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Magistrados desestiman peritaje que habla de “ataque sexual”
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, señalaron que el uso del término “ataque sexual” es un exceso del perito, porque es a los jueces a quienes les corresponde hacer una calificación jurídica.
En la versión pública de la resolución, los magistrados se contradicen en varios puntos, principalmente en lo referente a los elementos necesarios para establecer la existencia y el tipo de delito. Por ejemplo, en el punto 2.24 se dice con toda claridad que en el informe pericial “no se consigna que la víctima presente indicadores propios de las víctimas de delitos sexuales”.
Muy a pesar de eso, en el siguiente numeral se deja constancia que la persona que estuvo a cargo del peritaje utilizó el término “ataque sexual”.
Otra contradicción se da entre una acotación del numeral 2.25, que con especial énfasis señala “realizar un juicio de tipicidad que no es atribución de los forenses, sino de los Juzgadores”, y uno de los puntos del pronunciamiento público, adjunto a la resolución, que resalta que “una conducta sólo puede ser calificada como delito por parte del legislador”.
A lo largo de las 22 páginas de la resolución existen múltiples referencias a diferentes preceptos de la doctrina jurídica, más no se establece el criterio para hacer valederos determinados preceptos por encima de otros, lo que lleva a inferir que esas citas específicas se escogieron de forma arbitraria, como una especie de pivote jurídico para alcanzar una resolución que es en realidad contraria a derecho.
Parte de la doctrina citada señala que “existe un consenso en cuanto a que los actos de tocamiento, para poder constituir un delito de Agresión Sexual -y en consecuencia Agresión Sexual en Menor-, deben ser analizados en el contexto social en el que se producen”, lo que convenientemente deja espacio para que algunos tocamientos queden en la impunidad, si así lo indica el “contexto social”.
Tampoco se encuentra en esta resolución una sola referencia a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que, por su carácter de ley especial, tiene preponderancia sobre el Código Penal.
Los magistrados omitieron toda la referencia a la larga de lista de acuerdos internacionales, de los que El Salvador es firmante, que están por debajo solo de la Constitución y que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Otro aspecto preocupante de la resolución es que, si bien ambos magistrados aseguran que tuvieron en consideración el principio del interés superior de la niña, eso no los faculta para calificar como delito una conducta que no lo es.
Pero a renglón seguido, señalan que los diputados no habrían hecho bien su trabajo al redactar el Código Penal y dejaron como una simple falta los hechos que se le adjudican al magistrado Escalante, pero siendo esta la situación los magistrados, al igual que todos los jueces, deben; como lo puede explicar cualquier estudiante de Derecho, superponer el principio de constitucionalidad y declarar inaplicable cualquier normativa que no esté apegada a la letra de la Constitución, después de todo eso es exactamente lo que juran hacer cuando toman posesión del cargo.
En los últimos párrafos del pronunciamiento, los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, hacen una airada defensa de la independencia judicial y anuncian que enviarán un informe al Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas por la ola de críticas desatadas en su contra desde el 31 de octubre, cuando de palabra se dio a conocer la resolución.
Sin embargo, el pronunciamiento no incluye ni una palabra sobre la necesidad de transparentar el trabajo judicial, la falibilidad que es propia de la condición humana o el terrible mensaje de impunidad que está afectando a las víctimas de este caso, a las de casos similares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
Un sismo de magnitud preliminar 3.9 fue percibido la mañana de este sábado 29 de agosto en distintos puntos del territorio salvadoreño. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el movimiento ocurrió a las 11:04 a. m. y tuvo su epicentro frente a la costa del departamento de La Paz, aproximadamente 48 kilómetros al suroeste del Estero de Jaltepeque.
El reporte revisado del Observatorio de Amenazas ubica el evento a una profundidad cercana a 35 kilómetros y señala una intensidad de II en Zacatecoluca, es decir, un movimiento débilmente perceptible para parte de la población. Redes sísmicas internacionales, como el EMSC, estimaron el evento en torno a magnitud 4.0, una diferencia habitual entre mediciones preliminares y revisadas realizadas por distintos sistemas.
