Judicial
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Sentencia reprograma juicio contra Nayib Bukele
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m., la audiencia de vista pública en el caso donde el exalcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es demandado por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez. Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.
El juicio a realizarse este lunes 18 de febrero fue aplazado y reprogramado para nueva fecha debido a la presentación de un escrito por parte de los abogados defensores de Bukele Ortez, en el cual solicitaban, entre otras cosas, la suspensión del proceso que se sigue en su contra y se envíe al archivo, ya que tras ser electo como Presidente de El Salvador, ya no puede ser juzgado. El escrito se hizo del conocimiento a la parte acusadora, quien mostró su inconformidad y solicitó que se declarara sin lugar.
Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como tambien señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo.
En su resolución el Juez señaló que en el Artículo 131 apartado 14 de la Constitución de El Salvador, a la Asamblea Legislativa le corresponde:”recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República; es decir el Sr Nayib Armando Bukele Ortez, al haber resultado electo a través del voto como Presidente de El Salvador y ser acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como tal, mantiene su calidad de ciudadano común hasta que el 1ro de Junio del presente año sea juramentado y envestido, en su calidad de ciudadano, por la Asamblea Legislativa, como Presidente de El Salvador y le sea entregada la posesión del cargo. Es decir, Bukele Ortez no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública.
Así también el juez de derecho otorgó tres días hábiles a Nayib Armando Bukele Ortez para que justifique su no comparecencia, así como también a los abogados defensores quienes presentaron el escrito ante la Secretaria del Tribunal, sin embargo se retiraron de este recinto Judicial sin esperar ser llamados a sala de audiencia.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a esto, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
