Judicial
Capturan a un pandillero de la 18 implicado en asaltos de restaurantes de la colonia Escalón: El Charrúa y La Quinta
La noche del lunes, un pandillero de la 18 fue detenido, por orden judicial, en las inmediaciones del centro comercial Las Terrazas, en San Salvador, luego de ser señalado como uno de los implicados en asaltar dos restaurantes ubicados en la colonia Escalón.
De acuerdo a los datos brindados por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto fue identificado como Ever Manuel Garita Guillén, 25 años de edad, alias “Slow” y fue detenido a eso de las 9:45 de la noche.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Garita Guillén debía de ser detenido por los delitos de agrupaciones ilícitas y por homicidio agravado. Asimismo, se vincula al sujeto como el líder de la banda de asaltantes que asedió a varios restaurantes y bares de la Escalón.
Uno de los asaltos fue ejecutado el 17 de noviembre de 2017, en el interior del restaurante La Quinta, que estuvo situado entre la 85ª avenida Norte y 9ª calle Poniente de la referida colonia.
En el atraco, cometido por siete sujetos, fueron más de 100 personas las afectadas, quienes fueron despojadas de dinero, billeteras, relojes, celulares y prendas de valor, luego de ser amenazadas a muerte.
Además, los propietarios del restaurante también resultaron afectados al ser parte del asalto, en donde –según ellos- habrían perdido miles de dólares invertidos en el negocio, así como unas laptop.
Luego, 21 días después, exactamente el 8 de diciembre, otro restaurante fue invadido por los asaltantes, entre ellos habría estado Garita Guillén.
En esa ocasión, los clientes del restaurante de carnes El Charrúa, situado en la plaza Israel, fueron víctimas de igual cantidad de asaltantes como los que ingresaron a La Quinta: siete hombres armados.
Las víctimas que se encontraban cenando el jueves, a eso de las 7:30 de la noche, fueron despojadas de todas sus pertenencias tras recibir una serie de amenazas de muerte, por lo que no hubo resistencia. También se llevaron dinero en efectivo del negocio.
A partir de esas dos eventualidad, uno de los negocios desapareció (La Quinta); mientras que el otro sitio afectado decidió instalar un sistema de videovigilancia y se apoyó de las autoridades policiales para mantener la seguridad de sus comensales.
Involucrado en un homicidio
El joven pandillero es señalado por la FGR de haber participado en el homicidio de un hombre, quien fue privado de libertad en la comunidad Las Palmas, situada cerca del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
La PNC indicó que el asesinato ocurrió en julio y el cuerpo de la víctima fue lanzado en la carretera de Comalapa. La identidad de la persona asesinada no fue dada a conocer por la Policía.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
