organismo.
El creciente interés de empresas estadounidenses refleja que El Salvador se perfila como un destino «competitivo y atractivo» para la inversión. Este posicionamiento está vinculado al entorno de seguridad que ha favorecido condiciones para el desarrollo económico. Asimismo, la relación bilateral con Estados Unidos muestra un fortalecimiento en áreas como seguridad, transferencia de tecnología y generación de empleo.
Datos oficiales señalan que El Salvador cerró 2025 con 474.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que la rentabilidad de empresas internacionales creció 13.2 %. Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios económicos y fuente clave de inversión y turismo hacia el país centroamericano.
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Mercados de San Salvador centro cuentan con todo lo necesario para celebración del Día de la Cruz
Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición con un origen que mezcla elementos religiosos y costumbres indígenas y, en los mercados de San Salvador Centro, los vendedores tienen a disposición de los compradores todo lo que se necesita para la fecha.
La vendedora Yanira, del edificio 9 del Mercado Central, detalla que se cuenta con adornos para la decoración de las cruces, entre ellos, los churros, nidos o matates y cortinas plásticas. «Les esperamos con amabilidad para poderles servir y que lleven sus productos», dijo.
Entretanto, la alcaldía de San Salvador ha compartido un video en el que se pone a la venta los distintos tipos de frutas de temporada que se ofrecen para llevar a cabo esta costumbre: mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.
Y es que durante esta celebración, se coloca una cruz de madera, adornada con papel de colores, flores y frutas. Generalmente, la cruz suele ponerse en patios, jardines o espacios comunitarios.
Es común que los niños y adultos visiten las casas para pedir frutas o dulces, algo similar a otras tradiciones festivas. En algunas comunidades hay música, rezos o pequeños actos religiosos.
La alcaldía también anuncia que mañana, sábado 2 de mayo, se conmemorará el Día de la Cruz en la Placita de Ciudad Delgado, desde las 9:00 a. m. y se hace la invitación a la población a participar.
La celebración está vinculada al cristianismo, especialmente a la conmemoración de la invención (hallazgo) de la cruz de Cristo, atribuida a Santa Elena en el siglo IV. Según la tradición, ella habría encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo en Jerusalén.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
