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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
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Cristian Alfredo Contreras Cuellar, Francisco Efraín Flores Martínez y Miguel Ángel Corona Portillo, miembros de la MS-13 que operaba en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana fueron condenados por comprobarles el delito de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
Dadas las pruebas presentadas por la representación fiscal, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso las siguientes penas: Cristian Alfredo Contreras Cuellar, 25 años de cárcel por Homicidio Agravado, más 20 años por planeación de dos homicidios, y cinco años adicional por el delito de agrupaciones ilícitas; haciendo un total 50 años de cárcel.
Mientras que para Francisco Efraín Flores Martínez se impuso una sentencia de 25 años por el delito de Homicidio Agravado, y para Miguel Ángel Corona Portillo, 5 años de cárcel por agrupaciones Ilícitas.
Uno de los casos más relevantes por el cual fueron condenados es el asesinato de Francisca de Jesús Samayoa; la víctima le vendía comida a miembros de la PNC y los pandilleros consideraban que ella les brindaba información.
Otro de los casos es el perpetrado contra Juan Carlos Ortíz Linares, a quien le quitaron la vida porque vendía pollo en una zona del mercado Colón de Chalchuapa, donde la estructura consideraba que era dominada por la pandilla
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Judicial
Adolescente que hirió con cuchillo a compañero de clases recibirá tratamiento de salud mental
El Juzgado 3.° de Menores de San Salvador resolvió que la menor acusada de Homicidio Tentado en perjuicio de un compañero de clases reciba un tratamiento de atención en un centro de salud mental.
Y es que en horas de la mañana de este martes, se desarrolló la audiencia de imposición de medidas en contra de la adolescente.
El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo en un Centro Escolar de Santiago Texacuangos, en San Salvador, cuando la estudiante de sexto grado hirió de gravedad a su compañero, en el turno vespertino. La víctima recibió una serie de lesiones con un cuchillo por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional José Antonio Saldaña.
La fiscal del caso mencionó que «la jueza resolvió que la adolescente seguirá en tratamiento en cuanto su estado de salud mental y posteriormente antes de ser dada de alta se debe informar al Juzgado correspondiente en este caso el Juzgado Cuarto de Menores».
Posteriormente, se aplicarán las medidas respectivas, según lo valore el juzgado informó la Fiscalía General de la República (FGR).
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En horas de la tarde de este martes, elementos de la Fuerza Naval y de Protección Civil confirmaron que fue localizado el cuerpo de un joven que se ahogó en playa El Cuco de San Miguel.
El muchacho desapareció el pasado domingo mientras se encontraba divirtiéndose en dicha playa y según los reportes, fue arrastrado por las olas.
Esa misma tarde se realizaron labores de búsqueda por equipos conformados por guardavidas y pescadores de la zona, sin embargo, se suspendió la jornada por la lluvia.
Los reportes indican que el joven fallecido es originario de Ciudad Barrios.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy publicó en sus redes oficiales que “tras 72 horas de búsqueda, personal de la Fuerza Naval recuperó a 2 MN al sur de Playa El Cuco, el cuerpo sin vida de Santos Humberto Castillo, quien fue arrastrado por corriente marina en el sector de El Esterito”.
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