Judicial
Pandilleros se hacen pasar por policías para asesinar a una joven de 14 años que fue testigo de la muerte de su hermano
Ser testigo del asesinato de su hermano le costó la vida a una joven que prometió no decir el nombre de los hechores. Ocho años después, el caso llegó a los tribunales donde uno de los supuestos criminales fue absuelto.
Sara Yorlenis Guevara fue asesinada cuando apenas tenía 14 años de edad. Habían crecido en una populosa urbanización de Ciudad Delgado. El lugar era controlado por miembros de la pandilla 18, con quienes mantenían una relación de amistad, pero luego de varios roces estos decidieron quitarle la vida a “El Castor”, hermano de Yorlenis.
Como única testigo del violento hecho prometió no decir nada luego de recibir constantes amenazas por parte de los criminales, pero el sentimiento de impotencia no le permitió guardar el secreto.
Según la relación de los hechos del expediente judicial, eran las 7:00 de la noche, del 3 de mayo del 2010, cuando siete pandilleros entraron de manera sigilosa al pasaje Cucuma de los condominios Cayalá. Todos cargaban pistolas y tenían la presunción de que Yorlenis los había delatado con una de las vecinas por lo cual cobrarían venganza esa misma noche.
En el lugar eran conocidos como “Teto”, “Ñáñaras”, “Chipi”, “Chicote”, “Huevo”, “Pique” y «El Negro”, estos dos últimos se encargaron de vigilar a unos cuantos metros del portón del edificio donde vivía la joven.
Mientras que el resto cruzó las oscuras gradas y pasillos hasta llegar a un pequeño portal donde “Chicote” y “Huevo” se quedaron en la entrada de la casa. “Teto”, por su parte, se aproximó a la puerta, levantó su mano y comenzó a tocar pero nadie le contestó.
“¡Abran la puerta, Policía!”, dijo gritando mientras daba golpes grandes. Yorlenis al escuchar decidió asomarse para abrir la puerta sin imaginar que los mismos hombres que mataron a su hermano estarían a segundos de cambiarle la vida.
Ella asombrada vio cómo uno a uno los sujetos entraban a su apartamento y sin decirle ni una palabra, apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle. Primero, fueron tres y luego otros seis. Su cuerpo se precipitó hacia el suelo mientras estos la observaban. Cometido el crimen, decidieron bajar del edificio y salir con el resto de sus compinches hacia una quebrada donde se refugiaron.
Uno de los testigos escucharon como una voz desagarrada gritaba dentro del apartamento: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, era una de sus parientes que encontró el cuerpo sin vida de la joven.
Uno de los testigos del caso contó que Yorlenis le había confesado que observó cuando la pandilla atentó contra su pariente. Así también le explicó que un pandillero la había interceptado en uno de los pasajes, “No nos vayas a delatar. No vayas a decir nada que aquellos mataron a tu hermano porque si hablas te vamos a matar”, la sentenció.
Las investigaciones realizadas determinaron que la muchacha no le había comentado nada a su madre por miedo a ser castigada, ya que esta sabía que se juntaba con las pandillas desde el 2005.
El proceso judicial
La muerte de Yorlenis llegó a los tribunales ocho años después de su asesinato, ya que hasta ese momento no se había logrado establecer las responsabilidades de los hechos. Dentro de la denuncia estaba un hombre a quién llamaba “El Negro”. Fue luego de las investigaciones fue identificado como Carlos C., capturado en septiembre de 2018.
El abogado defensor dijo que en el acto de apertura del juicio no se detalló por parte del ministerio público comprobar que Carlos haya podido participar en los actos, ya que el testigo solo lo llamaba por el alias. «Es una definición genérica, alias ‘El Negro’ puede ser cualquiera y de esa manera fue capturado el imputado hace poco más de un mes. A él lo capturaron en rebeldía, pero resulta que ellos eran vecinos”, señaló.
Debido a la falta de pruebas en su contra, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decidió absolverlo de toda responsabilidad penal y civil por el delito de homicidio agravado en contra de la joven.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
