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ÚLTIMA HORA: Alcalde Muyshondt y su Concejo Municipal fueron denunciados en la fiscalía por malversación de fondos
El Alcalde de San Salvador, fue denunciado por el Apoderado de MIDES, Lic. Carlos Miranda, por presunta malversación de los fondos de las Tasas de disposición final de desechos sólidos al cobrar y utilizar tasas municipales para un fin distinto, sin pagar los más de 2.9 millones de dólares que adeuda a MIDES.
Las Tasas por Servicios Municipales, tienen uso único y exclusivo, en este caso es para el pago de la disposición final de los desechos las cuales ya fueron cobradas mes a mes a través de las facturas de energía eléctrica, sin embargo, según el denunciante “existe un capricho antojadizo y muy probablemente basado en intereses oscuros por afectar a MIDES, del que también la comuna capitalina es socia a través del COAMSS (Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador).
Y es que de acuerdo a la denuncia no se han trasladado los pagos por el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos recolectados y trasladados al relleno sanitario que ya prestó MIDES desde el mes de agosto de 2018 y según el abogado penalista: “a pesar de encontrarse vigente el contrato, ante los avisos de cobro, el alcalde se inventó una emergencia ambiental, que por cierto no le prosperó en el Juzgado Ambiental, por ser falaz y así utilizó fondos públicos para contratar una empresa propiedad del señor Salume, que no posee los permisos del MARN ni la capacidad técnica para recibir entre 660 a 800 toneladas diarias de basura de San Salvador, las de Santa Tecla y otras 18 alcaldías. El permiso para procesar en el relleno de La Libertad era para 42 toneladas diarias y fue hasta el 10 de diciembre del 2018 que de forma el Ministerio de Medio Ambiente autorizó e incrementó hasta un máximo de 500 toneladas diarias, recibiendo a la fecha más de un mil toneladas diarias excediéndose en más de 700 toneladas de su capacidad autorizada lo que deriva en una contaminación ambiental.
El Juzgado Ambiental tiene conocimiento de ello y ya existe un dictamen técnico del equipo multidiciplinario ambiental de la Corte Suprema de Justicia, resolución que en su numeral 5 obligaba a la Ministra Lina Pohl a cumplir con el Art. 19 de la Ley de Medio Ambiente el cual le ordenaba iniciar el procedimiento sancionatorio, tal como reza el Art. 91 de la citada ley, cosa que la Ministra desobedeció.
Los incumplimientos a la ley Penal, provocará una verdadera emergencia ambiental para las personas que residen en los municipios aledaños al Puerto de La Libertad, ya que se contaminará el suelo y los mantos acuíferos.
La responsabilidad penal recaerá sobre la Ministra Lina Polh, por haber otorgado permisos de forma irregular y más grave aún, por no haber iniciado el proceso sancionatorio contra PULSEM, por haber estado operando sin permiso ambiental de funcionamiento y ahora por no estar ejerciendo los controles para garantizar que el relleno sanitario de Melara no esté operando por arriba del doble de la capacidad que le fue autorizada.
La Corte de Cuentas de la República, también ha iniciado al trámite administrativo para auditar las supuestas irregularidades atribuidas al señor Alcalde Ernesto Muyshondt y al Concejo Municipal Plural de la ciudad de San Salvador, con funciones desde el uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno, basado principalmente a que mientras se encontraba vigente el contrato con MIDES, el concejo municipal plural emitió un decreto de emergencia, basado en un supuesto paro técnico que nunca existió, y fue la base para contratar de forma directa los servicios de la sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V., Sociedad que No posee ningún permiso ambiental, por lo que debe investigarse también los sobre precios y sus diferencias entre lo que paga la Alcaldia de San Salvador al Señor Salume, único propietario y lo que éste le paga al relleno sanitario PULSEM, para conocer si no hay adicionalmente una administración fraudulenta en contra del accionista quien es la Alcaldia de La Libertad, siendo este el accionista más afectado de esta malversación de fondos públicos, dijo el abogado Juan Andrés Santamaría, también apoderado legal de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
