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“Tormenta del Golfo” permite la captura de 27 sujetos que conformaban grupos de exterminio en La Unión
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido la captura de 27 personas, quienes formaban parte de grupos de exterminio que operaban en San Alejo, Yayantique y Conchagua; todos en el departamento de La Unión.
De acuerdo al reporte oficial de las autoridades las detenciones se hicieron en el marco de la operación “Tormenta del Golfo” en horas de la madrugada de este domingo y mediante órdenes administrativas giradas en contra de los sujetos.
“Mediante el Plan Control Territorial liderado por el Presidente Bukele y ejecutado por la PNC, en lo que va del año, hemos reducidos los homicidios en un 46%, lo que significa más de 1,000 vidas salvadas”, destaca la PNC.
Mientras tanto, las autoridades no descansan para llevar seguridad a través de las tareas de seguridad pública del cual se enfoca a buscar malhechores por diferentes hechos delincuenciales.
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La nueva división político-administrativa del territorio salvadoreño propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele, que conlleva la reducción de los municipios de 262 a 44, ofrece un «mapa de oportunidades interesantes», pues permitirá mejorar las finanzas de las municipalidades, consideró ayer el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Luis Rodríguez.
Dicha iniciativa continuó ayer bajo estudio de la comisión política de la Asamblea Legislativa, y, a juicio de Rodríguez, el sanear las finanzas de las localidades posibilitará un mayor aporte de estas en iniciativas sociales y económicas.
«Al tener una configuración financieramente más nivelada, y que dará otra dinámica y planificación, permitirá a un municipio captar fondos de una mejor manera, trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro», afirmó el director de país del BCIE.
También señaló que con el reordenamiento territorial, que convierte a los actuales municipios en distritos, «el mapa de oportunidades es mucho mayor, está mucho mejor concentrado todo el reto que se tienen dentro de estas nuevas configuraciones para que en cada una (de las alcaldías) se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social. Es sumamente interesante, bajo nuestra perspectiva».
Uno de los considerandos de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Ley especial para la reesctructuración municipal señala que un análisis económico y financiero de los municipios determinó que no «cumplen con la condición de contar con recursos propios y tributarios suficientes para atender el gobierno local y la prestación de servicios públicos esenciales a su comunidad».
Agrega que «la escasez de recursos, que son por ahora una condición natural de muchas circunscripciones municipales, hace indispensable como una condición de modernización de la gestión estatal en términos generales, reformular, reestructurar y ajustar bajo los parámetros correctos, la forma en la que deben estar divididos los 14 departamentos del país a nivel municipal».
Para Mauricio Rodríguez, analista político y sociólogo, un país como El Salvador limitado en términos territoriales e históricamente considerado con baja rentabilidad, aunado a las prácticas corruptas que por décadas desarrollaron los funcionarios locales de los partidos tradicionales, limitaron que los municipios fueran asertivos con su compromiso de generar desarrollo local.
«Obviamente impacta a nivel administrativo, pues las asignaciones o erogaciones desde el Ejecutivo nunca alcanzaron a solventar las necesidades de los municipios, generando daños colaterales, pues un municipio donde no hay inversión social no puede desarrollar las demás áreas», indicó.
Según Rodríguez, lejos de velar por el desarrollo de los territorios que gobernaban, los alcaldes y concejos municipales «se dedicaron en términos políticos electorales a la compra de ejércitos de defensa del voto, lo que conocemos como clientelismo político», y a su juicio «pareciera ser que de una manera premeditada diseñaron en términos de municipalismo un sistema hecho para mantener nuestros municipios y nuestro país en el subdesarrollo».
La fragmentación de los 14 departamentos en 262 gobiernos locales solo ha beneficiado, de acuerdo a Rodríguez, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, «que encuentran en este ámbito una forma de vida; muchos hasta han logrado jubilarse como políticos».
Dicha división, política y administrativamente, generó en algunos casos pleitos entre los jefes municipales, por la falta de delimitación territorial en algunos casos, e impactó negativamente en los habitantes al no tener certeza jurídica sobre sus propiedades y las dificultades para acceder a los servicios básicos.
Esos diferendos limítrofes siempre fueron discutidos entre los alcaldes en la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa.
La actual legislatura ha resuelto diferendos entre los municipios de San Rafael Cedros y El Rosario (ambas jurisdicciones de Cuscatlán), Apopa y Nejapa, de San Salvador.
