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Ponen bajo arresto a pandillero que ordenaba crímenes en el occidente del país
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos integrantes de grupos terroristas durante una intervención desarrollada en el municipio de Sonsonate. Ellos son señalados como cabecilla y gatillero de la estructura que delinquía en el barrio La Trinidad del referido municipio.
La Policía detalló que el cabecilla detenido es Marcos Antonio Flores Cumit, quien —según las investigaciones— se dedicaba a ordenar el cometimiento de múltiples delitos en el barrio La Trinidad y sus alrededores. Flores podría estar implicado en delitos como homicidio, secuestro y extorsión, entre otros, indicó la PNC.
«En Sonsonate capturamos a dos peligrosos pandilleros, entre ellos, Marcos Antonio Flores Cumit, un palabrero que ordenaba diversos crímenes. Podría pasar el resto de su vida en la cárcel por los homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos», informó la Policía.
Junto con Flores Cumit también fue detenido Amílcar Jeovani Flores Rauda, quien es perfilado como gatillero de la estructura criminal, es decir, el encargado de ejecutar los crímenes ordenados por la pandilla.
Ambos serán acusados preliminarmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas, ya que les encontraron diversos tipos de droga, mientras las investigaciones determinan su participación en otros delitos, informó la Policía.
Siempre en Sonsonate, pero en el municipio de Acajutla, la Policía capturó a otros dos integrantes de grupos terroristas, identificados como Edwin Rafael Escobar Rivas y Carlos Mauricio Alvarado Ramírez, que serán acusados por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Policía informó que Escobar Rivas tiene antecedentes judiciales por los delitos de robo y hurto, pero cuando salió de la prisión continuó delinquiendo. Con las reformas del Código Penal, los dos capturados podrían enfrentar una pena de más de 20 años de prisión si son encontrados culpables.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
