Nacionales
Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho” o “Nacho”, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido en México y expulsado hacia Guatemala, donde posteriormente será entregado a las autoridades de El Salvador.
La ubicación de Ventura Umaña fue posible mediante la coordinación internacional de las autoridades de México, Guatemala y El Salvador. El intercambio de información permitió verificar que el pandillero era requerido por un tribunal salvadoreño por su presunta vinculación con delitos relacionados con el crimen organizado.
De acuerdo con la información proporcionada, Ventura Umaña fue detectado de manera irregular en México, país al que supuestamente había huido para evitar enfrentar el proceso penal bajo las reglas del régimen de excepción.
“Es requerido por la justicia salvadoreña por los delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas y homicidio agravado, según orden de captura emitida el 26 de marzo de 2026”, destacó la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Por el delito de agrupaciones ilícitas, Ventura Umaña podría ser condenado a 30 años de prisión por su pertenencia a la Mara Salvatrucha. En el caso del homicidio agravado, la pena mínima es de 35 años y la máxima de 60, de acuerdo con las agravantes del crimen, según las reformas realizadas al delito por la Asamblea Legislativa.
Las agravantes de alevosía y premeditación establecen una pena de entre 35 y 40 años de prisión. Cuando existe un vínculo familiar con la víctima, la condena aumenta de 45 a 50 años, mientras que cuando el delito es cometido por funcionarios públicos, autoridades o personal penitenciario, la pena establecida es de 55 a 60 años.
Asimismo, el pandillero podría enfrentar una condena de entre 15 y 25 años de cárcel por el delito de desaparición de personas.
Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) trasladan a Ventura Umaña hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde será entregado a las autoridades salvadoreñas para que responda ante la justicia de su país, informó la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Este caso ocurre una semana después de la captura en México de Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias “Escorpión”, integrante de la pandilla 18, quien fue entregado a la Policía de Guatemala para posteriormente ser expulsado hacia El Salvador.
Vigil Rivas era requerido por El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y tenía una orden de captura vigente desde febrero de 2023. Según la información proporcionada, dentro de la pandilla 18 tenía el rango de sicario y se encargaba de asesinar a personas con el aval de los cabecillas.
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se prevén lluvias en el territorio nacional.
Para la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión, así como en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
También se pronostican lluvias en sectores de la cordillera del Bálsamo, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus alrededores, además de la sierra de Tecapa-Berlín.
Al final de la tarde y durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarán hacia sectores de la zona central y occidental del país, incluyendo el AMSS, Santa Ana y Sonsonate.
En la zona oriental, se prevén lluvias en sectores del norte de San Miguel, Morazán y La Unión, así como en la sierra de Tecapa-Berlín, San Miguel y sus alrededores.
El viento tendrá dirección del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán asociadas a la influencia de una onda tropical, que generará condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas. Además, el flujo del este acelerado favorecerá el rápido desplazamiento de estas condiciones.
Principal
Capturan a hombre acusado de atacar con machete a otro mientras bebían alcohol en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Joel Antonio Rodríguez Escobar, de 44 años, señalado de atacar con un machete a otro hombre mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas en el caserío El Gramal, distrito de El Porvenir, en Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante una discusión Rodríguez Escobar habría lesionado a la víctima en el cuello con un machete. Tras el ataque, el hombre herido fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
La PNC indicó que la víctima se encuentra en condición estable y fuera de peligro, mientras que el sospechoso fue localizado y detenido sobre la calle principal del mismo caserío donde ocurrió el incidente. Hasta el momento no se ha divulgado públicamente la identidad del hombre lesionado.
Rodríguez Escobar será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, según la información policial, será remitido por el delito de intento de homicidio. Las investigaciones continuarán para esclarecer completamente las circunstancias que originaron la agresión.