En el tintero quedaron pendientes de definir, con base a informes del Centro Nacional de Registros, las delimitaciones territoriales de los municipios de El Tránsito con Jucuarán; Santo Domingo y Verapaz (San Vicente); Dolores (Cabañas) con Santa Clara (San Vicente); El Tránsito con Concepción Batres (Usulután); Jutiapa y Potonico (Chalatenango).
La nueva división territorial, con 44 municipios, sería aprobada por la Asamblea Legislativa el próximo martes.
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La inflación sigue una tendencia a la baja en El Salvador, ya que en mayo de 2023 el indicador cerró con un 4.41 %, mientras que el mes previo fue de 5.44 %, retrocediendo 1.03 puntos porcentuales, según el último informe del Banco Central de Reserva (BCR).
Las estadísticas muestran que el fenómeno se encuentra en franco retroceso ya que acumula nueve meses de bajas consecutivas desde agosto del año pasado, cuando se situó en 7.66 %, hasta mayo reciente. Una variación de 3.25 %.
Además, el 4.41 % reportado en mayo se sitúa por debajo del registro que el país tenía en septiembre de 2021 cuando el BCR reportaba una tasa del 4.97 % y un poco por encima de agosto que presentó un índice del 4.30 %.
La tendencia a la baja coincide con la previsión del BCR, que en 2023 la tasa inflacionaria de El Salvador se normalizará y volverá a parámetros de alrededor de un 3 %.
En Centroamérica, el país continúa entre las naciones menos afectadas por la escalada de precios, situándose en el segundo puesto, sólo por detrás de Costa Rica que reportó una inflación del 0.88 % en el quinto mes de este año.
Entretanto, en Honduras y Guatemala el indicador también ha cedido registrando 6.6 % y 6.5 %, respectivamente, a diferencia de Nicaragua que no consigue estabilizarse y en mayo reportó un 9.53 %
Al respecto, el presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, identificó factores como la reducción en el precio de los combustibles y de los commodities a escala internacional como los impulsores externos de esta baja inflacionaria.
Mientras tanto, destacó que la implementación de las 11 medidas de alivio económico lanzadas por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 «han sido lo que principalmente ha logrado frenar el impacto de esta inflación mundial».
«Lo que están denotando estos últimos nueve meses es que hay un comportamiento a un menor impacto en el costo de vida de la población», agregó el funcionario, al tiempo que recordó que a la fecha medidas como la fijación de los precios del GLP, la exoneración de impuestos de importación y la vigilancia de los mercados se mantienen vigentes.
De marzo de 2022, a la fecha la DC reporta 189,431 verificaciones, las cuales derivaron en 124 denuncias presentadas ante el Tribunal Sancionador de la institución y dieron como resultado 50 multas equivalentes a $201,000.
Además, la firma Exor Latinoamérica afirma que «desde el año pasado, El Salvador se ha posicionado como uno de los países con la inflación más controlada dentro de la región», y coincide en que esto es fruto de las 11 medidas.
«Se observa que las medidas tomadas por el Gobierno han dado resultado en una inflación muy cercana a la de Estados Unidos, a quien debemos influencia directa al estar dolarizados, por lo que se puede observar que existe un control de los factores endógenos de los niveles de precio locales», resalta los analistas de Exor.
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Williams Oswaldo Cárcamo Santamaría, miembro de estructura criminal, fuera declarado culpable por un doble crimen, por el que ahora deberá cumplir pena de prisión de 40 años en total.
Las indagaciones desarrolladas por Fiscalía, con apoyo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), establecieron que la madrugada del 27 de septiembre del año 2017, Cárcamo Santamaría le causó la muerte a un hombre y a una mujer, cuando estos se encontraban en el parqueo de microbuses de la ruta 33-B, en la colonia Escalante, cantón San Roque, en Mejicanos.
Hasta ese lugar llegaron 5 delincuentes, incluyendo Cárcamo Santamaría, y bajo amenazas se llevaron a la pareja hasta un lugar desolado -siempre en el área del parqueo-, luego, les dispararon hasta quitarles la vida. Los pandilleros sacaron los cadáveres de las víctimas a bordo de un microbús de la 33-B.
Los cuerpos envueltos en sábanas fueron localizados posteriormente sobre la calle principal que conduce al cantón, mientras que el microbús fue encontrado por las autoridades cerca de la escena de los asesinatos.
El proceso fue del conocimiento del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en Santa Ana, el cual declaró culpable a Santamaría e impuso la pena ya descrita.
En cuanto a los demás criminales que participaron en este hecho, ya están cumpliendo condenas carcelarias al haber sido procesados con anterioridad.
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