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Caso corruptela fabricado por ex jefe UIF Jorge Cortez para ocultar investigación por lavado de dinero contra Banco Promérica, S.A.
Han transcurrido casi 7 años desde que fiscales bajo orden del Ex Jefe Antilavado de la Fisalía, Jorge Cortez, alteraron la investigación para crear al caso “Corruptela” y liberar de cargo a Banco Promérica, S.A.
El fraude de la Unidad Antilavado para encubrir al Banco Promérica.
En mayo de 2016 se aperturó en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Jorge Orlando Cortez el expediente 28-UIF-2016 como resultado del informe No. DR-08637 de la Superintendencia del Sistema Financiero que señalaba deficiencias importantes en la gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según el informe «La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de US $185 millones.”
Pese a los indicios de lavado de dinero que señalaban al Banco Promérica, S.A, el entonces Jefe UIF, Jorge Orlando Cortez Díaz, giró instrucciones que desviaron la investigación del Banco y en su lugar se ocupó la carpeta fiscal, para fabricar una nueva acusación contra el Ex fiscal general, Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre quienes se encontraba el empresario Enrique Rais, que fue presentado mediáticamente como «Caso Corruptela». De esta manera se dejó en la impunidad al Banco Promerica, que salvó ser investigada y en su lugar se fraguó un caso falso contra diversas personas, sobre una serie de hechos inconexos, en los que tanto Jorge Cortez como el Ex fiscal general Douglas Meléndez incluyeron a Enrique Rais, con la intención de aparentar que el empresario suizo era objeto de una investigación de lavado de dinero y afectarlo en el sistema bancario.
Los testigos «torturados» y el caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, cuando el Ex fiscal general Douglas Meléndez presentaba el «caso corruptela» con todo el show mediático que le caracterizaba, en un intento final por impulsar su candidatura a la reelección en el cargo, como una exhaustiva investigación de varios años que mostraba las supuestas relaciones de poder y corrupción en el sistema judicial con otros funcionarios del Estado y empresarios; sin embargo, ese «gran caso» que cuestionaba el manejo de los fondos institucionales de Fiscalía, en el fondo era un circo que ocultó la investigación que no fue, por más de US $500 millones de dólares movidos por Banco Promérica, a través de cuentas corresponsales.
La fiscalía acusó al empresario Rais de dos delitos de Cohecho Activo, utilizando como prueba las confesiones de cuatro testigos (ex agentes de la propia fiscalía) quienes tiempo después hicieron de conocimiento público y denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Fiscalía que fueron sometidos a coacciones y actos crueles al momento de ser entrevistados por agentes fiscales e investigadores. Esas declaraciones por consecuencia carecen de valor probatorio. La denuncia ante PDDH nunca fue respondida y en el caso de Fiscalía declinó investigar a los agentes señalados de cometer coacciones y torturas y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La acusación del caso corruptela fue suscrita y diligenciada por los fiscales del Grupo contra la Impunidad, dirigida por Jorge Cortez, entre los que se encontraban: Héctor Nahum Martínez, actual magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, David Ramírez Guevara, Sergio Manrique Paredes, Mario Henryk Ortiz, Santos Inocente Segura Mendoza y Carmen María Marroquín Vega, señalados de participar en los actos de coacción y tortura de los testigos y usar esa prueba en el expediente judicial. Sin embargo, las acusaciones en contra de varios de esos agentes fiscales fue sobreseída a solicitud de Fiscalía.
Curiosamente los mismos argumentos eran aplicables a los (ex) fiscales auxiliares imputados en el caso «corruptela», sin embargo, contra éstos no se pidió sobreseimiento definitivo, sino que fueron acusados ante el juzgado 7º de Paz de San Salvador, que los sobreseyó de los cargos, pero la Cámara 1ª de lo Penal, integrada por Carlos Ernesto Sánchez y Guillermo Arévalo Domínguez, fueron quienes revocaron la decisión y los pasaron a juicio. El (ex) magistrado Carlos Sánchez fue destituido de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara de lo Penal por constatarse que realizaba justicia selectiva.
