Judicial
ÚLTIMA HORA: Alcalde Muyshondt y su Concejo Municipal fueron denunciados en la fiscalía por malversación de fondos
El Alcalde de San Salvador, fue denunciado por el Apoderado de MIDES, Lic. Carlos Miranda, por presunta malversación de los fondos de las Tasas de disposición final de desechos sólidos al cobrar y utilizar tasas municipales para un fin distinto, sin pagar los más de 2.9 millones de dólares que adeuda a MIDES.
Las Tasas por Servicios Municipales, tienen uso único y exclusivo, en este caso es para el pago de la disposición final de los desechos las cuales ya fueron cobradas mes a mes a través de las facturas de energía eléctrica, sin embargo, según el denunciante “existe un capricho antojadizo y muy probablemente basado en intereses oscuros por afectar a MIDES, del que también la comuna capitalina es socia a través del COAMSS (Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador).
Y es que de acuerdo a la denuncia no se han trasladado los pagos por el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos recolectados y trasladados al relleno sanitario que ya prestó MIDES desde el mes de agosto de 2018 y según el abogado penalista: “a pesar de encontrarse vigente el contrato, ante los avisos de cobro, el alcalde se inventó una emergencia ambiental, que por cierto no le prosperó en el Juzgado Ambiental, por ser falaz y así utilizó fondos públicos para contratar una empresa propiedad del señor Salume, que no posee los permisos del MARN ni la capacidad técnica para recibir entre 660 a 800 toneladas diarias de basura de San Salvador, las de Santa Tecla y otras 18 alcaldías. El permiso para procesar en el relleno de La Libertad era para 42 toneladas diarias y fue hasta el 10 de diciembre del 2018 que de forma el Ministerio de Medio Ambiente autorizó e incrementó hasta un máximo de 500 toneladas diarias, recibiendo a la fecha más de un mil toneladas diarias excediéndose en más de 700 toneladas de su capacidad autorizada lo que deriva en una contaminación ambiental.
El Juzgado Ambiental tiene conocimiento de ello y ya existe un dictamen técnico del equipo multidiciplinario ambiental de la Corte Suprema de Justicia, resolución que en su numeral 5 obligaba a la Ministra Lina Pohl a cumplir con el Art. 19 de la Ley de Medio Ambiente el cual le ordenaba iniciar el procedimiento sancionatorio, tal como reza el Art. 91 de la citada ley, cosa que la Ministra desobedeció.
Los incumplimientos a la ley Penal, provocará una verdadera emergencia ambiental para las personas que residen en los municipios aledaños al Puerto de La Libertad, ya que se contaminará el suelo y los mantos acuíferos.
La responsabilidad penal recaerá sobre la Ministra Lina Polh, por haber otorgado permisos de forma irregular y más grave aún, por no haber iniciado el proceso sancionatorio contra PULSEM, por haber estado operando sin permiso ambiental de funcionamiento y ahora por no estar ejerciendo los controles para garantizar que el relleno sanitario de Melara no esté operando por arriba del doble de la capacidad que le fue autorizada.
La Corte de Cuentas de la República, también ha iniciado al trámite administrativo para auditar las supuestas irregularidades atribuidas al señor Alcalde Ernesto Muyshondt y al Concejo Municipal Plural de la ciudad de San Salvador, con funciones desde el uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno, basado principalmente a que mientras se encontraba vigente el contrato con MIDES, el concejo municipal plural emitió un decreto de emergencia, basado en un supuesto paro técnico que nunca existió, y fue la base para contratar de forma directa los servicios de la sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V., Sociedad que No posee ningún permiso ambiental, por lo que debe investigarse también los sobre precios y sus diferencias entre lo que paga la Alcaldia de San Salvador al Señor Salume, único propietario y lo que éste le paga al relleno sanitario PULSEM, para conocer si no hay adicionalmente una administración fraudulenta en contra del accionista quien es la Alcaldia de La Libertad, siendo este el accionista más afectado de esta malversación de fondos públicos, dijo el abogado Juan Andrés Santamaría, también apoderado legal de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
