Sucesos
Policías del 911 ante exigencia de Bukele de liberar a jóvenes detenidos en protesta: “Aquí nadie puede saltarse las leyes a su conveniencia”
Miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), criticaron las ordenes que el presidente electo, Nayib Bukele, trató de hacer cumplir en favor de dos manifestantes de una marcha por la Ley de Agua, los agentes señalan que «nadie puede saltarse las leyes a conveniencia”.
Dos agentes policiales, destacados en el sistema 911, hablaron sobre la amenaza realizada por Bukele y coincidieron en que hay un protocolo que no puede dejar de cumplirse solo por que un funcionario lo exija.
“La cuestión es el daño, porque hubo daños a vehículos particulares, incluso, hay personas que se sienten ofendidas. Aunque no hayan sido ellos los que hayan provocado la situación”, señaló uno de los agentes.
Según lo señalado por este elemento de seguridad pública, los lineamientos que sigue la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en ese tipo de situaciones es identificar a los revoltosos, para no detener a alguien injustificadamente.
En el caso de los dos capturados del pasado miércoles, hubo uno que cuestionó a un agente de seguridad, incluso, dijo saber dónde vivía y que conocía a la familia, algo que se puede interpretar como una amenaza, razonó un agente.
“En imágenes han quedado y se ve a algunos lanzando rocas. En ese momento identificaron a uno de los provocadores del desorden que hubo y de hecho la UMO lo que hace es retener al individuo y lo dan a seguridad pública”, indicó el agente que fue parte de la unidad antimotín hace algunos años.
Otro agente consultado por este medio señaló que por más que el presidente electo haya ordenado la liberación de los sospechosos, no se puede acceder a la petición, aunque valoró que esta ha incidido en la forma en la que se está desarrollando el caso en sede judicial.
Otro punto en el que han coincidido ambos policías es en el que la orden dada por Bukele pudo haber sido acatada hasta cierto punto, pero si se hubiera hecho de una manera menos mediática.
“Ya ha pasado que por ciertas influencias se deja en libertad a detenidos. Los captores cumplen con el deber de detener, pero ellos reciben órdenes. Se han dado casos donde dicen que se dejen en libertad, así como lo escucha”, reveló la fuente policial.
Los agentes remarcan que el ser un presidente electo no le da facultad a Bukele para comenzar a dar instrucciones “otra cosa fuera si él ya hubiera asumido, porque no se le puede llevar la contraria al presidente, si el ya fuera presidente hubiera habido una gran probabilidad de que hubieran sido liberados”, dijo.
Otra forma en la que no se hubiera procedido con la detención de los manifestantes es que Bukele mandara a un representante a que se hiciera cargo de los daños para llegar a un acuerdo con los afectados.
Las amenazas contra un Policía
Las amenazas realizadas por Bryan Martínez son el punto que más preocupa a los consultados y que esperan que sea algo que no se tome con ligereza.
“Uno de los chamacos sale diciendo que conocía a un agente de la unidad y a toda la familia, ahí se escuchó como una amenaza, un salveque, aunque tal vez no sea cierto, pero eso es grave y se debe descartar, por eso se tiene que intervenir”, valoró una de las fuentes.
En todo caso de haber dejado libre a los detenidos, el trámite no se hubiera podido realizar en las dos horas que estableció Bukele ya que esto lleva como mínimo seis horas, subrayaron los agentes.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