Este tipo de movimientos es frecuente frente a las costas salvadoreñas debido al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, una de las principales fuentes de actividad sísmica del país. El propio MARN explica que El Salvador se encuentra en una región de alta sismicidad, influenciada tanto por ese proceso tectónico como por sistemas de fallas locales.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas relacionados con este sismo. El MARN mantiene vigilancia permanente a través de su red nacional de estaciones sísmicas, cuyos registros son procesados en tiempo real para actualizar la información de cada evento.
La carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, fue reabierta al tránsito vehicular en ambos sentidos al mediodía de este sábado 29 de agosto, luego de permanecer cerrada durante aproximadamente 12 horas por trabajos de voladura controlada y posterior retiro de material rocoso. La reapertura ocurrió mucho antes de las 48 horas que inicialmente habían sido reservadas para la intervención. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la vía quedó despejada tras concluir las labores de remoción y las evaluaciones técnicas correspondientes.
Los trabajos comenzaron a las 12:00 de la madrugada con la detonación controlada de un talud ubicado en el sector de Tadisa, intervención que forma parte de la ampliación de la carretera Panamericana y de la construcción del viaducto Francisco Morazán. Tras la explosión, maquinaria pesada y cuadrillas del MOP trabajaron de forma continua para retirar las rocas y el material desprendido sobre los carriles. Un día antes, el ministro Romeo Rodríguez había explicado, por medio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que la detonación duraría apenas unos segundos, pero que la mayor parte del trabajo correspondería a la limpieza y estabilización posterior.
El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó posteriormente que el paso quedó habilitado y destacó que, pese a que el cierre estaba programado para 48 horas, las labores concluyeron después de unas 12 horas de trabajo. Durante la restricción, gestores de tránsito permanecieron desplegados en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador y se recomendaron rutas alternas por Quezaltepeque, San Juan Opico, Comasagua, Jayaque y Ateos. Tras la reapertura, imágenes compartidas por el VMT mostraron circulación nuevamente sobre el corredor.
La intervención busca reducir riesgos en una zona caracterizada históricamente por desprendimientos de roca y, al mismo tiempo, permitir el avance de uno de los proyectos viales más importantes del país. El MOP señaló que los trabajos sobre los taludes continuarán como parte de la modernización de Los Chorros, una conexión estratégica entre San Salvador, La Libertad y el occidente de El Salvador.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026
Una familia del distrito de Nejapa, San Salvador, vivió momentos de alarma luego de descubrir una serpiente de considerable tamaño dentro de su vivienda. Ante la presencia del reptil, solicitaron apoyo de Comandos de Salvamento, cuyos socorristas acudieron al lugar y realizaron la captura de manera segura. Según el reporte, el animal medía aproximadamente dos metros de longitud.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios voluntarios manipulando al ejemplar después de haberlo asegurado. Posteriormente, la serpiente fue trasladada hacia una zona rural para ser liberada, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la especie del reptil, por lo que no es posible determinar únicamente por las imágenes si se trataba de una especie venenosa.
La presencia de serpientes en zonas habitadas no necesariamente implica que representen un peligro inmediato. De acuerdo con documentación del Ministerio de Salud, en El Salvador se han identificado 58 especies de serpientes, de las cuales siete pertenecen a especies cuyo veneno puede representar un riesgo grave para las personas. Entre las especies no venenosas registradas en el país se encuentra la conocida mazacuata o boa constrictora.
Las autoridades recomiendan evitar manipular estos animales sin experiencia y solicitar asistencia especializada. En caso de mordedura, el Ministerio de Salud advierte que no deben realizarse torniquetes, cortes, succionar la herida ni aplicar remedios caseros, sino buscar atención médica de inmediato.