De todo lo anterior se puede evidenciar que los casos judiciales contra los fiscales acusadores (presuntos torturadores) y los ex fiscales acusados (torturados) fue totalmente dispar, pues en un caso ha llegado hasta juicio y en otro no se investigaron los actos de coacción y hostigamiento, como ocurrió en el caso del ex fiscal y actual magistrado del Constitucional Héctor Nahum Martínez, de quien se lee en el expediente judicial que realizó inclusive actos de restricción de libertad de la testigo, como ocurrió en el caso de interrogatorio a la ex jefa de la Unidad de Patrimonio, Carolina Nochez, que al momento en que ofreció incorporar prueba en su declaración fue informada que «es que usted ya no puede salir de aquí, usted está retenida acá» (Requerimiento Fiscal, Exp.460-DEUP-7-2019 SS, pág. 24) Cuya investigación solicitada por el Juez 12º de Paz de San Salvador, que un juez solicitó que esas conductas fueran investigadas, lo que nunca fue abordado por Fiscalía.
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Vicepresidente Ulloa representará al Gobierno de El Salvador durante las solemnes exequias de Su Santidad, el Papa Francisco
El Salvador se une al duelo por la partida del Sumo Pontífice, el Papa Francisco. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, viajó al Estado de la Ciudad del Vaticano por designación del Presidente de la República, Nayib Bukele, para participar en las solemnes exequias de Su Santidad. A su llegada al Aeropuerto Fiumicino de Roma, fue recibido en la sala de autoridades por tres Monseñores de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Posteriormente, el Vicepresidente Ulloa, acompañado de su esposa, Lillian de Ulloa y la Embajadora de El Salvador en el Vaticano, Anabella Machuca, fueron recibidos por el Jefe de Protocolo de la Santa Sede, Monseñor Javier Fernández, quien los guio a través de la Porta della Preghiera (Puerta de la Oración), acceso reservado para papas, cardenales y autoridades, hacia la capilla ardiente. Allí rindieron homenaje al primer Papa latinoamericano, en una solemne muestra de respeto ante su legado de fe, humildad y compromiso, el cual perdurará en la historia de la Iglesia y de la humanidad.
Durante el acto, el Vicepresidente sostuvo intercambios con la Duquesa de Luxemburgo, Maria Teresa, y la Presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, así como con otros representantes de diversas delegaciones internacionales. Al menos 130 delegaciones, entre ellas 50 jefes de Estado y 10 monarcas, han confirmado su presencia al funeral del Santo Padre.
Esta mañana se reportó un leve accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos tipo Kia Soul.
El percance vial se registró en Santa Ana, en momentos en que ambos conductores circulaban por una zona urbana.
De acuerdo con los informes, el incidente no dejó personas lesionadas, solo daños leves en ambos vehículos.
En los últimos días, usuarios de redes sociales han reportado accidentes frecuentes —tanto leves como graves— en los que se han visto involucrados vehículos de este tipo.
El Gobierno continúa priorizando el bienestar de las familias salvadoreñas, impulsando oportunidades para mejorar sus economías. Desde el Ejecutivo se promueven iniciativas que buscan generar alivio financiero y fomentar el desarrollo sostenible en los hogares del país.
Este viernes, el mandatario anunció una nueva propuesta presentada formalmente ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), con el objetivo de aliviar las cargas económicas de los trabajadores salvadoreños.
“Este día, hemos enviado la siguiente propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo”, informó el jefe de Estado. La iniciativa plantea un aumento del 12 % al salario mínimo, que sería efectivo a partir de junio de 2025.
Este ajuste impactaría directamente a todos los sectores productivos del país: maquila, industria, agro, comercio y servicios. Representa un nuevo paso hacia la dignificación del trabajo y la reducción de las brechas salariales que han limitado históricamente el progreso de muchas familias salvadoreñas.
La última revisión al salario mínimo fue en julio de 2021, también promovida por el presidente Bukele, con un incremento del 20 %, que benefició directamente a más de 522,000 trabajadores y a 1.5 millones de familias.
Según el Gobierno, la nueva propuesta ha sido elaborada con criterios técnicos, basada en estudios económicos y proyecciones que garantizan su sostenibilidad, sin afectar la estabilidad del empleo ni el dinamismo de la inversión, considerados pilares fundamentales de la economía nacional.
Se prevé que este ajuste tenga un impacto positivo en el crecimiento económico del país. Al aumentar el poder adquisitivo de la población trabajadora, también se dinamizará el consumo interno, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son motor clave de los sectores productivos en El Salvador.
