Judicial
Pandilleros se hacen pasar por policías para asesinar a una joven de 14 años que fue testigo de la muerte de su hermano
Ser testigo del asesinato de su hermano le costó la vida a una joven que prometió no decir el nombre de los hechores. Ocho años después, el caso llegó a los tribunales donde uno de los supuestos criminales fue absuelto.
Sara Yorlenis Guevara fue asesinada cuando apenas tenía 14 años de edad. Habían crecido en una populosa urbanización de Ciudad Delgado. El lugar era controlado por miembros de la pandilla 18, con quienes mantenían una relación de amistad, pero luego de varios roces estos decidieron quitarle la vida a “El Castor”, hermano de Yorlenis.
Como única testigo del violento hecho prometió no decir nada luego de recibir constantes amenazas por parte de los criminales, pero el sentimiento de impotencia no le permitió guardar el secreto.
Según la relación de los hechos del expediente judicial, eran las 7:00 de la noche, del 3 de mayo del 2010, cuando siete pandilleros entraron de manera sigilosa al pasaje Cucuma de los condominios Cayalá. Todos cargaban pistolas y tenían la presunción de que Yorlenis los había delatado con una de las vecinas por lo cual cobrarían venganza esa misma noche.
En el lugar eran conocidos como “Teto”, “Ñáñaras”, “Chipi”, “Chicote”, “Huevo”, “Pique” y «El Negro”, estos dos últimos se encargaron de vigilar a unos cuantos metros del portón del edificio donde vivía la joven.
Mientras que el resto cruzó las oscuras gradas y pasillos hasta llegar a un pequeño portal donde “Chicote” y “Huevo” se quedaron en la entrada de la casa. “Teto”, por su parte, se aproximó a la puerta, levantó su mano y comenzó a tocar pero nadie le contestó.
“¡Abran la puerta, Policía!”, dijo gritando mientras daba golpes grandes. Yorlenis al escuchar decidió asomarse para abrir la puerta sin imaginar que los mismos hombres que mataron a su hermano estarían a segundos de cambiarle la vida.
Ella asombrada vio cómo uno a uno los sujetos entraban a su apartamento y sin decirle ni una palabra, apuntaron sus armas y comenzaron a dispararle. Primero, fueron tres y luego otros seis. Su cuerpo se precipitó hacia el suelo mientras estos la observaban. Cometido el crimen, decidieron bajar del edificio y salir con el resto de sus compinches hacia una quebrada donde se refugiaron.
Uno de los testigos escucharon como una voz desagarrada gritaba dentro del apartamento: “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, era una de sus parientes que encontró el cuerpo sin vida de la joven.
Uno de los testigos del caso contó que Yorlenis le había confesado que observó cuando la pandilla atentó contra su pariente. Así también le explicó que un pandillero la había interceptado en uno de los pasajes, “No nos vayas a delatar. No vayas a decir nada que aquellos mataron a tu hermano porque si hablas te vamos a matar”, la sentenció.
Las investigaciones realizadas determinaron que la muchacha no le había comentado nada a su madre por miedo a ser castigada, ya que esta sabía que se juntaba con las pandillas desde el 2005.
El proceso judicial
La muerte de Yorlenis llegó a los tribunales ocho años después de su asesinato, ya que hasta ese momento no se había logrado establecer las responsabilidades de los hechos. Dentro de la denuncia estaba un hombre a quién llamaba “El Negro”. Fue luego de las investigaciones fue identificado como Carlos C., capturado en septiembre de 2018.
El abogado defensor dijo que en el acto de apertura del juicio no se detalló por parte del ministerio público comprobar que Carlos haya podido participar en los actos, ya que el testigo solo lo llamaba por el alias. «Es una definición genérica, alias ‘El Negro’ puede ser cualquiera y de esa manera fue capturado el imputado hace poco más de un mes. A él lo capturaron en rebeldía, pero resulta que ellos eran vecinos”, señaló.
Debido a la falta de pruebas en su contra, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decidió absolverlo de toda responsabilidad penal y civil por el delito de homicidio agravado en contra de la joven.
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
